Los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobaron un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que ponga en marcha, en coordinación con las instancias correspondientes, campañas permanentes que estimulen la donación de órganos y tejidos en México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), existe una lista de 17 mil 66 personas en espera de un órgano o tejido; más de 50 por ciento de los que están inscritos tienen falla crónica o están en etapa terminal y su oportunidad para vivir es a través de una donación, pero desgraciadamente muchos fallecen durante la espera.

La cifra de pacientes en espera de trasplante, además, ha aumentado 37.7 por ciento desde 2011 y seguirá creciendo si no se hace algo al respecto para satisfacer la demanda.

El Cenatra mencionó que en México sólo 375 hospitales están autorizados para obtener órganos, los cuales representan 32 por ciento de los mil 169 nosocomios del sector público, por lo que es necesario ampliar y adaptar más para que estén en condiciones de realizar trasplantes por medio de infraestructura especializada.

El dictamen de la iniciativa sostiene que la donación es un tema no muy aceptado en México por falta de difusión, desconocimiento, tabúes, creencias religiosas y costumbres, lo cual “es lamentable ya que por no contar con una cultura en la materia, muchos órganos terminan descomponiéndose o en el crematorio”.

También explica que la donación se rige por los principios de altruismo, por lo que debe impulsarse una cultura en este sentido para garantizar los derechos de los pacientes a recibir un órgano o tejido, e informando con claridad a los que están en disposición y condiciones de convertirse en donadores.

Abunda que la ley establece que cualquier persona mayor a 18 años puede expresar su voluntad de ceder órganos y tejidos, mediante la firma de un acta de donación.

Con una cultura así, “la familia tendría el conocimiento y la plena aceptación de esta decisión y ya no habría tantos problemas como se dan actualmente en el momento en que fallece el donante”, subraya.

En el documento los legisladores coinciden en que la única manera de resolver la escasez de órganos para trasplantes es tener más donantes; “cuantos más haya, mayor será el número de vidas que pueden salvarse. Esto se logrará promoviendo la cultura de la donación”.

Asimismo, agrega, “la diferencia entre la vida y la muerte está en la difusión y concientización de la población, educándola para ser donador y, con ello, ayudar a salvar o mejorar la calidad de vida de otro ser humano”.

Este grupo de trabajo legislativo también aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a emitir el nuevo reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes.

El dictamen que sustenta la iniciativa explica que en diciembre de 2011 se aprobaron modificaciones a la referida ley, donde se establece una política mucho más moderna en cuanto a donación de órganos y trasplantes; no obstante, el reglamento no ha sido elaborado.

Destaca que en México se trasplantan órganos desde hace 40 años y en ese lapso se han realizado 35 mil cirugías, 80 por ciento de las cuales se realizaron gracias a donadores vivos.

Sin embargo, México representa una de las naciones con la tasa más baja de donantes fallecidos a nivel mundial, registrando poco más de tres por millón de habitantes, mientras que países como España cuentan con una tasa de 39.3 por millón.

Detalla que existen 423 programas de trasplantes, pero muy pocos se llevan a cabo por la falta de profesionalización y capacitación de quienes prestan el servicio, no obstante que cada unidad con licencia para el manejo y la extracción de órganos debe tener un esquema de profesionales de la salud.

Las modificaciones a la Ley General de Salud fueron promulgadas con el fin de dar mayor transparencia al proceso de trasplante de órganos, así como garantizar el incremento de donaciones para cubrir la demanda de las personas en la lista de espera, sostiene el dictamen.

Debido a que no existe un reglamento a estas reformas, que representaron un gran avance, “siguen paralizadas y no pueden ser empleadas para mejorar la situación de quienes esperan un trasplante”, concluye el texto.