• Se requiere un esquema que reconozca, promueva y proteja a la identidad en todos los entornos digitales: Rocío Barrera

• Iniciativa de Ley General de la Identidad y Ciudadanía Digital, con evidentes beneficios: Javier Hidalgo

29-04-2020.- En el parlamento abierto virtual “Análisis sobre la iniciativa de identidad y ciudad digital”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, consideró vital conformar una agenda postcoronavirus, en la que se retome el uso de los medios digitales con las comunicaciones y con la identidad digital, porque “ahora se vuelve una necesidad”.

Indicó que el tema de la identidad digital, se ha estado trabajando desde la Cámara de Diputados, a través de diversas iniciativas propuestas por el legislador Javier Hidalgo Ponce (Morena), pero ante la pandemia que se vive, hoy recobra mayor fuerza.

Relató que la Cámara de Diputados tiene la necesidad de sesionar para aprobar una ley, “pero tenemos una legislación vieja que nunca previó algún tipo de reuniones virtuales para enfrentar alguna situación como la que estamos viviendo. En plena fase 3 del COVID-19, debemos sesionar y necesitamos hacerlo de la mejor manera, para proteger la salud de las y los diputados, así como cumplir con nuestras funciones”.

Delgado Carrillo expuso que con una identidad digital se podría dar paso a sesiones y votaciones virtuales que en la actualidad no se pueden celebrar. Hizo votos por actualizar el marco jurídico para tener una ley de ciudadanía digital.

Esta iniciativa es trascendente para el futuro inmediato

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, destacó que la iniciativa para crear una nueva Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital es trascendente para el futuro inmediato, pues se debe evolucionar en el tema tecnológico.

Mencionó que el objetivo es construir de manera corresponsable reformas, y hoy se necesita impulsar a la ciencia, tecnología e innovación para promover una sociedad de conocimientos y de mecanismos que garanticen incentivos y prefiguren esta ley para generar un desarrollo y riqueza.

Se debe, dijo, pensar en un esquema que reconozca, promueva y proteja a la identidad en todos los entornos digitales. Se requiere replantear un proyecto institucional; es urgente aprovechar mejor a las tecnologías en la función pública; se tiene que esclarecer la situación presupuestaria, así como adoptar una visión de horizonte lejano.

México requiere de un instrumento de desarrollo científico, tecnológico y de innovación con perspectiva mínima de veinte años, pero actualizable en un periodo más breve. Es vital, añadió, tener mecanismos de planeación a largo plazo, con visión que trascienda a lo sexenal y que procure la conjunción de los sectores social, político y privado.

La ley, precisó, no debe ser un lastre sino un brío de la actividad científica y tecnológica, por ello, se deben abrir los ojos a los beneficios que ha traído la innovación a las naciones que se han asumido como líderes.

Proveer servicios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) recordó que se propuso al inicio de esta legislatura la iniciativa de Ley General de la Identidad y Ciudadanía Digital, por los evidentes beneficios que el mundo digital conlleva.

Consideró imprescindible reforzar la cédula de identidad que mandata la Constitución desde 1990, en una versión digital que sirva como cartera de datos de otras identificaciones que las personas vayan adquiriendo a lo largo de su vida, “todo bajo el principio fundamental de que las personas cuya información sea contenida en esta herramienta digital sea la dueña única e interesada de estos datos”.

Los mismos, dijo, podrán ser constituidos por los contenidos en el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población y demás datos de la credencial de elector requeridos siempre por el propio ciudadano. Además, de que si la persona interesada así lo decide, se hará valer su derecho al olvido de esta información.

Señaló que la intención de la propuesta es la de proveer servicios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía, a través de la interoperatividad de todas las dependencias para facilitar tecnológicamente la transmisión de la información, así como su trazabilidad para la generación de un historial.

Lo anterior, otorgando validez legal a todas las solicitudes realizadas en el plano digital, permitiendo y asegurando el ejercicio del derecho y obligaciones de manera fácil, cómoda y expedita a través del uso de herramientas digitales.

Agregó que la democracia participativa es un planteamiento que es necesario para involucrar a toda la sociedad en la toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas y la intención es consultar sobre asuntos públicos.

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