11-04-2022.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Energía, iniciaron la discusión del proyecto de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.

La reunión, encabezada por los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), y la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena), se lleva a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Hay modificaciones en artículos transitorios

Al dar un resumen del proyecto de dictamen, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz expresó que con antelación suficiente se remitió a las diputadas y los diputados la iniciativa, para estudiarla y, en su caso, proponer argumentos para su discusión y posible modificación.

Mencionó que el proyecto de dictamen consta de más de 250 páginas. La primera parte, narra el proceso legislativo desde la recepción en la Mesa Directiva de la iniciativa de reforma constitucional del titular del Poder Ejecutivo Federal, el turno que se dio a las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, la recepción que de ella se hizo, y las variadas reuniones por separado para discutir de manera indirecta este tema, precisó.

Agregó que también, la primera reunión de las juntas directivas para procesar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a fin de abrir un largo, extenso y profundo Parlamento Abierto, en donde se presentaron muchos ponentes, de la academia, de instituciones de investigación, de colegios, y profesionistas, especialistas, opinadores públicos, funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad.

Además, comentó, el documento hace relación a las 8 iniciativas que se propusieron en el curso de octubre a la fecha por diputados y diputadas que proponían modificar los artículos 25, 27, 28 o alguno de ellos, u otros que tienen que ver con la materia comprendida en esos artículos, pero proponiendo que se utilizara otra disposición constitucional para asiento de su literalidad. Se razona por qué todas estas no se pueden dictaminar en comisiones unidas, por qué no fueron turnadas, salvo una a ambas comisiones, ya que fueron enviadas a una u otra.

Precisó que el documento prevé consideraciones de manera general sobre el fondo de la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo Federal, así como de la trayectoria histórica de la industria eléctrica y de los modelos que ha ido adoptando el país, hasta llegar al vigente que es el aprobado en 2013.

Señaló que hay referencias sobre la convencionalidad y los tratados de los que México es parte y su relación con la propuesta de reforma constitucional y repercusiones que generan puntos de vista contrarios; se razona por qué el proyecto de dictamen encuentra argumentos suficientes para afirmar que la modificación constitucional es conforme con los tratados internacionales, particularmente, con el que está firmado por los países de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.

Indicó que se destaca la nueva naturaleza jurídica constitucional que se propone para lo que hoy todavía es una empresa productiva y lo que se plantea para que pase a ser nuevamente un órgano público, a través del cual, el Estado conduciría el Sistema Eléctrico Nacional, como es la Comisión Federal de Electricidad; su definición y su perfil orgánico puede quedar en ley secundaria o en alguna disposición transitoria.

Se aborda, dijo, el tema de la transición energética, sus alcances y por qué el Estado debe ser, entendiendo a la sociedad en su conjunto, órganos de poder y órdenes de gobierno, la entidad estatal mexicana, primera y última responsable para conducir las políticas públicas en materia de presupuesto, tecnologías, normas, industriales, fabricación de artículos y mercancías que tendrán que ver con la transición, y por qué debe ser el Estado y no cualquier otra instancia que se ocupe y haga responsable.

Precisó que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado jueves, hay un apartado sobre la propuesta del Ejecutivo de disponer en el texto constitucional, por ministerio constitucional, la cancelación de los permisos y de los contratos vigentes en la materia y, por qué a partir de eso, propone un nuevo régimen constitucional.

El diputado Juan Ramiro Robledo refirió que se dictaminó de manera implícita una propuesta de una diputada del PRI, en el artículo 25 y no en el artículo 4, como lo proponía la legisladora, sobre el concepto del derecho humano. Además, considera la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Argumentó que el proyecto de dictamen, aprueba en sus términos la iniciativa del Presidente de la República y hace algunas modificaciones en la propuesta de decreto. Se modifican los artículos transitorios para reacomodarlos, a fin de dejarlos con mejor lógica y entendimiento

También, dijo, se acotó el alcance de la expresión “otros minerales estratégicos para la transición energética, acompañando el litio, deberían declararse como un área de la economía del país que solo puede ser explotada y aprovechada por el Estado, si bien a través de un régimen jurídico que permita la participación de terceras personas públicas o privadas; será cuestión de definirse en una ley secundaria”.

Añadió que ahí, lo que se hizo fue acotar el alcance de la palabra “otros minerales estratégicos” acudiendo a la Ley de Minería que antes tenía una expresión curiosa que se toma y se repite en el transitorio último del proyecto de decreto y que es una denominación de tierras raras, pero que en la vigente Ley de Minería ya no está. “Es decir, se salvan todos los demás minerales y solo aquellos que se consideran históricamente como tales son los que podrían servir como estratégicos para acompañar al litio en la transición energética”.

Un agregado más, derivado del Parlamento Abierto, se trata de que se abrió el espacio para que el sector social participe en el proceso de la industria eléctrica, en donde órganos públicos, como los ayuntamientos puedan generar para autoabastecimiento legítimo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, llamó a construir diálogo y que los trabajos se desarrollen de una manera armoniosa y propositiva.

A continuación, se dio paso a las intervenciones a favor y en contra del proyecto de dictamen.

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Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Energía, iniciaron la discusión del proyecto de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.

La reunión, encabezada por los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), y la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena), se lleva a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Hay modificaciones en artículos transitorios

Al dar un resumen del proyecto de dictamen, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz expresó que con antelación suficiente se remitió a las diputadas y los diputados la iniciativa, para estudiarla y, en su caso, proponer argumentos para su discusión y posible modificación.

Mencionó que el proyecto de dictamen consta de más de 250 páginas. La primera parte, narra el proceso legislativo desde la recepción en la Mesa Directiva de la iniciativa de reforma constitucional del titular del Poder Ejecutivo Federal, el turno que se dio a las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, la recepción que de ella se hizo, y las variadas reuniones por separado para discutir de manera indirecta este tema, precisó.

Agregó que también, la primera reunión de las juntas directivas para procesar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a fin de abrir un largo, extenso y profundo Parlamento Abierto, en donde se presentaron muchos ponentes, de la academia, de instituciones de investigación, de colegios, y profesionistas, especialistas, opinadores públicos, funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad.

Además, comentó, el documento hace relación a las 8 iniciativas que se propusieron en el curso de octubre a la fecha por diputados y diputadas que proponían modificar los artículos 25, 27, 28 o alguno de ellos, u otros que tienen que ver con la materia comprendida en esos artículos, pero proponiendo que se utilizara otra disposición constitucional para asiento de su literalidad. Se razona por qué todas estas no se pueden dictaminar en comisiones unidas, por qué no fueron turnadas, salvo una a ambas comisiones, ya que fueron enviadas a una u otra.

Precisó que el documento prevé consideraciones de manera general sobre el fondo de la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo Federal, así como de la trayectoria histórica de la industria eléctrica y de los modelos que ha ido adoptando el país, hasta llegar al vigente que es el aprobado en 2013.

Señaló que hay referencias sobre la convencionalidad y los tratados de los que México es parte y su relación con la propuesta de reforma constitucional y repercusiones que generan puntos de vista contrarios; se razona por qué el proyecto de dictamen encuentra argumentos suficientes para afirmar que la modificación constitucional es conforme con los tratados internacionales, particularmente, con el que está firmado por los países de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.

Indicó que se destaca la nueva naturaleza jurídica constitucional que se propone para lo que hoy todavía es una empresa productiva y lo que se plantea para que pase a ser nuevamente un órgano público, a través del cual, el Estado conduciría el Sistema Eléctrico Nacional, como es la Comisión Federal de Electricidad; su definición y su perfil orgánico puede quedar en ley secundaria o en alguna disposición transitoria.

Se aborda, dijo, el tema de la transición energética, sus alcances y por qué el Estado debe ser, entendiendo a la sociedad en su conjunto, órganos de poder y órdenes de gobierno, la entidad estatal mexicana, primera y última responsable para conducir las políticas públicas en materia de presupuesto, tecnologías, normas, industriales, fabricación de artículos y mercancías que tendrán que ver con la transición, y por qué debe ser el Estado y no cualquier otra instancia que se ocupe y haga responsable.

Precisó que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado jueves, hay un apartado sobre la propuesta del Ejecutivo de disponer en el texto constitucional, por ministerio constitucional, la cancelación de los permisos y de los contratos vigentes en la materia y, por qué a partir de eso, propone un nuevo régimen constitucional.

El diputado Juan Ramiro Robledo refirió que se dictaminó de manera implícita una propuesta de una diputada del PRI, en el artículo 25 y no en el artículo 4, como lo proponía la legisladora, sobre el concepto del derecho humano. Además, considera la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Argumentó que el proyecto de dictamen, aprueba en sus términos la iniciativa del Presidente de la República y hace algunas modificaciones en la propuesta de decreto. Se modifican los artículos transitorios para reacomodarlos, a fin de dejarlos con mejor lógica y entendimiento

También, dijo, se acotó el alcance de la expresión “otros minerales estratégicos para la transición energética, acompañando el litio, deberían declararse como un área de la economía del país que solo puede ser explotada y aprovechada por el Estado, si bien a través de un régimen jurídico que permita la participación de terceras personas públicas o privadas; será cuestión de definirse en una ley secundaria”.

Añadió que ahí, lo que se hizo fue acotar el alcance de la palabra “otros minerales estratégicos” acudiendo a la Ley de Minería que antes tenía una expresión curiosa que se toma y se repite en el transitorio último del proyecto de decreto y que es una denominación de tierras raras, pero que en la vigente Ley de Minería ya no está. “Es decir, se salvan todos los demás minerales y solo aquellos que se consideran históricamente como tales son los que podrían servir como estratégicos para acompañar al litio en la transición energética”.

Un agregado más, derivado del Parlamento Abierto, se trata de que se abrió el espacio para que el sector social participe en el proceso de la industria eléctrica, en donde órganos públicos, como los ayuntamientos puedan generar para autoabastecimiento legítimo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, llamó a construir diálogo y que los trabajos se desarrollen de una manera armoniosa y propositiva.

A continuación, se dio paso a las intervenciones a favor y en contra del proyecto de dictamen.

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