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Boletín N°. 3299 Aprueban diputados castigar el delito de sabotaje contra las empresas productivas del Estado
  • Se sancionará con una pena de 2 a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos

 

 

  • Con estas reformas, se podrá hacer frente a la impunidad que está alrededor de este fenómeno: Ortega Martínez

 

25-02-2020.- La Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma el artículo 140 del Código Penal Federal, cuya finalidad es perseguir y sancionar eficazmente el delito de sabotaje cometido en perjuicio de las empresas productivas del Estado.

 

Con el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se sancionará con pena de 2 a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos y funciones de las empresas productivas del Estado, con el fin de transformar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.

 

El dictamen precisa que de conformidad con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cambio de naturaleza jurídica de empresas como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha permitido impulsar las funciones operativas indispensables para participar con éxito en mercados competitivos; lo cual, genera un rápido crecimiento económico, que propicia oportunidades de desarrollo y empleo para los mexicanos.

 

Menciona que en las últimas fechas, el sector energético se ha visto gravemente amenazado; la crisis de seguridad que aqueja a México, repercute de igual forma en las empresas productivas del Estado y en su operatividad a causa de los múltiples sabotajes que padecen.

 

Tal es el caso de Pemex, sus datos demuestran un alto índice de ataques a la red de ductos dado que, entre enero y septiembre de 2019, se registraron ocho mil 700 de ellos, lo que significó un aumento de más del 1.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

 

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, señaló que las reformas tienen que ver con ciertos fenómenos dentro de las empresas productivas del Estado, como organismos que durante los últimos años han sufrido constantes afectaciones en sus redes de distribución.

 

Las previsiones normativas del Código Penal Federal establecen entre los delitos denominados contra la seguridad de la nación, el delito de sabotaje, consistente en el daño, destrucción, entorpecimiento ilícito de las vías de comunicación, servicios públicos o funciones de las dependencias de Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones.

 

El tipo penal de sabotaje no contempla hoy en día a estas empresas como posibles sujetos pasivos, provocando que las personas que causen daño o afectaciones a sus instalaciones no puedan ser perseguidas, cuando están presentes innumerables casos como el robo de combustibles y personas integrantes de delincuencia organizada, daños en ductos, instalaciones de refinerías, así como en medios de transporte.

 

Con el dictamen, se podrá hacer frente a la impunidad que está alrededor de este fenómeno que lacera, ofende al pueblo de México y que, sobre todo, genera daños importantes al erario y al patrimonio de las y los mexicanos.

 

El promovente, diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) argumentó que día con día se ven y escuchan actos de sabotaje a Petróleos Mexicanos, tanto en la producción de crudo como en la producción de gas, el robo de equipos como bombas y, el aumento de las tomas clandestinas de gasolina y de gas natural.

 

Respecto a la Comisión Federal de Electricidad, la situación no es menor; en los últimos años la empresa ha sido víctima de sabotaje en sus redes de distribución y en la producción de electricidad.

 

“La reforma va a combatir directamente la corrupción interna y externa, que menoscaba el patrimonio y la operatividad eficiente de las empresas productivas del Estado mexicano”, afirmó.

 

 

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