ELIMINAR RECURSOS PARA VÍCTIMAS ES REVICTIMIZAR

Uno de los efectos inmediatos que son consecuencia del desbordado fenómeno criminal que lacera a nuestro país es el incremento de las víctimas del delito. En los últimos años se ha reportado un incremento sustancial en este sector, pues de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Víctimas, en 2018 se reportaron 15 mil 525 víctimas mientras que, en el año de 2019, se registraron poco más de 27 mil.

Las víctimas del delito tienen derechos reconocidos expresamente en la Constitución, entre los cuales destacan el acceso a asesoría jurídica, a la reparación del daño, a recibir atención médica de urgencia y coadyuvar con el ministerio público en el marco de la investigación. Durante muchos años, se destinaron progresivamente mayores capacidades y recursos del Estado Mexicano para garantizar estos derechos; dichos esfuerzos adquirieron mayor solidez y estructura con la promulgación en 2013 de la Ley General de Víctimas, la cual establece los procedimientos para la protección y atención de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos; así como la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Si bien se reconocen los avances legislativos alcanzados, aún falta mucho por hacer para lograr un equilibrio entre las partes del proceso y garantizar la reparación del daño, así como la asistencia legal, médica y psicológica necesarios para la protección integral de las víctimas. Además, debe decirse con claridad: estos esfuerzos no han sido acompañados por una asignación presupuestal que permita garantizar el acceso a tales derechos y fortalecer las capacidades institucionales orientadas a su atención.

Por ello, quienes suscribimos nos parecen particularmente preocupantes las medidas adoptadas durante este año tanto por el gobierno federal, como por esta Cámara de Diputados, en contra de las víctimas. Esta cadena de acciones trágicas comenzó con el establecimiento de las medidas de austeridad que deben observar las dependencias de la Administración Pública Federal, publicadas en abril del presente año, con la cual se determinó un recorte presupuestal del 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que en los hechos representó prácticamente su inutilización.

La Secretaría de Hacienda no tomó en cuenta que esta instancia tiene entre sus atribuciones proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros. Posteriormente, durante octubre del presente año, se aprobó la eliminación de 109 fideicomisos, incluyendo el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), con lo cual se dejó en el desamparo a cerca de 30 mil víctimas del delito y de la violencia.

En estas condiciones, prácticamente no existen hoy en día recursos asignados para la atención de las víctimas en nuestro país. Por eso también resulta preocupante e indignante que el Proyecto de PEF 2021 presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea absolutamente omiso en asignar recursos para subsanar las asignaciones presupuestales en la materia que se han perdido a lo largo del 2020. Es importante señalar que dichos recortes se concretan en un contexto de violencia hacia muchos sectores -agravado por la pandemia-, pero que afecta con mayor severidad a mujeres, niñas y niños, grupos cuya protección y defensa deben ser prioritarios.

En esta oportunidad, hacemos nuestras las palabras de la activista Ana Katiria Suárez Castro, expresadas en un Foro de Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Justicia:

“Los fideicomisos no son ayudas, son derechos a los que ciudadanas y ciudadanos tienen libre acceso para ejercerlos de la mejor manera al encontrarse en una situación de vulnerabilidad en cada ámbito y poder exigir el respeto a los derechos humanos en cada ramo”.

Las diputadas suscritas hemos impulsado reformas legislativas e institucionales para garantizar y fortalecer el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas, sumando esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil. Conocemos de forma directa los resultados negativos del retardo en brindar apoyos a las víctimas, y cómo la carencia de recursos termina por negarles el acceso a sus derechos, violando el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, la Constitución y tratados internacionales. Por eso también lo señalamos con toda claridad: eliminar recursos para las víctimas es revictimizar.

Por estas razones, las diputadas suscritas nos pronunciamos por lo siguiente:

1. Exigimos la no aplicación del Decreto de Austeridad publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril para todas las instancias, dependencias y organismos del Gobierno Federal cuya misión sea la de proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos, entre las cuales se encuentran: la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres, entre otras.

2. Exigimos que los recursos asignados para la atención a víctimas tanto en el Poder Judicial de la Federación como en la Fiscalía General de la República no sean disminuidos y se mantengan sus montos en términos reales.

3. Exigimos que los recursos asignados previamente a fondos federales cuyo objeto sea la restitución de derechos -como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral- y cuya entrega se realice en adelante mediante transferencias directas, cuenten con reglas de operación y tengan mecanismos indispensables para dar certidumbre al ejercicio del gasto y a la reparación integral del daño.

4. Exigimos que se implementen programas de capacitación para el personal de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina Armada de México, para el tratamiento especializado de atención a las víctimas.

5. Exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la aplicación total de los recursos asignados en beneficio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

6. Exigimos que todos los programas de atención a víctimas sean diseñados con perspectiva de género y de infancia.

Suscriben:

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