• Reconocemos que aún falta mucho por recorrer y fortalecer a los otros poderes, dijo

• Se realizó el Foro Virtual: “Mujeres, Justicia y Paridad”

Durante el Foro Virtual: “Mujeres, Justicia y Paridad”, diputadas, investigadoras, magistradas, especialistas y feministas analizaron los retos para el acceso a la justicia.

La diputada Rocío Villarauz Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó la relevancia de proponer estrategias para avanzar y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia en México, en conjunción con la sociedad civil, la academia y el Poder Judicial.

“Reconocemos que aún falta mucho camino por recorrer y también para fortalecer a los otros poderes, así como la voluntad política de todas y todos en nuestra sociedad”, afirmó.

La transición no ha sido del todo fácil, pero los esfuerzos comienzan a rendir frutos gracias a las modificaciones jurídicas; sin embargo, en el Poder Judicial los cambios han sido más lentos, por lo que es vital reflexionar y, lo más importante, que se aplique la Constitución, señaló.

Sostuvo que con las reformas al Poder Judicial se faculta al Consejo de la Judicatura a concentrar asuntos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos y se modificó el sistema de precedentes judicial para que una sola sentencia sea obligatoria en las entidades federativas y la Federación; esto “traerá una nueva era al sistema jurídico de vital importancia, para lograr justicia en el país y acabar con la impunidad”.

Sostuvo que en la Legislatura de la Paridad de Género se han tenido grandes avances en el fortalecimiento del marco jurídico para mejorar la calidad de vida de las mujeres, se tipificó la violencia digital y obstétrica a través de reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales para robustecer el tipo de feminicidio, sus causas y penas.

Se modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para perfeccionar los mecanismos de violencia de género.

Precisó que se seguirá trabajando en el cierre de la Legislatura y se continuará con las y los legisladores del próximo trienio, en virtud de que el quehacer parlamentario no es de corte legislativo, sino permanente.

Se han visibilizado temas tabúes

La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, sostuvo que durante la LXIV Legislatura se ha avanzado en la paridad y se le dará continuidad en el próximo trienio para luchar siempre por la defensa de los derechos de todas las mujeres.

Destacó la necesidad de legislar en apoyo a las mujeres, pero también es importante llevarlo a la práctica con acciones contundentes como la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral.

Se han visibilizado temas tabúes de discriminación y violencia, como la menstruación, para dotar de productos higiénicos a las niñas. Además, la expedición de la Ley Olimpia es otro logro, la cual se encuentra en 29 estados y en su regulación sólo faltan San Luis Potosí, Nayarit y Tabasco.

Consideraciones de académicas y especialistas

Rosa María Álvarez González, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al referirse a la sentencia del campo algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 a México, afirmó que a la fecha no se sabe cuántas mujeres en realidad fueron desaparecidas y asesinadas sin ser encontradas.

El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, es el más representativo de impunidad y que sigue prevaleciendo en el país cuando se trata de un delito hacia mujeres. “El Estado no ha cumplido cabalmente con esa sentencia”, aseguró.

“No se ha tenido la justicia expedita establecida en la Constitución”. Los precarios resultados de las investigaciones hicieron evidente la incapacidad e indiferencia de autoridades estatales y federales para descubrir lo que ocurrió con la desaparición, violencia, tortura y muerte de centenares de adolescentes y mujeres. “Una tarea pendiente de nuestro país todavía es la impartición de justicia a las mujeres que han sufrido un delito, en particular el feminicidio”.

Maïssa Hubert Chakour, licenciada en derecho y ciencia política y subdirectora ejecutiva de la organización feminista Equis Justicia, propuso modificar el marco legal para fortalecer, regular y repensar el modelo de las órdenes de protección a mujeres, por lo que 23 agrupaciones civiles presentaron una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer un estándar de atención para evitar que sus derechos sean vulnerados.

Asimismo, pidió fortalecer los centros de justicia estatales y federales para las mujeres, por medio de servicios integrales, porque durante la pandemia se ha incrementado la violencia en su contra. Solicitó analizar la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

Karla Michel Salas, abogada feminista y representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, pidió que se atienda la violencia familiar, a fin de disminuir los asesinatos.

Pidió una revisión integral del marco jurídico y no reformas aisladas. “La queja permanente de las mujeres es que dicen de qué sirve tanta ley, si no se aplica”. Desde el Poder Legislativo se deben establecer los remedios para aminorar las dificultades que se presentan en lo cotidiano”. El Poder Judicial debe reaccionar a través de una política integral en materia de prevención, no solo desde una perspectiva policial y punitiva.

Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, subrayó que un reto en la progresividad de los derechos de las mujeres es el de paridad de género en el servicio público en general. El desafío es no perder el espíritu de esa reforma, revertir la brecha de desigualdad y saldar una deuda histórica.

Indicó que el 42 por ciento de las magistradas y 35 por ciento de los juzgadores están ocupados por mujeres, cifra que lucía inalcanzable. Pese a este avance y garantizarles la representación directa, es fundamental continuar con esta labor para acercarlas a la igualdad; un reto adicional es lograr la transversalización efectiva de la perspectiva de género en la función pública.

Alejandra Chávez Camarena, magistrada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, sostuvo que la paridad de género en el Poder Judicial exige impulsar el ingreso, promoción y profesionalización de las mujeres y concebirlo como un objetivo de Estado y factor elemental de justicia, porque la presencia de ellas contribuye a percibir un Poder Judicial más transparente, inclusivo y representativo.

Es preciso, dijo, evitar que la exclusión se siga normalizando bajo criterios y reglas operativas aparentemente neutras. Las mujeres cumplen con los méritos para ocupar los cargos de juezas con un enfoque integral y empático al aplicar la norma con perspectiva de género, a fin de mejorar el acceso a la justicia, dilucidar los estereotipos mejorando la imparcialidad del enjuiciamiento.

En las conclusiones, la magistrada Celia Marín Sasaki, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Pleno de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, afirmó que la participación activa de las mujeres es fundamental para renovar al Poder Judicial y avanzar hacia una mejor sociedad con una visión diferente; “no podemos hablar de democracia sin contemplarlas.

Destacó que es necesario romper las brechas de desigualdad y vigilar que se cumpla la paridad de género en todos los órganos del Poder Judicial, porque se vive la paridad en el Legislativo y en el Ejecutivo, pero en el Judicial “¿cuándo?”, preguntó. En la Ciudad de México sólo se ha tenido una presidenta en el sector, hace 38 años, la magistrada Clementina Gil de Lester, pese a que hay muchas mujeres con capacidad e inteligencia que pueden ocupar ese puesto.

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