• La Comisión de Reforma Política-Electoral avala cambios a las leyes General de Partidos Políticos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

• Las y los diputados emiten posturas a favor y en contra

14-02-2022.- La Comisión de Reforma Política-Electoral, presidida por la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), aprobó en lo general y en lo particular, con 26 votos a favor, once en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto en materia de renuncia parcial y/o devolución del financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

​La reforma es a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y adiciona el artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En votación económica se avaló agregar una reserva relativa a los tres artículos, presentada por la diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI).

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Argumentó que el proyecto debe tratarse con prudencia porque su resolución deberá impactar para bien de la ciudadanía. Agregó que de no afinarse algunos aspectos pueden “abrir puerta a la discrecionalidad”.

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Dicha reserva propone sustituir algunos términos como la palabra reintegrar en lugar de devolver, concepto adecuado para temas financieros por ser más exacto, señaló.

​Eliminar el término “entre otros” de la redacción del dictamen, porque viola el principio de certeza y certidumbre jurídica y abriría paso a posibles actos discrecionales que no sean específicos para emergencias o desastres naturales.

​En el segundo resolutivo, propuso eliminar “el texto final” para dejar claro que el empleo de esos recursos solo será en las condiciones determinadas en el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos.

Ley General de Partidos Políticos

​En la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 23 se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al inciso d) del numeral 1, para establecer que los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes.

​Lo anterior, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros, agrega.

​Destaca que la devolución de recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento.

​Los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido.

​En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos políticos o de remanentes del ejercicio, por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido, tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente.

​La devolución de los remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en tanto no sea presentado a la Unidad Técnica el informe anual previsto en el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente ley.

​En el artículo 25 se adiciona un último párrafo al numeral 1, sobre obligaciones de los partidos políticos, para establecer que no constituirá una falta la renuncia o devolución del financiamiento público que en su caso realicen los partidos políticos en los términos del inciso d) del numeral 1, del artículo 23 de esta ley.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

​En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria adiciona el artículo 19 Ter, para fijar que los ingresos, por concepto de aprovechamientos, que correspondan a las disponibilidades o remanentes de recursos que los partidos políticos enteren a la Tesorería de la Federación, en términos del artículo 23, numeral 1, inciso d), cuarto párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, podrán ser destinados por la secretaría preferentemente para coadyuvar con los programas o acciones en materia de atención a desastres naturales, salud, educación, entre otros, agrega.

Posiciones a favor

​Por Morena, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia consideró que los partidos políticos deben tener el derecho de poder renunciar y devolver los recursos asignados, sobre todo si pueden invertirse para atender la salud pública y situaciones extraordinarias. “Queremos cambiar la forma de hacer política, no creemos en el despilfarro del dinero público ni excesivo financiamiento que reciben los partidos políticos”.

​De la misma bancada, el diputado Rafael Hernández Villalpando comentó que esta reforma es un derecho que se otorga a los partidos políticos, que como instituciones de interés público tienen una obligación ética y moral. “Es generosa y bondadosa la reforma. Vemos bien que los partidos políticos ante eventualidades como la pandemia, podamos apoyar a mejorar las condiciones y circunstancias de atención a la salud por haber contraído esta enfermedad”.

​Pedro Vázquez González, diputado del PT, apuntó que los partidos políticos no pueden estar ajenos a las necesidades de los ciudadanos; por ello, se les dota de un mecanismo legal que permita redireccionar los recursos asignados para paliar las necesidades urgentes de la población. La clase política debe ser empática y acompañar a la población; el no hacerlo, sería tener una actitud mezquina. “No es momento de regatear a la población”. Llamó a apoyar la propuesta sin filias ni fobias.

​Del PRI, el diputado Javier Casique Zárate señaló que su bancada mostrará la mayor altura de miras para conciliar puntos de vista y posiciones que pudieran ser contrastantes. Este dictamen rebasa en su significado el propio tema de la devolución de prerrogativas. En los temas de reforma electoral hay mucho qué discutir y tendrá que llevar todo el tiempo que sea necesario. “Tenemos un compromiso histórico en torno a la reforma electoral, las que ha habido han respondido a momentos definitorios de la vida nacional, han sido impulsadas venciendo resistencias en muchos momentos”.

​La diputada de Morena, Simey Olvera Bautista, aseguró que no es un asunto electoral, porque desde hace dos años se propuso la devolución de recursos y no se aceptó. La gente dice que no gastan bien el dinero los partidos políticos y no quiere más derroche; manejan muchos recursos, pero obtienen menos votos en las elecciones, no es posible.

​El diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, afirmó que su bancada presentará una reserva para hacer más preciso este ejercicio. Afirmó que este proyecto es correcto y que no haya pretexto de que el recurso recibido pueda ser devuelto con el objeto de que se destinen cuando se registren catástrofes naturales, plagas o epidemias. La pandemia sigue afectando y hay que prever en el futuro las necesidades que se tendrán para atenderla.

En contra

​Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell apuntó que esta iniciativa, aparentemente noble, es un error. Aseguró que los partidos políticos ya están facultados para solicitar al INE la renuncia al financiamiento que no se les ha sido otorgado, “ya se puede, no hace falta hacer ninguna reforma. No agregan nada nuevo, están reiterando una obligación que ya tiene, que la ministración mensual ya otorgada pueda devolverse directa a la Tesorería de la Federación, sin necesidad de pasar por el INE, lo cual no es posible porque sólo pueden utilizarse los recursos ya entregados para los fines establecidos por la ley.

​Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez propuso analizar la propuesta, porque puede utilizarse para fines electorales. Se hace uso de argumentos tramposos más allá de la buena fe, al no garantizarse que los recursos devueltos se destinen a comprar vacunas, medicamentos o a educación. Dijo que contiene una redacción ambigua. “No quieran engañarnos con un falso debate de que los partidos políticos salen caros, es el dinero mejor gastado, porque fomenta el pluralismo de la vida democrática”.

​De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo aclaró: “La iniciativa es sumamente importante y relevante. No es que no estemos de acuerdo en torno a devoluciones o remanentes”; sin embargo, el dictamen es débil, tiene deficiencias y no está sustentado, porque es vago el concepto de preferentemente, no define hacia dónde se orientan los recursos, la Tesorería no tiene mecanismos para asegurar que los recursos lleguen a los rubros planteados y se establecerían dos rutas de devolución de recursos: el INE y la Tesorería. Es un asunto de orden administrativo, no de mala voluntad.

​También de MC, la diputada Ivonne Ortega Pacheco sostuvo que la propuesta es una simulación y obedece al objetivo particular del partido en el poder. “Estamos para legislar por el interés general de la ciudadanía no por intereses particulares. El derecho de los partidos de devolver los recursos públicos ya existe y hay condiciones para hacerlo, no es algo nuevo”. Afirmó que se tiene el riesgo de utilizar este tipo de acciones de forma electorera.

​Del PAN, el diputado Paulo Gonzalo Martínez López consideró que el dictamen no está sólido, ni sustentado. Pidió analizarlo en función de los acuerdos 86 y 1795 del INE del 2020 y 2021, respectivamente. La propuesta es débil, derivado de que no hay una opinión propia de cómo deben ser manejados, en su caso, los recursos públicos devueltos. Pidió fundamentar el documento con visiones del INE y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

​Por el PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván refirió la pésima redacción del dictamen, que hará necesario que el INE en su función de unidad administrativa, aclare los supuestos no regulados en que se pueden devolver los recursos, para establecer los “cómos” y puedan destinarse en los rubros que se plantean, porque no hay claridad en el marco normativo.

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