• Dar vuelco a política pública para atender temas de agua, salud, educación y otros prioritarios: diputado Ramírez Cuéllar

• Legisladoras, legisladores y expertos abordan gasto en salud, educación, agua, sistema de cuidados y financiamiento para el desarrollo

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, afirmó que es necesario dar un vuelco a la política pública “porque, así como vamos hasta ahora, es evidente que el agua, salud, educación y todos los otros temas que ha aprobado el Congreso como reformas a la Constitución o de carácter legal, son incumplibles, y no podemos ser partícipes de un incumplimiento de obligaciones presupuestarias”.

Al dar inicio a los trabajos del Grupo, el diputado manifestó que se debe lograr un diagnóstico común, una narrativa en materia de gasto de necesidades mínimas para crear los niveles de bienestar, argumentar las exigencias en el tema de ingresos y la nueva relación con los estados y municipios.

Explicó que hay un subgrupo relativo a la Convención Nacional Hacendaria, a las nuevas disposiciones o reformas del marco tributario, al sistema de pensiones y la organización del Instituto de la Hacienda Pública, para sustituir al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados el cual, inmediatamente que se pruebe, será un instituto del Congreso de la Unión dependiente de la Cámara de Diputados.

Agregó que la información que se analice en estas reuniones es de “una riqueza enorme y en el camino iremos viendo cómo procesar todos los temas, pues la fecha de entrega de resultados, convocatorias e iniciativa es el 15 de agosto, pero hoy es momento de iniciar”.

Consideró que el reto es elaborar un primer diagnóstico del gasto que incluya todas las reflexiones, propuestas e implicaciones que mejoren la evaluación y hacer recomendaciones de cambio de política pública y valorar cuánto y en qué plazos pudiéramos cumplir con una serie de reformas legales y constitucionales que requieren disposiciones presupuestales, a fin de enfrentar los desafíos en medio de esta crisis sanitaria y económica.

A su vez, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI), coordinador del Grupo de Requerimiento de Gasto, expresó que rumbo a una reforma hacendaria es fundamental analizar la parte del gasto, y que todas las propuestas permitirán encaminar las prioridades de gasto, las necesidades en salud, educación, infraestructura y seguridad, considerando los gastos irreductibles para luego entrar a la discusión de la parte de ingresos.

Dijo que el gasto del Estado tiene conceptos irreductibles que deben ser el primer paso de revisión y proyectarlos, porque van creciendo cada año con el tema de las pensiones y el costo financiero del Gobierno, que quita techo de gasto. Además, hay proyectos de inversión de mediano y largo plazo, prioridad de esta administración, que tendrán un incremento considerable en el gasto, por lo que se deben analizar en su conjunto.

Sugirió armar una propuesta con dos enfoques: los gastos ineludibles del Gobierno y las prioridades como educación, salud, infraestructura y seguridad, sin dejar a ningún sector fuera, en un escenario óptimo; dos, trabajar en modificaciones legales para que los recursos se manejen de manera eficiente. Además, definir un cronograma de mediano y largo plazos para su implementación, porque la capacidad de ejecución de los tres órdenes de gobierno es muy baja y se requiere mejorar el andamiaje para que sea eficiente. Señaló la necesidad de considerar en forma integral el proyecto de infraestructura.

Al dar la bienvenida, el Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, manifestó la importancia de participar en los trabajos rumbo a la elaboración de las definiciones para la Convención Hacendaria.

Lo hacemos con todo el entusiasmo que la causa requiere, dijo y reconoció el trabajo y la vinculación de los últimos tres años. “Estamos cerca de tener los resultados posibles y viables que necesita el país para el futuro cercano”, subrayó.

Expresó que ha habido tres convenciones nacionales fiscales, una Convención Nacional Hacendaria y estamos en la antesala de la segunda Convención Hacendaria, con objetivos diferentes, porque la realidad económica del país y de las finanzas públicas es distinta.

Intervención de legisladoras y legisladores

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) pidió establecer un calendario para que cada una de las partes interesadas entregue los resultados de los análisis que se están haciendo. “Que cada parte se haga cargo de un tema específico y den las estimaciones y los resultados para que haya una cobertura formal en los temas planteados como prioritarios”.

Del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya apuntó que la estructura y normatividad que rigen el gasto público en el país es obsoleto. Propuso tres enfoques: el orden de prelación que deben tener los diferentes rubros del gasto programable a partir de un análisis de las carencias y estado actual de las instituciones; la reforma que elevó a grado constitucional la entrega de varios programas sociales para que el Gobierno garantice los derechos adquiridos y, la distribución de competencia y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en torno a la capacidad de recaudación.

Participación de especialistas

Héctor Villarreal Páez, titular del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP), sobre el tema de salud indicó que es muy delicado, sobre todo, en la medida que el espacio fiscal se contraiga va a ser muy difícil y ahora con la crisis del COVID-19 se necesita más presupuesto. En educación, dijo que para responder al regreso a clases y la emergencia sanitaria se requieren 50 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

Thania de la Garza, especialista en evaluación, destacó la relevancia de la eficiencia en el gasto público, porque aunque se aumente en ciertos rubros no se ejerce correctamente debido a cambios institucionales que impiden utilizarlo. En salud, dijo, que todavía el Insabi no ha terminado de firmar con todas las entidades federativas ni tampoco queda claro cómo se transfieren los recursos.

Iván Benumea Gómez, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en el Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), indicó que comparten las preocupaciones sobre el gasto en salud, “siempre será un debate complicado plantear qué servicios podrían costearse, considerando que todavía hay cierta incertidumbre respecto a la posibilidad de ampliar el espacio fiscal vía incremento de la recaudación tributaria”.

El economista Rodolfo de la Torre García comentó que en el caso de la salud hemos llegado a la pandemia con un rezago de medio punto del PIB, pero estando ya en ésta se han evidenciado otras carencias del sistema. Pidió fortalecer al Insabi, no solo presupuestalmente, sino en el tema de organización y advirtió que en educación, en términos de crecimiento de los alumnos, el gasto no ha seguido esta trayectoria, por lo que se requiere por lo menos medio punto del PIB más a este rubro.

Isabella Esquivel Ventura, en representación de la Coalición por los Cuidados en México, comentó que hay preocupación por participar en la definición de los recursos para el Sistema Nacional de Cuidados. “Es importante verlo desde el punto de vista presupuestal toda vez que debe reflejar lo plasmado en la legislación con un sistema que vaya más allá de un enfoque asistencialista o traspasos monetarios, o relegando a las familias la responsabilidad de los cuidados”.

Diego Vázquez, de la OXFAM México, coincidió en que hay especial interés en el tema de cuidados, pues analizando el espacio fiscal y reformas constitucionales, será un proceso gradual en donde se eviten duplicidades. “Según su análisis, el empleo de las mujeres se ha visto más afectado al inicio de la pandemia, tratan más en recuperarse pero la carga de cuidados es asimétrica, el 75 por ciento de horas semanales de cuidados son hechos por ellas”.

Enrique Provencio, de la UNAM, apuntó que ni siquiera el gasto de mantenimiento en materia ambiental se cubre adecuadamente, ya que había déficit en la mayor parte de gastos del rubro. “Los costos de degradación ambiental se acercan a 4 puntos porcentuales del PIB, mientras que lo destinado es del 1.1 por ciento, por lo que no es posible cubrir los costos”.

De Fundar, Ángel Ruiz señaló que el tema de seguridad debe ser una prioridad para atender esta problemática y destacó la importancia de balancear el gasto en áreas de investigación de delitos, desaparición, tortura, inteligencia, periciales y forense. Además, dijo que con la política pública que se ha implementado las víctimas aumentan y eso genera costos.

De la fundación Friedrich Ebert, Carlos Cabrera Espinosa expresó que “estamos ante una emergencia económica, social y sanitaria de grandes proporciones” y propuso que entre todas estas organizaciones y actores presentes se logre una narrativa común sobre la importancia del gasto público y la recaudación.

Karina Barrios Sánchez, encargada de la Dirección General Adjunta de Evaluación, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló que publicó un análisis de cómo se ha comportado el gasto social en México desde 2008 hasta 2019. Dijo que, en el espacio de desarrollo social, el gasto se concentra en modalidades de pensiones y subsidios y que, acompañado del gasto federalizado, suma más o menos 50 por ciento del gasto social en México.

De la Concanaco, Marco Pérez Valtier calificó como valiosos estos ejercicios para conocer cuál es lo deseable del presupuesto, pero destacó que mientras el Ejecutivo pueda hacer adecuaciones discrecionales, esto puede quedar solo en buenos deseos, por lo que debe haber propuestas para limitar estas modificaciones.

Análisis del gasto

Al presentar el análisis de los requerimientos del gasto, Adriana Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo, señaló que del Presupuesto de Egresos 2021 el gasto no programable ocupa alrededor del 27 por ciento. Indicó que los 5.5 billones de pesos del PEF solo cubren los gastos ineludibles del Gobierno, contando becas, pensiones y programas del Insabi, quedando un disponible de 588 mil millones de pesos.

Dijo que el disponible que se tiene equivale al nueve por ciento del presupuesto aprobado. El 32 por ciento se distribuye en proyectos de inversión, como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y carreteras, agua potable y drenaje público; el 68 por ciento a programas como Sembrando Vida, Salud y medicamentos gratuitos.

El objetivo de hoy es que una vez que se escuchen las propuestas cotejemos éstas y que en cada tema se estime lo que se requiera para sufragar las necesidades en salud, educación, inversión en infraestructura, seguridad, garantías para el desarrollo y sistema de cuidados para niños y personas con discapacidad.

Afirmó que durante las discusiones surgirán más temas porque la problemática del país no recae solo en seis rubros; “hay muchas áreas que se deben atender”, pero nos enfocamos a estas seis”. El objetivo, subrayó, es llegar al costeo de estas áreas.

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