Tras la detención y arraigo del Secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, quién es investigado por sus presuntos nexos con Los Caballeros Templarios, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, pidió no hacer juicios a priori sobre la responsabilidad del funcionario.

Las investigaciones deben llegar a fondo, sin violentar su derecho al debido proceso, indicó el legislador.

Aureoles Conejo insistió en que la autoridad debe actuar conforme a derecho, llegar a las últimas consecuencias y los actores políticos no pueden juzgar antes de que las investigaciones den resultados.

Al manifestar que ni siquiera es conveniente entrar al terreno del análisis de sí la detención del funcionario se debió a problemas con el gobernador Vallejo, advirtió que de ser así, el escenario sería de cobro de facturas y ajuste de cuentas "muy peligroso".

Manifestó que en Michoacán ya hay muchos rumores, dudas y sospechas sobre la presunta relación entre funcionarios del gobierno local y organizaciones delictivas, como las entrevistas que en su momento ofrecieron la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón o el líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles.

Por ello no se puede entrar en discusiones que generan confusión y que se sustentan en información periodística, pero sin pruebas fehacientes.

"Lo vimos aquí antier con lo, o no sé qué día, con este asunto de la posible red de trata en el Distrito Federal. Fue una investigación periodística, pero tiene que haber la investigación judicial para que se deslinden las responsabilidades y se aplique la ley a quienes la hayan violentado", demandó.

De modo que las indagatorias deben llegar "tope a donde tope", para ponerle fin a la impunidad

"Estos dimes y diretes, estos hechos ciertos o no ciertos, le han hecho un daño al estado de Michoacán, muy grande. A los michoacanos nos ha golpeado terriblemente esta incertidumbre, esta duda de si hay una división clara entre quienes violentan la ley y quiénes son los responsables de aplicarla y cumplirla o cumplirla y aplicarla", sentenció.

En cuanto a un posible nuevo Michoacanazo, el legislador perredista aceptó que sus paisanos están "un poco ciscados" porque el sexenio anterior "se la pasaban arraigando a todo el mundo" y al final de cuentas no hubo pruebas contra los señalados.

"Si no hay elementos para la presentación y arraigo del ex Secretario de Gobierno, se va a presentar a la especulación de que hubo acuerdos y que finalmente decidieron nos procesarlo, va a quedar una nube de dudas que, insisto, en nada ayuda", y es por ello que se requiere una investigación profesional, recalcó.

Por su parte, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, pidió que las investigaciones contra Reyna no sean utilizadas para deslindar de la crisis en ese estado al gobernador Fausto Vallejo y "limpiarle la cara".

El coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal, también se pronunció a favor de que la Procuraduría General de la República (PGR) actúe con sumo cuidado, porque se corre el riesgo de caer en un “Michoacanazo 2”.

Monreal Ávila lamentó que el territorio michoacano siga siendo "el laboratorio de experimentos político-policiacos-electorales" del Gobierno Federal.

Al recalcar que Reyna también fue gobernador, aunque interino, el legislador de izquierda expuso que "debería actuarse con gran cautela y con apego al debido proceso, porque se corre el riesgo de estar ante un Michoacanazo Dos. El arraigo al que está sometido huele a eso; es decir, al retorno de las prácticas del gobierno pasado, donde primero se arraiga y después se integra la averiguación. Ojalá sea un caso sólido y no la primera de una serie de pifias jurídico-políticas", expresó.

El ex gobernador de Zacatecas agregó que sin ofender a nadie, se debe dar el beneficio de la duda al funcionario, aunque ello no significa que se aliente la impunidad.

Aunado a ello, puntualizó que es riesgoso desarmar a las autodefensas cuando los grupos del crimen organizado no han sido abatidos y el Estado no garantiza seguridad, porque ello podría descomponer aún más el estado de cosas en Michoacán. ys/m.