- La diputada García Grande (PT) presentó un punto de acuerdo
- El Convenio reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son una amenaza para la igualdad de oportunidades
10-07-2021.- La diputada Ana Ruth García Grande (PT) presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que se lleve a cabo, por parte del Estado mexicano, la firma y ratificación, respectivamente, del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El documento fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen. En las consideraciones menciona que el Convenio 190 de la OIT reconoce en su preámbulo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, que son una amenaza para la igualdad de oportunidades, además de inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. También resalta la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso. Destaca que estas conductas en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, su dignidad y entorno familiar y social, así como la calidad de los servicios públicos y privados y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado del trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente, y son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles. El convenio 190 se adoptó el 21 de junio de 2019, es el más reciente, consta de 8 partes y en total suma 20 artículos, que instan a un alto a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo; es la primera convención internacional que le pone un alto a estas figuras y su misión es que las mismas ya no sean toleradas en ninguno de los sectores, ya sea público, privado, rural y urbano, en el ámbito de la economía formal e informal, precisa. Considera que es dable asumir que “no existe inconveniente alguno en formalizar su firma por parte del Ejecutivo Federal y su consecuente ratificación por parte del Senado de la República, en un contexto de evidente cumplimiento a sus líneas estructurales y postulados de eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”. Agrega que el Estado mexicano viene avanzando en el andamiaje jurídico que dé cada vez mayor certeza y condiciones a la clase trabajadora, la fuerza productiva del país, amén de que también ya algunas instancias internacionales han exhortado a nuestro país a su firma, reconociendo que México ha dado clara muestra de voluntad de adoptarlo. --ooOoo— |
