10-03-2022.- Durante la instalación del Grupo de Trabajo para la Legislación en materia de Justicia Cotidiana, impulsado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrantes de diversos grupos parlamentarios y especialistas emitieron sus puntos de vista.

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz refirió la importancia de expedir esta legislación nacional en materia procesal civil y familiar, partiendo de un hecho incontrovertible: “Se trata de hacer efectiva la garantía de, cuando menos, tres derechos humanos como el acceso a la justicia, de tutela jurisdiccional efectiva y de seguridad jurídica”.

Por el PVEM, la diputada Sonia Mendoza Díaz refirió la importancia de instalar este grupo de trabajo y los grandes retos que tiene la LXV Legislatura. Este equipo tendrá que hacer historia para construir el mejor código en materia de justicia cotidiana, permitirá cumplir con los principios de transversalidad y unificación de criterios jurídicos para dar certeza y acceder a la justica de forma pronta y ágil.

Yolanda de la Torre Valdez, diputada del PRI, sostuvo que este tema es de la vida diaria, porque el 70 por ciento de los procesos tramitados en el país son de naturaleza familiar y civil. Este nuevo código traerá modernidad y generará un piso único para las y los ciudadanos, que todos sean de primera con un procedimiento que garantice sus derechos y contemple el uso de las nuevas tecnologías.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) puntualizó la relevancia del inicio de este trabajo parlamentario que subsanará la desigualdad en la impartición de justicia con la existencia de tantos códigos en el país. La tarea no es menor, implica una seria reflexión y análisis sobre las diferencias geográficas y sociales.

De Morena, el diputado Jorge Luis Llaven Abarca apuntó: “enfrentamos un gran desafío de construir una legislación de avanzada, incorporando conceptos nuevos como la justicia restaurativa y evitar que los problemas familiares se judicialicen, a fin de que la justicia sea pronta y expedita”.

Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), de la Cámara de Diputados, señaló que es apremiante contar con este código nacional porque se requieren reglas modernas para resolver de manera judicial los conflictos civiles y familiares generados en el país. Será la base de la supletoriedad de la toda la legislación procesal con carácter nacional.

Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, apuntó la relevancia de construir el código más importante en la historia contemporánea y jurídica de México. Advirtió que es una tarea titánica que implicará adecuar todas las leyes generales y federales derivadas de esta normativa.

Consideraciones de las y los especialistas

Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, consideró que el nuevo código nacional deberá comprender y regular el desarrollo y consolidar el sistema de impartición de justicia oral, privilegiar los medios alternativos de solución de conflictos involucrando a todos los participantes y garantizar juicios más imparciales.

Estela Fuentes Jiménez, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, comentó que implementar un código nacional coadyuvará a unificar instituciones y procedimientos, para que todas las personas accedan de manera pronta y expedida al sistema de justicia. Resaltó que aplicarlo de manera supletoria en los tribunales administrativos locales y federales será muy importante.

José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Instituto Mexicano de la Mediación, apuntó que será una legislación de transición entre los juicios escritos a orales, tendrá un conjunto de elementos transitorios de la mayor importancia. Si eso no se cuida se pueden afectar los procesos presentes y futuros, así como la supletoriedad en muchos rubros. Alertó qué si queda mal se afectará toda la supletoriedad, lo cual es delicadísimo.

Julio César Ponce, jefe de la División de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM, planteó que debe asumirse con gran responsabilidad la construcción de este marco jurídico, con el fin de armonizar la norma y las necesidades sociales a través de la participación de la ciudadanía, academia, sociedad civil organizada y operadores jurídicos, con sustentos institucionales y normativos.

María Alejandra Almazán Barrera, magistrada del Tribunal de Justicia del Estado de México, dijo que debe cuidarse que en la transición a la oralidad se prevean los medios técnicos y las figuras para lograrlo. Destacó la importancia de atender las diferencias sociales y culturales evidentes que existen en todo el país que aseguren el acceso a la justicia cotidiana.

Ismael González Parra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, refirió la necesidad de incorporar en el código nacional las propuestas vertidas en el proyecto elaborado por dos años y medio que plasmaron los impartidores de justicia de todo el país. Entre los aspectos relevantes señaló los medios alternos de solución de conflictos buscando la justicia compasiva y restaurativa, como un nuevo paradigma en los procesos familiares.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, Marisol Castañeda Pérez, subrayó que con este nuevo código nacional habrá simplificación en los litigios, evitará la contradicción de criterios y la incertidumbre jurídica. Esta legislación es especialmente importante porque es supletoria prácticamente a todo el sistema jurídico y porque las controversias en materia familiar son las de mayor porcentaje.

Raúl Pérez Johnston, representante del Instituto Mexicano del Estado de Derecho, planteó la necesidad de adecuar las demás legislaciones procesales para eliminar formalidades que pudieran impedir la resolución del fondo de los conflictos. Llamó a no olvidar el análisis que se tiene que realizar del resto de la normativa procesal para mejorar la calidad del acceso a la justicia cotidiana.

La presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Claudia de Buen Unna, propuso privilegiar que la mediación se convierta en un requisito para admisión de cualquier demanda, en todos los litigios, sobre todo en lo familiar, para que las partes en conflicto tengan que acreditar una plática previa de mediación, con el objetivo de disminuir el número de asuntos en todos los ámbitos.

María Guadalupe Hernández Ruiz, jefa de la División de Posgrado de las Facultad de Derecho de la UNAM, externó la disposición de los universitarios de trabajar conjuntamente con las y los legisladores para elaborar un código nacional que requiere la sociedad y dar respuesta a sus necesidades, sobre todo porque el mayor porcentaje de demandas son de material civil y familiar en los tribunales.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, planteó que deberán existir partidas presupuestales idóneas para que se implemente este código general y no se quede meramente en una norma, para que los diferentes tribunales tengan infraestructura, si no difícilmente se podrá cumplir la obligación de una verdadera y mejor impartición de justicia.

María del Pilar Ortega Martínez, exdiputada federal y promotora de una iniciativa en torno al código nacional, dijo que la tarea de construir esta legislación es enorme, pero será única y aplicable en todo el país y tendrá como efecto la desaparición del resto de los códigos procesales estales y federal. “Sí, estamos hablando de una labor titánica”.

José Antonio Caballero Juárez, profesor e investigador del CIDE, apuntó que estamos en una crisis en este momento en la justicia, pero se deben generar estándares claros de justicia a la luz de un nuevo código en la materia.

Moisés Castro Pizaña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, expresó su disposición para realizar una labor conjunta que ayude a tomar buenas decisiones y se integren los conceptos para atender los reclamos de justicia cotidiana, a través del Parlamento Abierto que se convocará para escuchar a los expertos.

Eduardo Méndez Sánchez, en representación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, refirió que la Cámara de Diputados tiene un reto fundamental para la vida de las personas de menos recursos, las cuales requieren un esfuerzo de esta dimensión. Celebró los esfuerzos que se inician y lleguen a la mejor conclusión posible en beneficio de toda la ciudadanía.

José Luis Amaro Jaramillo, director de Cooperación Procesal Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que estamos en un momento histórico que no se puede dejar pasar por la transcendencia de este nuevo marco jurídico, dado que hay temas altamente sensibles que no están debidamente regulados o que han quedado superados y que con este ordenamiento podrán atenderse, donde la digitalización servirá para avanzar en los procesos judiciales.

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