• Hay que ser innovadores para avanzar en los temas de justicia: Patricia Terrazas

• Cero tolerancia a la corrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, afirma su titular

20-07-2020.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Rafael Anzures Uribe, quien destacó que continuará la impartición de justicia con mayor objetividad, sobriedad, honestidad y apegada a derecho.

Mencionó que el Tribunal tiene acciones para resolver con oportunidad, eficacia y eficiencia los asuntos de corrupción de su competencia. Además, precisó que desde hace 84 años en el TFJA persiste el principio de no tolerar la corrupción, y si la hubiera “se ha reaccionado como debe ser, sancionado y, obviamente, en esta administración, también ese es el compromiso”.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que en este momento es necesario ser innovadores para avanzar en el tema de justicia y en la economía, dado que la “realidad nos está rebasando”. Externó su preocupación respecto de que se pretenda reiniciar labores en el Tribunal cuando “el pico de la pandemia sube y estamos viendo que 18 estados regresaron el día de hoy al semáforo rojo”.

Preguntó sobre las designaciones pendientes de magistrados que se tienen por parte del Senado de la República. “Es necesario que el presidente de la República haga los nombramientos y la colegisladora los apruebe. Es una tarea a la que le estaremos dando seguimiento, ya que no podemos coartar la justicia para las y los mexicanos”.

Intervención de integrantes de la Comisión

El diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN) se congratuló por las medidas de innovación implementadas porque permiten seguir dando justicia. Preguntó sobre el número de juicios que se tienen al mes, al año y cómo va el porcentaje de las resoluciones y si la tendencia de juicios es normal o asciende.

Por MC, el diputado Higinio del Toro Pérez expresó su inquietud sobre lo que sucederá en materia fiscal toda vez que el gobierno federal le ha apostado a cambios significativos. Inquirió sobre el combate a la corrupción, ya sea por funcionarios o actos administrativos y las nuevas facultades al tribunal. ¿Cuál es la perspectiva y qué acciones se tomarán para poder seguir atacando a la corrupción?

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, argumentó que el cáncer de la corrupción acabó con la legitimidad del Estado y se perdió la confianza ciudadana hacia los gobernantes, pero hoy existe el compromiso de perfeccionar el andamiaje legal a fin de que los corruptos sean sancionados como lo marca la ley. “Aunque la ratificación de la Sala Anticorrupción le corresponde al Senado, nosotros debemos hacer un esfuerzo para ahorrar recursos y legislar para que solamente haya una sala en la materia”.

TFJA, eficiente y eficaz

En su intervención inicial, el magistrado Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacó que la institución se ha consolidado en sus 84 años de existencia y tiene calidad moral tanto para las autoridades como para los justiciables. En los últimos diez años ha resuelto, en promedio, de 150 y 160 mil sentencias anuales. De ellas, un 46 o 47 por ciento son impugnadas con amparo directo o vía revisión fiscal; eso quiere decir que el 53 y 54 por ciento restante se quedan con la resolución del Tribunal.

Recordó que el Tribunal tiene 57 salas regionales; la Sala Superior, que es donde está el pleno jurisdiccional y dos secciones en materia jurisdiccional y la Junta de Gobierno y Administración. Mencionó que desde el 17 de marzo se suspendieron actividades presenciales y dada la afluencia de 10 mil visitantes al día, a partir del mes de abril, se empezó a sesionar en videoconferencia en tiempo real con las sesiones del Pleno Jurisdiccional y de Sala Superior, por lo que, desde mediados de ese mes hasta la semana anterior de julio, las reuniones se han transmitido y resuelto sentencias.

También se abrieron diez salas de guardias a lo largo del país para asuntos urgentes y al viernes 17 de julio hubo dos mil 100 demandas, de las cuales se han resuelto favorablemente con el otorgamiento de suspensiones de medidas cautelares un 75 por ciento. Del total de demandas, el 85 por ciento son en materia fiscal, de las que el 75 por ciento provienen de resoluciones del SAT y el 10 por ciento del IMSS; las demás son de diversas autoridades administrativas. Añadió que ya tienen los lineamientos para iniciar labores el próximo 27 de julio, en donde se fijan las condiciones de sanitización y de adaptación.

En materia de juicio en línea, expuso que no se ha permitido el acceso de nuevas demandas sino solamente las recibidas hasta el 17 de marzo, por cuestiones tecnológicas y de equidad. Añadió que a nueve años de su implementación, el juicio en línea 1 ha atendido de 38 mil a 40 mil juicios, y en septiembre se empezará con la prueba piloto de la expansión de la justicia con el juicio en línea 2; se espera que en el diciembre esté dispersado en 56 salas y para abril del 2021 en las 57 salas incluyendo la Sala Superior.

Hay 40 vacantes de magistrados en la sala regional

Al dar respuesta a los cuestionamientos de la y los diputados, Rafael Anzures resaltó que el Tribunal en los últimos diez años ha tenido un comportamiento estándar y en el actual será atípico, a partir de marzo. Más o menos se reciben al año 130 mil o 140 mil demandas, 80 por ciento en materia fiscal y el 20 por ciento son de otras autoridades administrativas. Se resuelven 150 o 160 mil. “Estas cifras no cuadran porque se viene resolviendo uno, dos o tres años anteriores”. Al 17 de marzo, traíamos en el tribunal en trámite alrededor de 85 mil demandas, aclaró.

El monto cuantificable es de alrededor de 526 mil 530 mil millones de pesos, que es el 2.7 por ciento del porcentaje del Producto Interno Bruto. El año pasado y hasta febrero de 2020, los 256 mil asuntos que se resolvieron ascendieron a 616 mil millones de pesos.

Precisó que el 90 por ciento de las resoluciones en materia fiscal involucran determinaciones de multas y créditos fiscales y el 10 por efecto de devolución. Agregó que hay 40 vacantes de magistrados en la sala regional, quienes han terminado sus periodos desde finales de 2018 a la fecha.

Sobre el combate a la corrupción, resaltó que a partir del año 2000 se han conocido de responsabilidades administrativas vía juicio contencioso, ya que la resolución la inician los órganos internos de control o, en el caso de responsabilidad resarcitoria, la Auditoría Superior de la Federación, y hasta la fecha se siguen conociendo.

A partir de 2016, dijo, se tiene competencia para ya no conocer el juicio contencioso administrativo, sino resolver un procedimiento de responsabilidades administrativas graves. “En este inter nosotros hemos conocido un número importante de asuntos y estamos trabajando con responsabilidad y apegados a derecho; hemos sustituido las vacantes con primeros secretarios que cumplen con las funciones de magistrados”.

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