• Erigida en Jurado de Procedencia, aprobó el dictamen de la Sección Instructora

• Se emitieron 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones

11-08-2021.- La Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó por 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, expresó que con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria:

Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Segundo. Téngase por concluido el procedimiento emanado de la Solicitud de Declaración de Procedencia y archívese en términos de la normatividad aplicable el expediente SI/LXIV/DP/01/2021.

Tercero. Notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución.

En el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, la presidenta señaló que autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que realice las notificaciones correspondientes.

La petición de declaración de procedencia fue solicitada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Previamente, la diputada Sauri Riancho informó que el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez no presentó incidente alguno de recusación. Tampoco, se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas o los diputados que integran el Jurado de Procedencia.

En la sesión semipresencial del Segundo Periodo Extraordinario, la Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura a los documentos de notificación personal, relativos a la cita para esta sesión, tanto a las y los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura y a sus abogados defensores.

Además, dio lectura a los resolutivos del dictamen de la Sección Instructora, con proyecto que declara de la acción penal en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura, para ilustración de la Asamblea.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Rafael Chong Flores, fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, dijo que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, durante los cargos públicos que ostentó en el periodo del 1 de octubre de 2012 al 6 de marzo de 2015, como jefe delegacional en Coyoacán, y del 14 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, como diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, incrementó su patrimonio injustificada e inexplicablemente al no coincidir con sus ingresos recibidos por concepto de honorarios y emolumentos.

Señaló que la Fiscalía desarrolló diversas líneas de investigación logrando recabar indicios suficientes, además de datos de prueba legales, razonables y pertinentes para considerar que se cometió el hecho con apariencia de delito de enriquecimiento ilícito. Agregó que se tiene información por parte de las autoridades migratorias mexicanas de que el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio, el territorio nacional con destino a la República de Chile.

Octavio Israel Ceballos Orozco, coordinador general de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, explicó que la Fiscalía cuenta con una investigación robusta, contundente y basada en elementos objetivos que es necesario conducir ante la autoridad jurisdiccional competente para que ésta, luego del análisis y valoración de la prueba en la etapa procedimental correspondiente, decida o no la acreditación del delito y responsabilidad del hoy investigado.

“No se ha vulnerado ninguno de los derechos humanos que le asisten al diputado Mauricio Toledo Gutiérrez. La defensa se duele de que el dictamen pericial en materia de evaluación practicado por la Fiscalía carece de objetividad; sin embargo, es claro que al tratarse de una prueba podrá hacer valer lo que considere necesario una vez que esté ante la autoridad judicial, quien será la que dé la valoración correspondiente al citado dictamen”, agregó.

Defensa del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez

El abogado defensor, Epigmenio Mendieta Valdés, argumentó que no se acreditan los supuestos que señala la Constitución, como la acusación cierta de un hecho determinado, la información coherente, suficiente y adquirida de forma lícita, así como que esté acreditada la responsabilidad, lo cual en el caso del indiciado no es así, pues el proceso comenzó a partir de una rivalidad por espacios políticos en la alcaldía de Coyoacán y distritos donde también ha competido el hoy presidente de la Sección Instructora.

Aseguró que los montos que le pretenden atribuir a los inmuebles son erróneos y están alterados, pues el valor en la carpeta de investigación no corresponde con lo pagado y que consta en actas notariales y escrituras públicas, además de que los avalúos hechos por peritos de la Procuraduría están sobrevaluados. “Con lo señalado en uno de los dictámenes hoy es posible comprar dos departamentos nuevos con la empresa constructora en el mismo edificio y el mismo piso”.

Enfatizó que las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no parten de bases sólidas pues Mauricio Toledo ha reunido más de 750 documentos como talones de pago, cheques, fichas de depósito, recibos de nómina, transferencias, estados de cuenta, declaraciones patrimoniales y de impuestos, como evidencia del origen y destino lícito de los ingresos como servidor público. “A pesar de la evidencia tan contundente, aprobar la procedencia del desafuero sería ponerlo en situación de vulnerabilidad”.

En su réplica, el defensor explicó que los hechos no corresponden al periodo de este encargo, sino de momentos de años anteriores, pero la conveniencia política es que se solicite en este momento. En este momento no se declara la culpabilidad o inocencia, pero lo que se va a decidir es de carácter político ¿a quién conviene, a quién beneficia y a quién perjudica?

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