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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza un punto de acuerdo para que las secretarías de Gobernación y de Salud emprendan acciones de prevención del VIH/Sida en los centros de readaptación social, toda vez que el riesgo de infección en las prisiones es alto, debido a la concentración poblacional. A través de un punto de acuerdo, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), expuso que las condiciones de hacinamiento, mala nutrición y servicios no óptimos de salud en las prisiones, fomentan los índices de contagio. Consideró que “deben atenderse los casos de salud de los internos, pues en el futuro un gran número de ellos se incorpora a la sociedad, y si son portadores de alguna enfermedad como el sida, podrían convertirse en un problema de salud pública”. Señaló que entre el 2000 y 2008, se triplicó la población de los centros penitenciarios sólo en el Distrito Federal, lo que dificulta la atención médica y la excarcelación para ese fin. Nolasco Ramírez precisó que según la Onusida, en 2012 habitaban en México 170 mil personas con este padecimiento. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), las edades de mayor contagio son entre los 25 y 34 años, siendo en el grupo de 30 a 34 los de mayor índice con 32 mil 752 casos, de los que el 84.3 por ciento son hombres. Refirió que la mayor parte de los casos de Sida notificados históricamente por entidad federativa son el Distrito Federal, con 24 mil 934 casos; Estado de México, con 17 mil 245; Veracruz, 14 mil 653; Jalisco, 12 mil 234, y Puebla, 7 mil 166. En referencia a los casos notificados como seropositivos, el Distrito Federal cuenta con 9 mil 498; Veracruz, 5 mil 652; Estado de México, 2 mil 458 y Chihuahua, 2 mil 043. En el documento, la diputada subrayó la necesidad de garantizar los derechos de no discriminación y acceso a los medicamentos de aquellas personas portadoras del VIH/Sida, principalmente las que están en prisión. Así también fortalecer el sistema de vigilancia de VIH/Sida, rediseñar las acciones de promoción de la salud y promover la práctica de acciones de prevención y de participación social. En especial, continuó, se requiere promover el fortalecimiento de monitoreo de los presos de nuevo ingreso y de los que ya ocupan las cárceles, para prevenir una red de contagios. La legisladora dijo que los costos de atención para las familias de personas con VIH/Sida son elevados, por lo cual se deben garantizar las medidas mínimas para evitar su empobrecimiento por afectaciones a su economía./arm/m |
