• Por 453 votos avalaron cambios al Código Penal Federal

• El dictamen, enviado al Senado, busca proteger las áreas naturales

23-03-2021.- La Cámara de Diputados aprobó, con el consenso de 453 votos, el dictamen que reforma y adiciona disposiciones del Código Penal Federal para aumentar penas a quien destruya vegetación, tale árboles o cambie el uso del suelo forestal de cualquier área natural protegida.

Se impondrá pena de dos a 15 años de prisión y de 500 a 10 mil días de multa a quien desmonte o destruya vegetación, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso de suelo forestal en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunales y/o ejidales, señala el dictamen.

Advierte que esta pena se agravará hasta con tres años más, si las conductas se realizan con uso de violencia física y/o de armas de fuego.

Además, establece que se cometerá delito de fraude cuando la regularización de la propiedad en predios o polígonos, lotes o terrenos, urbanos o rurales, tenga una posesión de origen ilegal o carezca de permisos emitidos por la autoridad ambiental correspondiente, ubicados dentro de las áreas naturales protegidas o de aquellos catalogados en el marco de convenciones internacionales.

En el documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, se establece una pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente dañe, deseque o destruya la infraestructura de abasto de agua en presas que formen parte de áreas naturales protegidas o catalogadas en el marco de convenciones internacionales suscritas por México.

Sancionar la tala ilegal en sus múltiples dimensiones

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Rubén Cayetano García (Morena), expresó que el propósito es sancionar la tala ilegal en sus múltiples dimensiones, combatir este fenómeno criminal y proteger a las comunidades indígenas y rurales marginadas.

México tiene una biodiversidad que ronda el 12 por ciento de las especies de flora y fauna conocidas, ubicándose en el quinto lugar a nivel mundial entre los 11 países megadiversos; su riqueza biológica coincide con lugares donde hay comunidades de alto nivel de marginación o población indígena.

Uno de los fenómenos que atentan contra la preservación de la biodiversidad, agregó, es la tala ilegal, que pone en riesgo, en particular, la preservación de bosques y selvas. De acuerdo con investigaciones de la UNAM, el 70 por ciento de la madera que se consume en el país, aproximadamente 14 millones de metros cúbicos, tiene origen ilegal.

Expuso que este problema presenta una segunda dimensión porque del 60 por ciento del territorio nacional que se considera área forestal, aproximadamente el 69 por ciento, es propiedad social de ejidatarios o de comuneros, lo que hace que estas poblaciones sean víctimas frecuentes de otros delitos relacionados, como fraude, amenazas o extorsión.

El dictamen, añadió, considera como fraude la regularización de predios, lotes o terrenos cuya posesión sea ilegal o carezca de los permisos emitidos por la autoridad ambiental correspondiente, o cuando se ubiquen en las áreas naturales protegidas establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

También se establece como circunstancia agravante de delito de despojo de agua, los casos en los cuales la conducta se cometa en los límites de áreas naturales protegidas definidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico o las catalogadas en convenciones internacionales, sin la autorización de la autoridad ambiental.

Se establece una calificativa para el delito de tala ilegal, en los casos en que la conducta se cometa en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunidades y/o ejidales; se precisa una agravante: si en la ejecución de la conducta se utiliza violencia física o armas de fuego.

Endurecimiento de medidas punitivas

Una de las promoventes, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), señaló que México tiene más de 170 mil kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas, pero además de la merma presupuestal de los últimos dos años, “no hemos sido capaces de erradicar prácticas como la tala clandestina, el despojo, la invasión de predios y la ocupación ilegal de terrenos y lotes. Somos la quinta nación que más deforesta su territorio”.

Las reformas, añadió, plantean el endurecimiento de las medidas punitivas y la protección de los recursos naturales, al integrar en las conductas delictivas aquellas acciones de sabotaje o daños a los mecanismos de carga de diversos cuerpos de agua, cuando forman parte de áreas protegidas o catalogadas en los convenios internacionales. También se incluyen consecuencias penales específicas contra la enajenación del patrimonio cultural.

Se robustece el tipo penal contra tala ilícita

El diputado Hugo Adrián Félix Pichardo (Morena) expresó que el dictamen robustece el tipo penal contra la tala ilícita; propone una agravante para el delito cuando éste sea cometido dentro de comunidades indígenas o comunales y se haga por medio del uso de la violencia o utilizando armas de fuego.

Indicó que la tasa de deforestación de México es de aproximadamente 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil hectáreas corresponden a la tala clandestina de árboles; por ello, dijo, el dictamen es pertinente “toda vez que hace frente a esta problemática; se brinda protección a las comunidades indígenas o comunales que se han encargado a preservar la naturaleza mexicana”.

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