• Participan representantes de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PRD, PVEM y sin partido

• Se adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Carta Magna

14-12-2020.- En la sesión presencial de este lunes, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PRD, PVEM y sin partido, fijaron sus posiciones sobre el dictamen que adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política, en materia de seguridad privada.

Seguridad privada una asignatura pendiente

La diputada Juanita Guerra Mena (Morena) mencionó que la seguridad privada ha sido una de las asignaturas pendientes del Congreso de la Unión y la actual normatividad data de hace más de una década; por lo tanto, esta seguridad debe entenderse como una actividad auxiliar a particulares que complementa y armoniza la función de seguridad pública exclusiva del Estado, con el objeto de realizar acciones de protección, vigilancia, custodia, información, operación, sistemas y equipo.

Precisó que, para lograr esta ley general, se debe modificar la Carta Magna, a fin de darle el soporte constitucional que requiere. “Tenemos un firme compromiso con la seguridad y la justicia para este país. Tenemos el reto de devolver a cada mexicana y mexicano las condiciones de tranquilidad y paz para sus familias”.

Normatividad dual ha generado conflictos

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Carmen Mora García pugnó por un cambio de paradigma que refleje la realidad con parámetros modernos y respondan a las necesidades actuales, pues “existen desequilibrios no sólo entre las entidades federativas sino también entre las empresas y la Federación; la normatividad dual ha generado conflictos, ya que cada entidad federativa aplica regulaciones diferentes”.

Hay, afirmó, un desconocimiento total del número real de elementos de seguridad privada. Explicó que la Ley Federal de Seguridad Privada, hace referencia a las disposiciones de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual fue abrogado y ha traído como consecuencia incertidumbre jurídica, discrecionalidad, corrupción y abuso de autoridad; por ello, se debe expedir una nueva norma para mejorar la seguridad en el país”.

Facultades plenipotenciarias en la materia al Congreso

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) precisó que el decreto no resuelve nada en el tema de seguridad, lo único que hace es atribuir facultades plenipotenciarias en la materia al Congreso de la Unión, sin que exista ningún punto de límite y respeto a las facultades que hoy tienen las entidades federativas.

Mencionó que con esta reforma “vamos a empezar a aplastar lo que ya funciona en los estados; no podemos permitir que el Congreso de la Unión tome todas las atribuciones; ninguna legislación de seguridad privada en los estados ha sido declarada como inconstitucional; por lo tanto, esta reforma no es indispensable; se puede perfeccionar, pero se tienen que respetar los mínimos indispensables”.

10 por ciento de empresas de seguridad privada tienen registro

Hortensia María Luisa Noroña Quezada, diputada del PRI, expresó que es urgente una correcta regulación tanto de la operación como del funcionamiento a más de 8 mil empresas de seguridad privada que tienen registro y que operan en el país, y de las cuales, se sabe que sólo el 10 por ciento cuentan con un registro oficial ante las autoridades.

Dijo apoyar todo esfuerzo legislativo que regule estas empresas, para que asuman sus funciones de protección, seguridad y vigilancia, en el marco de la ley y conforme a la garantía de los derechos humanos y laborales; sin embargo, “no deseamos que esta reforma en la práctica y ante la realidad, quede desenmascarada de intereses oscuros, quizá hasta preelectorales o bien se quede corta o sea parcial e insuficiente; tampoco se dé uso ilícito o faccioso de los cuerpos de seguridad privada”.

Pone en orden en las corporaciones de seguridad privadas

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) dijo que su voto sería a favor, ya que se plantea poner orden en las corporaciones de seguridad privadas, las cuales han crecido a la par que la delincuencia, pues a la falta de resultados del Estado este sector se desarrolló como un negocio lucrativo.

Estimó que siete de cada diez grandes empresas se ven en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada, mientas que una de cada dos empresas medianas lo hacen para resguardar sus productos y valores, ante la creciente inseguridad que se vive en el país.

Permitirá brindar mayor seguridad a las personas

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Carmen Julia Prudencio González señaló que la modificación constitucional otorga claridad necesaria en cuanto al papel de la seguridad privada y abona a atender uno de los grandes pendientes, brindar mayor seguridad a las personas en coadyuvancia con el sector privado.

Añadió que este dictamen perfecciona una porción normativa constitucional y con ello le otorga una nueva facultad al Congreso, para que este pueda legislar en materia de seguridad privada y vigilar su adecuado funcionamiento en aras de mejorar al sector.

Homologación de requisitos en el servicio de seguridad privada

La diputada de Encuentro Social, Adriana Paulina Teissier Zavala, resaltó que con esta reforma se establece orden de la seguridad privada en México, al definir claramente la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, a fin de lograr la homologación de los requisitos y modalidades de estos servicios.

Expresó que esta modificación es de vital importancia, toda vez que el impacto de la inseguridad en las unidades económicas del país durante 2019 fue de 226 mil millones de pesos, esa cifra representa el 1.2 del Producto Interno Bruto, además, que afecta el desarrollo económico, social y cultural.

Necesario homologar requisitos y registro de empleados

Del grupo parlamentario del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña dijo que la seguridad es un derecho humano que permite que los ciudadanos puedan gozar de sus atribuciones de forma óptima. La inseguridad en México no ha podido ser resuelta por el Estado, situación que obliga a la población a buscar mecanismos que les permita generar condiciones de seguridad.

Dijo que la importancia de la seguridad privada en la activad económica del país resulta indiscutible dado que su crecimiento en 2019 fue del 20 por ciento. Muchas empresas operan en la irregularidad, causando que sus integrantes operen armas de fuego sin la capacitación adecuada. Ante ello es necesario homologar los requisitos para las empresas en el registro de sus empleados a fin de evitar la corrupción y el uso de la fuerza.

Se requiere una adecuada regulación de la seguridad privada

Roberto Antonio Rubio Montejo, diputado del PVEM, explicó que garantizar una adecuada regulación de la seguridad privada ha sido la discusión constante desde hace tres lustros en que la Ley Federal de Seguridad Privada ha estado vigente y, hasta hoy, se lograron acuerdos para discutir el tema.

Dijo que al día de hoy no se tiene un registro nacional fidedigno de prestadores de seguridad privada, por lo que no es posible reconocer el número de empleados en este rubro a nivel nacional. “Es urgente la coordinación de autoridades mediante una ley general donde los tres órdenes de gobierno se vinculen en su regulación”.

No existe voluntad política para la construcción de paz

En su posicionamiento, la diputada independiente, Ana Lucía Riojas Martínez señaló que en la actual administración se han negado recursos a las entidades en materia de seguridad pública. Comentó que con la Guardia Nacional ha fracasado la seguridad local. “No es casualidad que las fuerzas armadas tengan más dinero y más impunidad”.

Consideró que los gobiernos del presente y del pasado, han sido incapaces de garantizar el Estado de derecho de las y los mexicanos y más de una vez la integridad, dijo, ha sido moneda de cambio de intereses políticos. “Esta reforma es una confesión más de la nula voluntad política para construir la paz”, concluyó.

Discusión en lo general

Al iniciar la discusión en lo general, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) comentó que este dictamen abona a la construcción del marco legal para contribuir con la responsabilidad que corresponde como parte del Estado mexicano. “Pero debemos insistir que a la par que regulemos estos cuerpos de seguridad, es impensable que pueda llegar a fungir con el papel de auxiliares de las funciones propias del Estado”.

Del PAN, el diputado Ricardo Villarreal García dijo que hoy parece que se quiere centralizar la seguridad pública y “se pretende secuestrar la seguridad de las y los mexicanos y convertirla en un tema federal”. Comentó que en esta reforma no se garantiza que las autorizaciones sigan estando en manos de los estados y municipios.

Margarita García García, diputada del PT, indicó que es necesario dotar al Congreso de la Unión de la atribución de legislar en esta materia y con esto buscar dar certeza a miles de personas que contratan estos servicios, así como a los que trabajan para estas empresas que en muchos casos laboran al margen de la ley y quedan expuestos a abusos.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) comentó que la iniciativa busca retirarles las facultades a las entidades para regular la seguridad pública según sus necesidades. Hoy la seguridad privada encuentra estados en donde está bien regulada y funciona, como Yucatán y Guanajuato. “Debemos de apostar por el federalismo y no por el centralismo”.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz (MC) señaló que la legislación vigente en la materia ha sido desbordada por la violencia y el crecimiento desordenado de actividades delictivas. La seguridad de las personas es una responsabilidad del Estado mexicano. “El 70 por ciento de las empresas actúan sin permisos ni regulaciones”.

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