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Boletín N°. 6280 Expertos, asociaciones civiles y familiares de víctimas participan en Audiencia sobre Minuta de la Ley de la FGR
  • Las propuestas serán insumos importantes en la discusión parlamentaria: diputada Ortega Martínez

 

En el primer día de Audiencias Públicas sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República, participaron de manera virtual expertos, asociaciones civiles y familiares de víctimas.

 

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, afirmó que las propuestas vertidas serán incluidas en las consideraciones del dictamen y se harán llegar a las y los diputados para que sean insumos importantes en la discusión parlamentaria.

 

 

La minuta no avanza en la profesionalización de la Fiscalía

 

 

Marco Fernández, de México Evalúa, puntualizó que el marco jurídico que están analizando no avanza en aspectos como la profesionalización de la Fiscalía General y la capacitación del personal; además, no tiene mecanismos que permitan la rendición de cuentas. “Otro problema que presenta tiene que ver con los fideicomisos, se crea el fidecomiso para el mejoramiento de la procuración de justicia y, a diferencia de los otros que tenían reglas específicas de operación y comité técnico, en la propuesta no existe”.

 

Retroceso en los derechos de las víctimas

 

Rafael Heredia, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, refirió que en la minuta hay un retroceso en los derechos de las víctimas y se elimina la participación de los familiares en la elaboración de los planes de investigación, como se establece en la actual Ley Orgánica. Sobre los nombramientos de los fiscales general y especializados, no se garantizan estos procesos a través de la transparencia, publicidad y participación ciudadana.

 

Prevalecen altos índices de impunidad

 

Marie Claire Acosta, de Justicia Transicional México, dijo que los altos índices de impunidad de los delitos que prevalecen en nuestro país y que son de los más altos del mundo dan cuenta de cómo se requiere un diseño institucional para la investigación de delitos y la procuración de justicia, como señala la Ley Orgánica que se pretende modificar.

 

Fiscalías son la pieza clave contra la impunidad

 

De Impunidad Cero, Irene Tello señaló que se haría un mayor beneficio si se analizan las condiciones y los modelos de gestión en el que trabajan todas las procuradurías y fiscalías del país, así como su presupuesto, más que cambiar una ley. “Creemos que la pieza clave para luchar contra la impunidad es la Fiscalía General de la República y todas las procuradurías de fiscalías estatales”.

 

Quieren regresar a la PGR de antes

 

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, manifestó que con esta reforma “quieren regresar a la PGR de administraciones anteriores”. La falta de acceso a la justicia, de transparencia y de capacidad de investigación, que concentra el poder en una persona, debilita la rendición de cuentas y no prevé la máxima publicidad. Planteó incluir mecanismos de denuncia, protección y seguimiento para que las víctimas puedan denunciar a Ministerios Públicos que no cumplan con su trabajo.

 

Propuesta no innova ni resuelve

 

En el segundo bloque de ponencias, Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia, de México Evalúa, afirmó que la propuesta no innova, ni resuelve problemas actuales, sino formaliza la operación de la anterior PGR. Consideró que es una ley innecesaria y regresiva que no contiene una estrategia diferente para perseguir el delito, sino la manera de reinstalar reglas, principios y prácticas de una PGR inefectiva, opaca, anclada en el modelo inquisitivo, que conoce más cómo fabricar culpables que investigar redes de macrocriminalidad.

 

Legislación que va en retroceso en el Sistema Jurídico

 

En representación de Fundar-Centro de Investigación y Análisis, Humberto Guerrero mencionó que es una legislación donde no se quieren controles ciudadanos y mecanismos de rendición de cuentas y donde hay un mal entendimiento de autonomía de la Fiscalía; es una legislación que parece ir en retroceso del avance en el Sistema Jurídico, en la manera de entender la participación de las víctimas en la investigación penal.

 

Es regresivo el esquema de designación de fiscales especiales

 

Carlos Guerrero, de Litigio Estratégico Mexicano, pugnó porque se apruebe una Ley Orgánica que conserve los estándares que están previstos en la norma vigente. Externó su preocupación por el esquema de designaciones de los fiscales especiales, ya que se siguen previendo reglas que pudieran ser regresivas y violar principios de la Constitución.

 

La reforma no tiene una justificación real

 

La representante de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, expuso que la reforma no tiene una justificación real por parte de la FGR y es regresiva, por lo que pidió que sea analizada con detenimiento para que las víctimas y la participación ciudadana sean elementos de contrapeso a la Fiscalía.

 

Propuesta atenta contra el derecho de progresividad

 

El también representante de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Eduardo Rojas, opinó que la propuesta está en contra del derecho de progresividad, en específico en el ámbito de las víctimas, donde se les permite coordinarse con la Fiscalía para generar programas de investigación y tener acceso a los expedientes. “Lo planteado va en retroceso del enfoque de macrocriminalidad”.

 

Iniciativa quiere borrar el esfuerzo de muchos años

 

 

Susana Camacho Maciel, de BORDE, aseguró que la minuta quiere borrar el esfuerzo de muchos años de distintos sectores de la sociedad, ya que a pesar de cambios tiene muchos retrocesos y no se atiende la meta de llegar a juicios orales sustentados por fiscales de carrera. “Hay preocupación desde la sociedad civil porque costó años armar la ley hoy vigente y en cuestión de meses se quieren eliminar esfuerzos”.

 

El poder no debe concentrase en una sola persona

 

De la Fundación Para el Debido Proceso, Úrsula Indacochea opinó que no se debe concentrar el poder de forma punitiva en una sola persona, porque de hacerlo existe el riesgo de que pueda actuar de forma política; además, si no hay autonomía técnica de sus fiscales, podrían ser tocadas por las distintas élites políticas, incluso cooptadas por el crimen organizado, y habría consecuencias por no tener contrapesos internos del fiscal general.

 

Desmantelar redes de macrocriminalidad

 

De Artículo 19, Itzia Miravete dijo que urge que las y los fiscales tengan capacidades para realizar análisis de contexto que permitan el desmantelamiento de redes de macrocriminalidad, que están detrás de los ataques a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Para revertir la situación de violencia contra la prensa es necesario garantizar una investigación efectiva e impulsar acciones de prevención, protección y reparación del daño, que envíen mensajes de cero tolerancia a las agresiones.

 

Que fiscalías pongan fin a los alarmantes índices de impunidad

 

Guillermo Fernández-Maldonado, de la oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, refirió que urge que México tenga fiscalías cuyo desempeño efectivo sea capaz de poner fin a los alarmantes índices de impunidad y velar por los derechos de las víctimas. Es necesario armonizar lo dispuesto en el artículo 6 del proyecto que establece el principio de autonomía del Ministerio Público con otra disposición que parece poner énfasis en la sujeción del MP a una estructura jerárquica.

 

Con más elementos abonaremos a una ley que de verdad solucione los graves problemas de procuración de justicia

 

Al moderar el bloque 3, la diputada Ana Ruth García Grande (PT) dijo que en la medida que tengamos más elementos de juicio para normar nuestro criterio abonaremos a una ley que de verdad solucione los graves problemas de procuración de justicia que vive México. “Se ha enfatizado por casi la totalidad de los participantes que el nivel de impunidad con respecto al número de delitos que se cometen en nuestro país, es amplio; de ahí la importancia de contribuir para que la construcción del marco normativo alcance eficacia y eficiencia”.

 

Se debe respetar el derecho de participación de las víctimas

 

Martín de Boer, jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, manifestó que es importante que durante el proceso de discusión de la minuta se respete el derecho de participación de las víctimas, familias y representantes. También, que conforme las normativas internacionales en materia de derechos humanos y se garantice en todo momento el derecho de participación de las familias en la búsqueda, localización e identificación de sus seres queridos.

 

Participan familiares de personas desaparecidas

 

En la Audiencia Pública, familiares y representantes de personas desaparecidas, expresaron que el Estado está en deuda con ellos y la reforma los deja en indefensión ante redes criminales; pidieron se quite la referencia de autonomía de la Fiscalía, pues abre la puerta a la impunidad, opacidad y es un pretexto para no buscar a los desaparecidos.

 

Solicitaron a las y los diputados analizar el tema con congruencia y firmeza, y respetar los derechos de más de 99 mil desaparecidos en el país. Cuestionaron por qué dictaminar esta ley al vapor y por qué desechar la ley vigente que reconoce los derechos de las víctimas. Afirmaron que representa un retroceso.

 

Llamaron a desechar la propuesta e implementar la Ley Orgánica vigente para después reformarla, fortalecer a la FGR y dotarla de recursos. Pugnaron por el derecho de búsqueda de desaparecidos, no solo de perpetradores.

 

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