• Los remiten a la Mesa Directiva para su programación legislativa

14-12-2021.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM) aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito.

Además, avaló el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El primer dictamen fue aprobado por 20 votos a favor y 18 en contra y se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa.

El diputado Melgar Bravo señaló que la minuta tiene por objeto generar un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los asociados con los delitos señalados.

“En un sentido estricto, resuelve la falta de oportunidad de la modificación enviada por esta soberanía a la colegisladora y propone eliminar únicamente lo referente a la fracción I del artículo 116 bis 2 contenido en el decreto, la cual señala: “Estableció a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ente obligado a notificar al interesado de su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, y dispuso que dicha notificación se hiciera por escrito”.

Al hablar a favor, la diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) exhortó a aprobar el dictamen y subsanar la omisión legislativa que impide combatir y cerrar la llave a la delincuencia organizada y al financiamiento del terrorismo. “Hablamos de billones de pesos que no deben seguir en manos de quienes constituyen la principal amenaza de México. Frenemos el crecimiento de organizaciones y grupos criminales bloqueando su financiamiento ilícito”.

En contra, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) dijo que se acepta en términos la minuta del Senado que eliminó la obligación de la UIF para realizar la notificación a que se refiere la fracción mencionada y elimina la referencia a que se haga por escrito pero no por medios digitales, lo que constituye una omisión que se debe corregir. Dijo que, si se aprueba en sus términos, se introduce incertidumbre jurídica a la institución financiera y al Estado.

La diputada Paola Tenorio Adame (Morena) dijo que apoyará el dictamen con las modificaciones propuestas por el Senado porque da más certeza la solicitud de audiencia y garantiza los derechos de los usuarios financieros.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla dijo que el bloqueo de cuentas es un acto de violencia que interrumpe la certidumbre jurídica y propuso establecer en las consideraciones del dictamen, no en el articulado, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recuperar esa certeza.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez (Morena) afirmó que se avanza con paso firme para construir un proyecto de nación en el que la corrupción, el crimen organizado y la impunidad no tienen lugar. Señaló que el combate al financiamiento del terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita es de la más alta prioridad para la administración y se pronunció por otorgar herramientas que permitan instrumentar mecanismos para el combate eficaz de estos delitos.

En su turno el diputado Salvador Caro Cabrera (MC)dijo que votaría en contra porque es muy delicado que la aportación en esta minuta, sea aprobar que las autoridades renuncien a realizar un acto de autoridad.

Del grupo parlamentario de Morena, el diputado Manuel Guillermo Chapman Moreno, dijo que con el procedimiento administrativo que enfrentarán quienes laven dinero y financien al terrorismo ya no podrán sustraerse de la mano de la justicia. Agregó que con la aprobación del dictamen se da por terminado “un ciclo de impunidad que tenía lugar en el resquicio legal que se subsana y le quitamos la oportunidad a los corruptos de comprar a la justicia”.

El diputado Daniel Murguía Lardizábal (Morena) habló a favor del dictamen porque la UIF no debe distraerse de sus funciones esenciales, sino concentrarse en cuestiones sustanciales y no hacer el trabajo de estar notificando”. En todo caso, dijo hay que darle celeridad al dictamen para que todo el Capítulo Quinto, entre en vigor y el ciudadano pueda ejercer sus derechos constitucionales, que van desde la audiencia, ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos ante al UIF, y en su caso impugne la resolución administrativa.

Del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya manifestó su interés por resolver el planteamiento y se sumó a la propuesta en términos del dictamen. El Senado, dijo, pide tomar en cuenta los argumentos que emitieron para sustentar el rechazo a la redacción del decreto, porque representa una imposibilidad material y un problema práctico, al atentar contra el objetivo de regulación en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la emisión de la lista de personas bloqueadas.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Asimismo, se aprobó en lo general y en lo particular, por 24 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El dictamen que se remitirá a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa, es respecto a dos iniciativas de la diputada Laura Imelda Pérez Segura(Morena), por las que se adicionan y reforman diversas disposiciones de los artículos de dicho ordenamiento. Además, el diputado Carlos Puente Salas (PVEM) presentó ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, comentarios y propuestas de modificación.

En el Artículo 2 se incorpora la definición de Gastos y costos relacionados con la contratación: aquellos que estén relacionados con la celebración del Financiamiento que, de manera enunciativa mas no limitativa, son: comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago, sin incluir honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.

En el artículo 22 establece que los entes públicos, sólo podrán destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación

La diputada Laura Imelda Pérez Segura invocó el artículo 83 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que señala que “Los autores de las iniciativas que originan el dictamen podrán presentar por escrito ante la Comisión, una reserva para modificarlo, antes del inicio de su discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora, si consideran que la esencia de su propuesta ha sido desvirtuada”.

Explicó que se busca coadyuvar a la estabilidad financiera de estados y municipios y otorgar certeza jurídica al destino y aplicación de recursos obtenidos por deuda pública, estableciendo el límite porcentual de 0.15 para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación de duda y evitar un mercado secundario de gastos y costos relacionados con el endeudamiento que en los hechos ha direccional parte importante de los recursos en comisiones y otros costos.

Al hablar a favor de su propuesta indicó que el límite de endeudamiento da mayor certeza a las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos.

En contra, la diputada Patricia Terrazas Baca dijo que es necesario tener más tiempo para hacer un análisis de la propuesta pues se pretende incorporar definiciones que ya están en otros cuerpos de la ley. Además, la propuesta que pretende incluirse en el dictamen es genérica al referirse a energías renovables, construcción sustentable, eficiencia energética, transporte limpio, agua, manejo de residuos y agricultura entre otros. Destacó la importancia de precisar conceptos y que no se confundan.

Enseguida, el diputado Carol Antonio Altamirano,informó que votaría a favor pues se trata de una decisión histórica que defiende la Constitución. Dijo que por la falta de precisión se “daba la vuelta” al destino constitucional de las deudas. Además, cerrará las puertas a los negocios de cuello blanco.

El diputado José Francisco Yunes reconoció el espíritu de la iniciativa “y entendemos qué es lo que quiere limitar y evitar, pero hay técnicas que tenemos la responsabilidad constitucional de resolver aquí”. Mencionó que el porcentaje propuesto para costos de contratación es arbitrario, no se sabe cómo se obtuvo, y alentará otro mercado secundario porque los costos se trasladarán a las tasas.

La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Morena) se pronunció a favor de la propuesta por considerar que es un paso en la dirección correcta para acabar con la corrupción. Precisó que con las reformas no se toca el rédito sino las sobretasas asociadas a las reestructuras.

​A favor, la diputada de Morena, Beatriz Dominga Pérez López afirmó que esta reforma limita el abuso y busca regular una práctica al amparo de los procesos de financiamiento de los gobiernos subnacionales, que al verse regulados y sujetos a aprobación para endeudarse, encontraron una laguna legal para contratar diversos servicios adicionales con tasas que superan los porcentajes del mismo empréstito.

Por MC, el diputado Salvador Caro Cabrera comentó que todo el contenido de la propuesta une a las distintas bancadas, exceptuando el 0.15 por ciento de la tasa de interés. Lo más importante es que avance la iniciativa. Es una medida pertinente, dura y tendrá un efecto marginal en la tasa de interés que servirá a largo plazo a los ciudadanos.

En asuntos generales, la diputada del PRI, EufrosinaCruz Mendoza pidió instalar con seriedad la mesa de trabajo. Además, hacer efectivo el compromiso con los mezcaleros para saldar la deuda que se le debe, y aprobar el dictamen, cuya recaudación de impuestos de este sector sólo representa 0.049 por ciento de la producción de bebidas alcohólicas.

El diputado presidente, Luis Armando Melgar Bravo,señaló que se hizo el compromiso para instalar la mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, de forma permanente. Vamos avanzar en concretar este proceso, aseguró.

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