• En su segundo día participan representantes de colectivos y organizaciones de víctimas desaparecidos

13-04-2021.- Durante el segundo día de las Audiencias Públicas sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), precisó que este ejercicio público es para escuchar las voces de la sociedad civil, activistas, víctimas, academia, expertos, y de los funcionarios públicos que están vinculados en los efectos que tendrá esta ley.

Explicó que dicha minuta está en la Cámara de Diputados pendiente de su dictaminación y la junta directiva de la Comisión de Justicia trazó una ruta que incluye este ejercicio de audiencias públicas.

Precisó que se tomarán en cuenta las reflexiones vertidas por los participantes, muchas de las cuales están relacionadas con preocupaciones específicas en torno a la minuta enviada por el Senado de la República y en donde, recurrentemente, se refieren a la demanda de sus derechos.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) dijo escuchar atentamente a cada uno de los participantes “porque no estamos de acuerdo en que se decline de una atribución tan importante como es la búsqueda de las personas desaparecidas; y aquí estamos comprometidas las mujeres y los hombres de esta Comisión para trabajar con ustedes y para ustedes”.

Reconoció que las familias están cumpliendo con las atribuciones de la fiscalía en materia de investigación. “Estamos preocupados por la iniciativa, sabemos perfectamente cuáles son las debilidades de ésta y vamos a presentar propuestas para resolver todas sus inquietudes”, sostuvo.

Participación de colectivos y organizaciones de víctimas

En el primer bloque, María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras A.C, indicó que cuando hay una desaparición forzada, son las familias quienes padecen al acudir ante el ministerio público para poner una denuncia y ellos no reconocen la desaparición forzada. Consideró que los términos correctos deben ser muy claros para que los ministerios públicos tengan un poco de sensibilidad y no enredar a las familias.

Del Colectivo Búscame, Grace Fernández, señaló que las comisiones especiales es un mecanismo que ayuda a generar estos grupos específicos para un delito y eso fue eliminado de la Ley Orgánica. Subrayó que los derechos de las víctimas deben estar de manera específica en la Ley Orgánica de la Fiscalía y estimó que el nombramiento del Fiscal debe ser de forma transparente y abrirse a la participación ciudadana.

Lucía Díaz Chávez, del Colectivo Solecito de Veracruz, consideró que las reformas propuestas en la minuta son regresivas ya que dejan fuera los derechos de las víctimas. Además, da facultades de investigación a corporaciones de seguridad. “Las reformas que piensan aprobar son leyes con las que tendrán que vivir las víctimas, se debe de legislar con honestidad y con apego a los derechos humanos”.

Enrique Bouchot, de México Evalúa, dijo que el modelo de investigación de la Fiscalía no es funcional, el impacto de las investigaciones en macrocriminalidad, en corrupción, en desaparición forzada y redes de trata, ha sido mínimo. La reforma propuesta busca mantener la operación de la FGR tal y como se conoce, no busca mejorar, solo se da un marco jurídico a lo que actualmente hace”.

Natalia Pérez Cordero, de FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, resaltó que se deben generar mecanismos de participación en los procesos del nombramiento del Fiscal General y de los fiscales especializados. Comentó que se debe fortalecer y recalcar el respeto a la autonomía de las labores ministeriales de los ministerios públicos en relación con el fiscal.

En el segundo bloque, Alejandro Tamez Murguía, de la Fundación Mónica Alejandrina, dijo que es necesario que se otorgue asistencia jurídica para las víctimas indirectas dentro de los procesos que se llevan en las fiscalías, ya que hay gente que no tiene como defenderse. Pidió no a la desfederalización de los expedientes que contempla la nueva ley y que el delito de desaparición de personas que sea cometido por particulares sea también un delito federal equiparable al delito de desaparición forzada.

Francisco Lugo Silva, del Colectivo Amada Puentes por los Derechos Humanos, comentó que las reformas propuestas rayan en la barbarie, son revictimizantes y preocupantes. Ante esto, dijo que es necesario tomar una posición histórica y salir airosos de un evento de genocidio que se vive en el país. “Estamos frente a un evento de enormes proporciones de gente desaparecida; es una deuda histórica del Estado Mexicano con las víctimas, se debe atender la magnitud de los casos en términos históricos”.

Melissa Moreno, del Colectivo Nepomuceno Moreno Núñez, señaló que se deben garantizar en la minuta, todas las participaciones de familiares de víctimas. Consideró que antes de desechar la actual Ley Orgánica de la FGR, se termine de implementar y ponga en marcha. “Qué caso tiene hacer leyes si no se escucha a las víctimas”.

Del Colectivo Margarita Santizo por la Búsqueda y Dignidad, María de la Luz Mendoza Barbosa, destacó que urge un cambio, “pero no desechar una ley”. Reconoció que toda ley está expuesta a modificaciones y tener algunos arreglos que convenga a ambas partes, pero no eliminarla, puesto que tiene dos años únicamente que está implementada y aún no está fungiendo como tal porque no se tienen resultados.

Edith Pérez Rodríguez, del Colectivo Voz y Dignidad, pidió a las y los diputados que se unan al derecho de los ciudadanos y defender a las y los ciudadanos; buscar la verdad, la justicia y la paz para los pueblos. “No podemos continuar las familias en esto solas y retrocediendo, porque eso es lo que nos está haciendo esta ley que quieren aprobar”.

Leticia Pinzón Medina, de En Busca de Verdad y Justicia, dijo que se necesitan servicios periciales y forenses con autonomía para poder acceder a la justicia. Señaló que lo único que han hecho es dar paso a la corrupción y a la injusticia. “No es posible ser juez y parte de la violación de los derechos humanos de las víctimas”.

Maribel Enciso, del Observatorio Ciudadano del Feminicidio EDOMEX, comentó que como víctimas no solo se sufre la ausencia de un ser querido, sino que se lucha contra un sistema de justicia incompetente. Pidió una extensión de análisis y discusión de esta iniciativa y, dijo, se debe priorizar a las víctimas y la protección de sus derechos humanos.

Karina Méndez Reyna, del Grupo Civil de Búsqueda, dijo que “esto que está pasando es una gran violación a las víctimas, están olvidando la finalidad de la creación de las leyes, la verdad, la justicia; mientras las autoridades sigan deslindándose de responsabilidad, seguirán las desapariciones”. Consideró que es injusto que haya este retroceso a la ley.

De Justicia y Dignidad Veracruz, Lidia Sac-nicté Lara Tobón, señaló que es muy lamentable como se quiere desechar la ley que apenas tiene dos años y “que ni siquiera la han tomado en cuenta y ya nos quieren imponer otra”. Estimó que “la FGR pretende quitar los derechos ya ganados de las familias” y tirar en el bote de la basura el trabajo ya ganado.

Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, hizo un llamado a las y los diputados para hacer un esfuerzo y pasar a la historia en materia de justicia. “Después de 15 años no hemos obtenido nada, la justicia ha sido dilatada y simulada; el problema de las desapariciones es un problema de sistema”, señaló.

Gloria Soto Robledo, del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, dijo que es importante que se hagan esfuerzos transversales por parte de los tres niveles de gobierno para brindarle justicia a víctimas y familiares de personas desaparecidas del país.

Silvia Elida Ortiz Solís, del Grupo V.I.D.A, resaltó que esto lo que marca es un gran retroceso. “Hemos estado a brazo partido luchando por una ley y el cumplimiento de la misma; y los primeros que no la quieren cumplir y se quieren hacer a un lado, lo están haciendo”. Pidió a las y los diputados marcar la diferencia y lograr ese cambio; y los colectivos “estamos peleando porque la ley se cumpla”.

De Los otros desaparecidos de Iguala, A.C, Adriana Bahena Cruz, destacó que esta iniciativa de nueva Ley Orgánica “no es otra cosa más que querer la Fiscalía darle la vuelta a la hoja y hacer lo que ella dice que se le debe respetar que es su autonomía” que es “hacer lo que quiere y como le convenga hacerlo, no como la ley lo marca”.

Ana Luna Serrano, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos CADHAC, dijo que la fiscalía es la única entrada para acceder a la justicia y debe de ser una puerta que siempre tiene que estar abierta. Sin embargo, comentó que las reformas propuestas obstaculizarían la participación de las familias de víctimas en las investigaciones y esto representa un retroceso significativo que atenta contra la progresividad de los derechos humanos.

Virginia Buenrostro Romero, también de CADHAC, comentó que con la iniciativa se violarían los derechos humanos de las víctimas y sus familias en materia de investigación. La nueva ley pondría obstáculos y no se podrá saber si la investigación se está haciendo de la manera correcta. “Con esta ley sería más difícil obtener verdad y justicia”, consideró.

Laura Curiel, del Colectivo Mariposas Destellando buscando corazones y justicia, dijo que el mecanismo de identificación forense ayuda a regresar a los desaparecidos a casa, “no retomen modelos antiguos que nunca funcionaron”. Consideró que “urgen mecanismos de apoyo exterior, no pueden excluirlos, ¿cómo protegerán los derechos de nuestras hijas y familiares que están en otro país?”.

Del Colectivo Por Amor A Ellxs, Esperanza Chávez, afirmó que lo que se pretende hacer “es una regresión” y comentó que “en Jalisco es una lucha que tenemos con la fiscalía del estado que no quiere dar copias de los expedientes, ya que ahí se da uno cuenta que los expedientes están en blanco”. Resaltó que es primordial participar en la investigación para que éstas sean efectivas.

Lorena Perales, del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, dijo que se necesita un sistema de justicia que funcione, que sea pronto, expedito y que garantice los derechos de las víctimas. “Necesitamos una fiscalía que no se deslinde de su responsabilidad; lo que quieren hacer con la propuesta significaría un gran retroceso en busca de la justicia”.

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