• Especialistas, académicos, sociedad civil y ex funcionarios externaron sus opiniones respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal

12-02-2021.- En el segundo día del Parlamento Abierto “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, especialistas, académicos, sociedad civil y ex funcionarios externaron sus opiniones respecto a la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados

El evento organizado por la Comisión de Energía, el bloque 2 de la segunda mesa temática “Energías Renovables y Transición Energética”, fue moderado por la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena).

Ponentes

Alejandro Maciel, ex funcionario de la Secretaría de Economía, comentó que la Comisión Federal de Electricidad debe convertirse en la palanca del desarrollo económico, por lo que es necesario la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad.

En este sentido, coincidió con la propuesta de la iniciativa, en particular al despacho de los generadores eléctricos. También consideró que un tema positivo a destacar en la propuesta es la incorporación de un contrato de entrega física. Pidió que se revise y analice la propuesta del Ejecutivo, la cual no está en contra de las energías limpias.

El representante de Iniciativa Climática de México, Ricardo Rubén Cruz Salina indicó que la reforma requiere aportar a la industria eléctrica la ampliación y mantenimiento de las líneas de transmisión para mejorar la confiablidad y eficientar las capacidades y pronósticos de operación del mercado eléctrico mayorista y el sistema nacional.

Asimismo, identificar las mejores prácticas internacionales para adaptar a la energía renovables como se lo hacen en otros países. “La propuesta debe buscar cómo si cumplir con las energías limpias, el Acuerdo de París y el cambio climático”.

El asesor legal de Greenpeace México, Luis Miguel Cano López, consideró que las figuras legales como los compromisos de entrega física, los costos de producción, permisos sujetos a la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, la prioridad del uso de las redes, el despacho de las centrales, se vuelven criterios que desincentivan el uso de energías renovables, lo cual es contrario a los mandatos constitucionales.

Enfatizó si no se cambia ni una coma a la iniciativa, lo más seguro es que en tribunales se tenga que volver a cuestionar, toda vez que desplazar a las energías renovables no es lo adecuado. Agregó que Greenpeace no apoya ningún proyecto de energías renovables que pase por encima de los derechos humanos de las comunidades y personas.

Luis Roberto Escalante, especialista en temas energéticos, señaló que la CFE no tiene ningún interés en revocar los contratos de energía renovables o de autoabastecimiento y el objetivo de esta iniciativa es rescatar a la CFE y sobre todo tener los recursos para modernizarla.

Agregó que el objeto también es modernizar a la CFE y se han hecho ya inversiones muy importantes. Mencionó que en Manzanillo son más de 2 mil megawatts que originalmente quemaban combustóleo y ahora se tiene una planta de gas natural licuado y se ha hecho la conversión para que ahora se queme gas natural.

A su vez, la especialista en energía, Monserrat Ramiro, afirmó que la iniciativa de reforma del Ejecutivo tendrá profundas implicaciones, no sólo para el sector energético, sino para la economía del país, ya que puede generar que México quede rezagado en su capacidad para generar suficiente energía barata, que su base industrial y comercial se mantenga competitiva y que cumpla a los ciudadanos su derecho a un medio ambiente sano.

Pidió a los legisladores considerar que la generación privada ha contribuido a menores costos de suministro, tarifas y costos fiscales, que estos no desplazan producción de la CFE y que el autoabasto es parte del régimen legado que esta cerrado y no representa carga financiera alguna para la Comisión Federal de Electricidad.

Juan Aguilar, consultor independiente de Socios por el Desarrollo, resaltó que la CFE es una empresa de todos los mexicanos y estimó que hay contratos que deben honrarse y otros que deben revisarse; y “sí es necesario fortalecer al Estado y hay cuestiones que deben revisarse para que se tengan una competencia con un piso más parejo”.

Consideró que en la medida en que se puedan conciliar los puntos de vista, finalmente se estará beneficiando a los ciudadanos que necesitan tarifas más baratas, tener garantizado el acceso a la energía y garantías de que todo enfocará a tener un mejor ambiente. Recalcó que hay cosas que se pueden mejorar en la iniciativa.

Sergio Benito Osorio Romero, experto en política energética, estimó que cuando “se habla del despacho eléctrico se hace una exageración porque el hecho de que se deba de tener en cuenta en primer lugar a las hidroeléctricas, no quiere decir que en el despacho forzosamente tendrán que entrar en primer lugar porque depende de las condiciones particulares que el país tenga en un momento determinado”.

Subrayó que se está tratando de “corregir errores que llevaban al despacho eléctrico a tomar simplemente las subastas, no la entrega física, sino las subastas, simplemente que ofrecieran el menor costo, pero que a la postre no era el menor precio sino es el costo más elevado que actualmente tiene el sistema eléctrico nacional”.

El profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y consultor de PNUD/AMEXCID y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Kristiano Raccanello expresó que la propuesta dota a la CFE las facultades para desempeñar sus actividades eficientemente con una competencia justa y equitativa que no sólo beneficiará a la población con un mejor servicio, sino a un uso eficaz de sus recursos.

Agregó que se argumenta que habrá afectaciones a la industria privada y de las energías limpias, sin embargo, esto es falso, toda vez que lo que se plantea delinear las condiciones para competir en el mercado en igualdad de condiciones.

Preguntas y respuestas

Durante este bloque del parlamento, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios cuestionaron a los ponentes sobre si una central de combustóleo contamina igual a dos automóviles viejos; por qué el modelo actual no transfiere al usuario los menores costos sino precios marginales; sobre ¿cómo explica los 11 millones de barriles diarios de petróleo que produce Estados Unidos y con qué se movilizarán los millones de automóviles que todavía utilizan gasolina si se están abandonando estas inversiones en energía fósil?

Además, precisar respecto a lo que debería ser considerado de la reforma y qué y cómo debería ser modificada; qué problemas se ven por el despacho preestablecido por la iniciativa preferente cuando elimina la competencia. Respecto a quién paga la infraestructura de las grandes centrales renovables, las demandas de las redes de transmisión y generales de distribución inteligentes y por qué la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantuvo por tanto tiempo los precios de transmisión.

Luis Roberto Escalante, especialista en temas Energéticos, estimó que dos automóviles viejos no contaminan igual que una central de combustóleo.

Daniel Chacón Anaya, de Iniciativa Climática de México, comentó que una planta como la de Tula probablemente produce aproximadamente 5 millones de toneladas por año, y un coche particular está calculado en 5 toneladas al año.

Montserrat Ramiro, especialista en energía, dijo que, considerando un mismo volumen de combustible, una planta termoeléctrica que quema combustóleo con alrededor de 5 por ciento de azufre, emite al menos cien veces más azufre que un vehículo a diésel o 500 veces más azufre que un coche de gasolina viejo o nuevo. Subrayó que el impacto de las termoeléctricas es tan grande que la planta de Tula contribuye con más de la mitad de toda la contaminación de bióxido de azufre y de partículas finas que respiramos a diario los habitantes de esta zona.

Precisó que en un despacho por costos en donde el precio se fija con el costo variable, si sólo se pagara el costo marginal de cada una de las plantas, “no tendríamos inversiones en plantas nuevas y sería muy difícil poder hacerle frente al crecimiento de la demanda; entonces, esa es la razón por la que en México se paga el costo variable y existen subastas por capacidad de potencia”.

Respecto a qué problema se ven por el despacho preestablecido por la iniciativa, Monserrat Ramiro dijo que le ve varios problemas, pero el más grande es cómo se determinan los precios y qué mecanismo se va a usar para determinar los precios. En términos de la competencia, “si no tienes un mecanismo claro de precio es muy difícil tomar decisiones para la industria porque no tienen manera de planear”.

En cuanto a las energías renovables, indicó que cada vez más éstas energías van a tomar el espacio que hoy tenían los combustibles fósiles, “esto no quiere decir que para algunas cuestiones sigamos utilizando fósiles, pero es estratégico hacia el futuro movernos hacia una matriz energética que integre cada vez renovables”.

Explicó que los precios de transmisión operados por la CRE se realizan a través de la CFE teniendo en cuenta los costos eficientes y se le reconoce un ingreso para su operación y una utilidad razonable, mientras que los todos los costos del Sistema Eléctrico los pagan el usuario o la administración pública a través de CFE o de subsidios etiquetados en el presupuesto.

En tanto, el asesor legal de Greenpeace México, Luis Miguel Cano López, indicó que la iniciativa de reforma son medidas legislativas que tienen por efecto el desplazamiento de las energías renovables, cuando hay un mandato constitucional para fomentar las energías renovables, porque a esas energías no se les va a calificar dentro de la entrega física en conjunto. Subrayó que, habiendo una obligación constitucional de fomento a las renovables, se opta por otro bien constitucional que es el tema del fortalecimiento de la empresa del Estado.

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