• Los cambios a la Ley Federal de Sanidad Animal se remitieron al Senado

06-04-2022.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 448 votos a favor, 23 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma la Ley Federal de Sanidad Animal, cuyo objetivo es aumentar las sanciones por tráfico ilegal de ganado; fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Las modificaciones a los artículos 171 y 175 de dicha norma establecen penas de dos a doce años de prisión y multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quien ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, productos para uso o consumo animal y que por cualquier medio evada un punto de inspección y ponga en riesgo la situación zoosanitaria del país.

Además, las penas que correspondan por los delitos previstos se incrementarán en una mitad más para el servidor público que, por sí o interpósita persona, participe en dar acceso a esta importación de ganado a territorio nacional, violando la normatividad sanitaria. Asimismo, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Las reformas señalan que se sancionará con penalidad de dos a seis años de prisión y multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran generarse, a quien, sin tener la documentación que acredite la legal procedencia, transporte, comercialice o sacrifique ganado ilegalmente introducido al territorio nacional.

También se sancionará a quien en cualquier forma altere, reutilice, proporcione información falsa o falsifique los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias.

Al fundamentar el dictamen, la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI) explicó que la finalidad de las reformas es combatir el tráfico de ganado, con lo que se dará certeza legal a las y los ganaderos al evitar este delito que vulnera la estabilidad económica, la salud, la seguridad y soberanía alimentaria.

Detalló que actualmente la pena para este delito es de 2 a 10 años de prisión y multa de hasta mil veces el salario mínimo vigente; por ello, se reforma el párrafo primero de artículo 171 estableciendo una pena de 2 a 12 años y multa de hasta dos mil veces la UMA.

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (Morena) señaló que “pese a la fortaleza de nuestro gran sector ganadero, aún existen grandes retos que debemos superar”. Refirió que, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), desde hace más de 30 años ingresan al país ilegalmente entre 800 mil y un millón de cabezas de ganado anualmente.

Lo anterior, añadió, pone en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra el sector ganadero. El hecho de no cumplir con los estándares en materia de sanidad e inocuidad pone en peligro el consumo interior, las exportaciones, el desarrollo del sector ganadero y la salud de los consumidores.

Indicó que las reformas tienen como principal propósito erradicar el contrabando y robo de ganado, reducir la corrupción, mejorar el control sobre la procedencia del ganado y, por ende, la calidad de alimentos.

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