• Legislar en favor de las mujeres y eliminar la criminalización de quienes interrumpen su embarazo, recomendó

• Diputadas realizan el foro “Legislando por la Igualdad. Reformas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Paridad”

26-05-2020.- Durante el foro virtual “Legislando por la Igualdad. Reformas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Paridad”, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se congratuló por las más recientes modificaciones legales hechas por el Congreso de la Unión hacia el avance en los temas de paridad, aunque consideró que “no hemos terminado con esta desigualdad”.

La funcionaria destacó que todavía hay resabios en la normativa de códigos civiles de los estados, lo que impide avanzar en la plenitud de los derechos de las mujeres. Subrayó que es necesario hacer efectivas las demandas históricas a favor de las causas de la mujer y reformar las leyes que todavía están como vicios de desigualdad en los códigos civiles, penales y en algunas otras legislaciones.

En el foro, realizado por las comisiones de Igualdad de Género y la de Gobernación y Población, la titular de la Segob resaltó dos temas que se deben atender: revisar toda la legislación mexicana para cambiar cualquier norma que implique desigualdad y violencia de género, que todavía existen, afirmó.

Y dos: erradicar la violencia y la criminalización de las mujeres que, por cualquier razón, inclusive natural o voluntaria, decidan interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 semanas, “porque no sólo implica una criminalización, sino una revictimización y una violencia innecesaria para estas mujeres que van a enfrentar un proceso penal y, finalmente, la privación de la libertad”.

Estimó que avanzar implica el diálogo abierto, crítico y constante entre los poderes públicos, órdenes de gobierno, la sociedad civil, grupos de mujeres y con las asociaciones feministas.

Comentó que la Segob trabaja con todas las instancias interinstitucionales para prevenir, atender y erradicar la violencia. “Nos hemos enfocado a definir acciones urgentes, sobre todo en este marco para atender la pandemia del COVID-19. Además, se tiene el reto de capacitar a todas las telefonistas del 911 para que puedan canalizar a las mujeres hacia las diversas instancias y organizaciones que prestan los servicios de atención”.

Trazar una ruta crítica para dar mayores garantías a las mujeres

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Wendy Briseño Zuloaga (Morena), confió en que con este foro se podrá trazar la ruta crítica para dar las mayores garantías a las mujeres en el contexto del proceso electoral y posterior a él.

Recordó que el pasado 13 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a ocho ordenamientos generales y federales, a fin de definir por primera vez en nuestro país la violencia política contra las mujeres en razón de género, conducta, según el ámbito de su competencia, que se observa en las leyes electorales, penales y de responsabilidades administrativas.

Explicó que el objetivo del foro es dar a conocer a la ciudadanía el contenido de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, difundir los avances y pendientes en la implementación de estas reformas, además de contar con la opinión de autoridades electorales, organismos autónomos, Poder Legislativo, asociaciones civiles y académicos.

Construir un andamiaje jurídico con perspectiva de género

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), refrendó su compromiso de discutir de la mano con la sociedad una agenda de género que reconozca y propicie la inclusión de las mujeres en la definición del destino del país.

Planteó cinco preguntas por resolver en este foro: ¿Es necesario que las entidades federativas amplíen el catálogo de conductas que constituyen violencia política en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste? ¿Qué acciones asumirán el Instituto Nacional Electoral y los OPLE hacia promover la cultura de la no violencia en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres?

Además, ¿cómo vamos a garantizar que las autoridades electorales y los partidos políticos incorporen la perspectiva de género en sus actuaciones? ¿Cómo se insertan las nuevas obligaciones que crea el decreto en la actuación de los Sistemas Anticorrupción Federal y de las entidades federativas? ¿Qué papel juega la capacitación de servidores públicos, a efecto de no tolerar, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género?, planteó la legisladora.

La igualdad entre hombres y mujeres no se quería reconocer

En tanto, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena (Morena), presidenta de la Comisión por la Igualdad de Género del Senado de la República, reconoció que los grandes avances en la democracia genérica de nuestro país son: la reforma constitucional en materia de paridad, que se publicó el 6 de junio del 2019, y las reformas de violencia política contra las mujeres, que se difundió el pasado 13 de abril.

La paridad, dijo, es la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político y no se quería reconocer, por lo que urgió a ser empáticas con las condiciones en las que las mujeres acceden a las candidaturas y que enfrentan graves condiciones de vulnerabilidad.

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