• La finalidad es evitar áreas de oportunidad del uso irregular e ineficiente de los recursos públicos

• También busca prohibir los contratos con la figura jurídica de sociedades en participación

28-04-2020.- En la segunda reunión virtual de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), su Subcomisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el seguimiento al Dictamen de la Cuenta Pública 2016, dio a conocer la iniciativa que busca establecer controles en las contrataciones de adquisiciones y de obras públicas que suscriban las dependencias de la administración pública federal.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), expresó que el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, es el que dio paso a la llamada “Estafa Maestra”, en algunos de los casos de triangulación de empresas a empresas. “Cerrar esta ventana que está abierta”, ha sido una petición constante de muchas organizaciones, académicos y diputados, dijo.

La coordinadora de la subcomisión, diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI), recordó que derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría detectó cinco áreas clave de riesgo: contrataciones al amparo del artículo primero, obra pública, gobernanza en la toma de decisiones, finanzas estatales y padrones de los programas gubernamentales.

Detalló que para atender esas recomendaciones, “nos pusimos a trabajar en una iniciativa para adecuar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones”. Por ello, pidió el apoyo de las y los integrantes de la subcomisión para suscribir esta propuesta y así estar en condiciones de que siga su proceso legislativo.

Evitar uso irregular de los recursos públicos

Gloria Romero León, diputada del PAN, explicó la iniciativa que reforma el artículo primero de la Ley de Adquisiciones y el artículo primero de la Ley de Obras Públicas, cuya finalidad es evitar áreas de oportunidad de uso irregular e ineficiente de los recursos públicos y prohibir los contratos con la figura jurídica de sociedades en participación.

Indicó que la propuesta responde a las áreas de riesgo que detectó la ASF respecto a la “Estafa Maestra”, pues al amparo del párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, se realizaron contratos con doce universidades en donde se llevó a cabo la triangulación de recursos a través de 11 dependencias mediante contratos directos, y a la vez estos entes contrataron a 128 empresas fantasma. Esto derivó en una serie de denuncias que la propia Auditoría presentó: se tienen 20 expedientes y 30 personas relacionadas con estos convenios de colaboración.

Una de las propuestas, expuso, es que sean los titulares de los entes contratantes los que suscriban y se responsabilicen de los mismos, esto con el objeto de la aplicación del artículo 134 constitucional, tanto en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes inmuebles y prestación de servicios, así como de obra pública que realicen los sujetos obligados.

La iniciativa trata que el propio titular de la dependencia, de manera personal e indelegable, suscriba los contratos respectivos y que el proveedor acredite el 76 por ciento tanto de las operaciones contratadas como el importe total (que tenga la capacidad material, humana y los recursos para levar a cabo la proveeduría).

También, se asegure que la información se reporte íntegramente al sistema de Compranet, para que sean públicos todos los contratos y las compras que se hagan, las cuales deben de darse de manera transparente, y que se establezca la participación de los órganos internos de control, supervisando todas las etapas de la contratación de las operaciones.

“Lo que estamos queriendo evitar con estas modificaciones, es que las entidades puedan subcontratar. Si no tienen la capacidad para poder otorgar el servicio no tiene ningún sentido que se triangule la contratación a través de otra entidad, que justamente esto fue lo que dio pie a la desviación de más de siete mil millones de pesos en el sexenio pasado”, añadió.

Las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), Lidia García Anaya (Morena), María Teresa Marú Mejía (PT), Josefina Salazar Báez (PAN), Ruth Salinas Reyes (MC), Carmen Mora García (Morena) y Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), reconocieron el trabajo de las diputadas Marcela Velasco y Gloria Romero por elaborar esta iniciativa y destacaron su interés por suscribirla.

Recepción de la Cuenta Pública 2019

En la reunión de la junta directiva, las y los legisladores expresaron que estarán al pendiente de la recepción de la Cuenta Pública 2019 por parte del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, la cual deberá presentar a más tardar el 30 de abril, conforme lo establece el artículo 74 de la Constitución Política.

Declaración patrimonial

También se informó que la mesa de trabajo de la Comisión de Vigilancia del próximo martes 5 de mayo, será de capacitación para las y los legisladores respecto a la declaración patrimonial y de intereses que deberán presentar a más tardar el 31 de julio (periodo ampliado por la contingencia sanitaria del COVID-19).

David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia, luego de reiterar su disposición a seguir colaborando con las subcomisiones en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción, informó que la capacitación virtual será con la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados y con el director general de Declaraciones Patrimoniales.

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