• Participaron diputadas y diputados de Morena, PRI, PT, MC y PRD

• Se dieron a conocer los asuntos turnados por la Mesa Directiva

29-10-2021.- La Comisión de Reforma Política-Electoral, presidida por la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), aprobó por unanimidad su Programa Anual de Trabajo, mismo que fue remitido a la Mesa Directiva para sus efectos legales y publicación.

La diputada Sánchez Ortiz expresó que para la elaboración del programa se consideraron las propuestas que diputadas y diputados le hicieron llegar en los tiempos establecidos previamente.

Además, se dio cuenta de los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha turnado a la Comisión, relativos a la modificación de integrantes, tres iniciativas impulsadas por diputadas y diputados de Morena y PT, así como tres puntos de acuerdo presentados por legisladores de Morena, PAN y MC.

Intervención de diputadas y diputados

Desde plataforma digital, el diputado Javier Casique Zárate (PRI) indicó que el plan de trabajo es resultado de un consenso en el que se integraron las propuestas de las y los diputados, pues cada uno “representamos a un determinado número de ciudadanas y ciudadanos que piensan distinto uno del otro; precisamente, es la pluralidad la que enriquece a la democracia”.

Pidió que el debate se dé en un ambiente constructivo que tenga como finalidad perfeccionar la democracia, con un ánimo de interés común. “No debatamos por interés de grupo o de fracción, tenemos la misión de establecer las reglas y ello requiere de nosotros y de un compromiso con la patria, respetemos las instituciones que se han creado”.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) señaló la importancia de la construcción de consensos por el bien de México. Se manifestó por impulsar el diálogo con autoridades e integrantes de los pueblos originarios, barrios, comunidades indígenas y afromexicanos, migrantes, la población de la diversidad sexual, las juventudes y las personas con discapacidad.

Consideró que esa apertura es indispensable en este momento y dará una visión integral sobre las necesidades, los cambios y las reformas en materia político-electoral que impactarán de hoy en adelante en la vida política. Será positivo, dijo, que se trabaje con todos los sectores sociales, académicos, especialistas y los actores involucrados “para no tener una visión sesgada y unilateral”.

Por Morena, el diputado Fernando Marín Díaz expuso que es un plan necesario y ambicioso para las circunstancias que se viven, y es una propuesta acertada. Pidió integrar la invitación a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), como institución especialista de los temas electorales.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana consideró conveniente integrar a la SOMEE, pues realiza el evento más importante de derecho electoral cada año en el país, es una agrupación plural, de gente que conoce del tema y “creo que nos podría aportar ideas y planteamientos interesantes”.

Mediante plataforma digital, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) mencionó que es urgente hacer una revisión y buscar una nueva generación de reformas político-electorales, así como renovar los órganos electorales; por eso, la Comisión está llamada a cumplir tareas fundamentales, “no podemos permitir que se pisoteen derechos ganados en las urnas”.

Refirió que hace días el Tribunal Electoral “de una manera facciosa, le quitó al Partido del Trabajo en el estado de Oaxaca, una diputación local, que habíamos ganado en función de la votación que habíamos tenido por la vía plurinominal, pero, lo increíble, se la quitan a una mujer del PT para dársela a un hombre del PRI”.

También mediante plataforma digital, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) externó su voto a favor del plan de trabajo.

En modalidad a distancia, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) consideró indignante que la Sala Superior haya retirado una diputación a una compañera legisladora de Oaxaca. “La Sala Superior no tiene congruencia en su determinación, cambia de opinión constantemente y no hay criterios a los cuales se ajuste y en los que pueda conceder seguridad jurídica a los gobernados, electores y a los actores políticos; anula elecciones al contentillo”.

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