• En sesión semipresencial participan todos los grupos parlamentarios

15-12-2020.- En sesión semipresencial, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios fijaron su postura en torno al dictamen que reforma el artículo 533 y adiciona el artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Carreteras, factor determinante del desarrollo económico

Del grupo parlamentario de Morena, la diputada Juanita Guerra Mena dijo que uno de los procesos más importantes de transformación sucede con la construcción de infraestructura carretera, que es factor determinante de desarrollo económico.

Explicó que con los actos delictivos de bloqueo de casetas y cobro de boteo involuntario, la sociedad ha clamado resolver esta problemática. “Esta reforma castiga a quien se enriquece a costa de la seguridad de los ciudadanos que usan las carreteras, señaló”.

Pérdidas por más de 7 mil millones de pesos

El diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez (PAN) se manifestó a favor del dictamen, ya que, dijo, las carreteras son las venas del país, fomentan los comercios y servicios que impulsan la competitividad, favorecen el desarrollo social y movilizan el 55 por ciento de la carga nacional entre regiones.

Dijo que durante este año, la red carreta nacional ha sido tomadas por los grupos delictivos poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y violando sus derechos. De acuerdo con Capufe las pérdidas económicas ascienden a más de 7 mil millones de pesos, que afectan directamente a la hacienda pública.

Bloqueos son organizados por grupos delincuenciales

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI) dijo estar en contra, porque los bloqueos son organizados por grupos delincuenciales que toman las instalaciones carreteras y casetas con lujo de violencia y con intereses económicos, lo que se traduce en pérdidas millonarias tanto para particulares como para el erario público.

Dijo que el dictamen responde a una serie de hechos de inestabilidad en el pasado y presente y busca fortalecer las garantías del Estado mexicano. “Es importante aclarar que con esta reforma lo que se ajusta es la normatividad para ampliar los derechos de la población y no restringirlos; asimismo, busca brindar certidumbre y mejorar el flujo de la economía nacional”.

Se criminaliza la exigencia social

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) manifestó que se criminaliza la exigencia social de gente a la que le hicieron carreteras sobre sus tierras, no les han pagado, se manifiestan en estos lugares y ahora los quieren meter a la cárcel de 2 a 9 años. “Es una trampa lo que están planteando porque están sancionando cualquier manifestación en las vías de comunicación”.

“Si hay que combatir al crimen organizado y combatir a quienes están tomando las casetas para hacer negocio y que imponen cuotas, estoy de acuerdo, pero, cuidado, de con ese pretexto irse contra los legítimos reclamos de nuestro pueblo porque a él nos debemos”, agregó.

Se establecerá un marco de derecho sólido

De Encuentro Social, el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho destacó la importancia de cuidar la infraestructura del país. La reforma está pensada en establecer un marco de derecho sólido evitando que haya afectaciones a terceros y pérdidas económicas.

“Entendemos la legitimidad de las protestas, pero no podemos estar de acuerdo en dañar las vías generales de comunicación sea por alguna persona o grupo. En el PES defendemos el bien común por encima de intereses particulares, porque eso salvaguarda el derecho constitucional del libre tránsito”.

Inaceptable, que toma de casetas no tengan sanciones

El diputado Higinio Del Toro Pérez afirmó que Movimiento Ciudadano apoya el dictamen porque pone un alto a organizaciones delincuenciales que se enriquecen ilícitamente y arriesgan la seguridad de la población. “Es inaceptable permitir que prácticas como la toma de casetas no tengan sanciones ejemplares. Con la seguridad de los usuarios no se juega”.

Agregó que no se puede cerrar los ojos ante lo que está sucediendo. La toma de casetas con fines de lucro se ha convertido --dicen especialistas-- en el nuevo huachicoleo con el que grupos delictivos, todos los días, obtienen grandes ganancias; por ello, es preciso legislar para garantizar la seguridad de la ciudadanía al igual que proteger los recursos del erario público.

El Gobierno debe garantizar el libre tránsito de las personas en condiciones de seguridad

En tanto, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) comentó que en un informe correspondiente al daño patrimonial por el ingreso no recaudado por plaza de cobro 2010-2019, Capufe calculó que el año pasado dejaron de ingresar 3 mil millones de pesos en sus casetas de cobro, cifra que para este año seguramente se duplicará porque la toma de casetas se ha duplicado; es decir, se puede calcular un daño al erario de 6 mil millones de pesos para 2020.

Resaltó que las y los diputados del PRD “votaremos a favor porque vemos que con la aprobación de esta reforma el Legislativo elevará la exigencia al Gobierno Federal para que cumpla con sus obligaciones de garantizar el libre tránsito de las personas en condiciones de seguridad, sin contratiempos y con las prestaciones que ampara el recibo de pago expedido en las casetas de cobros oficiales”.

El objetivo es inhibir de manera más efectiva la toma de casetas

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) señaló que la toma de casetas y obstaculización del paso a los ciudadanos por diversos grupos es uno de los principales problemas que los últimos años han enfrentado de manera recurrente los usuarios de las carreteras y autopistas del país.

Aclaró que con la reforma de ninguna manera se está en contra del derecho de las personas a protestar o manifestarse; sin embargo, este derecho debe ejercerse sin afectar a terceros y obteniendo un lucro. Precisó que con la tipificación de este tipo de conductas se pretende inhibir de manera más efectiva la práctica de tomar casetas, a fin de evitar a los usuarios impactos negativos.

Posturas a favor y en contra

El diputado Armando Reyes Ledesma (PT) afirmó que el dictamen es regresivo e implica la criminalización de la manifestación social, pues los derechos humanos son esenciales en la Cuarta Transformación. “No podemos aprobarlo porque en el PT hemos realizado nuestra lucha política en oposición a los gobiernos del PRI y PAN”.

Francisco Javier Borrego Adame, diputado de Morena, resaltó que la constante interrupción a las vías de comunicación es una amenaza a la seguridad nacional y para la hacienda pública. Además, la cadena productiva se ve afectada por la falta de insumos y la llegada tarde de los mismos, lo que incrementa los precios para el consumidor final.

Al hablar en contra, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) pidió repensar y reflexionar lo que se quiere votar y consideró que es una manera indirecta de regular la libre manifestación que es un derecho consagrado en la Constitución. Estimó que, en lugar de estar agravando penas, se deberían estar revisando las concesiones a quien tiene las carreteras.

En tanto, la diputada Lucía Flores Olivo (Morena) señaló que, dada su importancia y valor, las vías de comunicación se han convertido en otro blanco más para la delincuencia. El dictamen establece medidas para multar a quienes interrumpan la prestación de servicios, operación o deterioren las vías generales de comunicación y afirmó que estas medidas coadyuvan a terminar con estas acciones que afectan la economía.

Al hablar en contra, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) dijo que, frente a los movimientos sociales y la protesta legítima, se demanda diálogo. “No podemos renunciar al diálogo y agarrar el garrote. Me niego a ser un vehículo y aval de intenciones que la derecha siempre ha deseado. Recordemos que bajo el discurso del Estado de derecho y el imperio de la ley, se han cometido las peores violaciones a los derechos humanos”.

Del PAN, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez afirmó que ante la libre manifestación se debe garantizar el derecho de tránsito de todos los ciudadanos. “No hay una contradicción; vale la pena aprobar esta reforma que ayudará a que las mercancías lleguen a un buen destino, igual que los ciudadanos”.

En contra, la diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) estimó que es una reforma que puede afectar a normalistas, mineros, electricistas, campesinos o muchas otras organizaciones más que lucharon para transformar este país y que expondrá a un probable proceso de represión en el futuro.

En favor del dictamen, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) dijo que no se debe permitir a quien usando la lucha social hace negocio, ni a quienes toman casetas para hacer bisnes ya que es algo inadmisible “A mí me enferma pasar por una caseta donde te piden dinero para hacer negocio, engañando de que es un movimiento social”.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez (PT), al hablar en contra, consideró que no se puede criminalizar los instrumentos de lucha de sectores vulnerables que se manifiestan debido a la poca o nula atención que les ha brindado el Estado. “No podemos seguir criminalizando la lucha social”.

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