El secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Francisco Coronato Rodríguez, consideró que México no puede seguir indiferente ante los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos y pidió a la cancillería garantizar que los connacionales sentenciados, un juicio justo.

Recordó que para el 9 de abril próximo se contempla la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llamas, de 44 años, en Houston, Texas.

“De llevarse a cabo, constituiría el quinto caso de un nacional asesinado, pese a haber sido favorecido por la resolución del caso Avena”, emitido por la Corte de La Haya hace diez años, al detectar que las cortes del vecino país del norte no habían aplicado el debido proceso a los mexicanos, destacó.

Recordó que esa sentencia determinó que deberían ser reconsideradas las condenas a muerte de Ángel Reséndiz, José Ernesto Medellín, Humberto Leal y Edgar Tamayo; sin embargo, todos fueron ultimados por inyección letal en 2006, 2008, 2011 y 2014, respectivamente.

Por lo tanto, dijo, “no podemos seguir indiferentes ante estos graves atropellos, los cuales exigen reforzar las acciones diplomáticas que permitan poner un alto a actos de crueldad en contra de nuestros compatriotas, quienes merecen un trato con apego a derecho tal y como lo determinó la justicia internacional”.

Por ello, pidió, que la SRE emprenda las acciones necesarias que permitan “la protección efectiva del derecho al debido proceso de los connacionales condenados a la pena capital en los Estados Unidos”.

También, solicitó la aplicación de los mecanismos diplomáticos por los que se constriña a ese país a revisar y considerar sus veredictos de conformidad con lo ordenado por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en relación con el Caso Avena y otros connacionales mexicanos.

Asimismo, destacó el representante de Movimiento Ciudadano, la necesidad de que la SRE esté atenta a que se brinde la defensa jurídica a todo connacional que sea juzgado en el extranjero, respecto a su derecho de presentar las pruebas científicas que correspondan, según el artículo 20 constitucional.

Consideró necesario que la dependencia federal y el Senado de la República implementen mecanismos que permitan capacitar a los funcionarios de los consulados mexicanos en el mundo, en materia de derechos humanos y asistencia consular, para ofrecerla a los connacionales que puedan estar sujetos a un proceso judicial.

Coronato Rodríguez puntualizó que el proceso judicial del mexicano Edgar Tamayo Arias, de 46 años, ejecutado en Houston, Texas, el pasado 22 de enero, por el asesinato de un policía en 1994, presentó un sinnúmero de irregularidades, “siendo la más grave la de no haberle permitido recibir asistencia consular, lo que derivó en una clara violación a su derecho al debido proceso”.

Hizo notar que la asistencia consular es una figura contenida en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, prerrogativa reconocida a todo extranjero detenido fuera de su país de origen a recibir representación jurídica por parte de su consulado, en tanto se encuentre privado de la libertad y sometido a proceso penal.

Dicho tratado, agregó, ha sido ratificado por 175 naciones, incluido Estados Unidos, por lo que la ejecución del morelense transgredió gravemente las obligaciones contraídas internacionalmente por el vecino país./arm/m