La legisladora Karina Labastida Sotelo, adelantó que presentará al Pleno un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a las entidades federativas a elaborar y aplicar protocolos de investigación para el delito de feminicidio.

En entrevista, la secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, indicó que mientras este fenómeno continúa a la alza, las autoridades federales y estatales siguen ignorando la gravedad de este problema nacional.

Aclaró que la solución no es incrementar las penas, toda vez que hay entidades como Veracruz en donde este delito se castiga hasta con 70 años de prisión, mientras que en Chihuahua se sanciona hasta con 60 años de cárcel, sin embargo, no se ha reducido el índice de homicidios contra mujeres por cuestión de género.

“Lo que se requiere es cero impunidad para los feminicidas en todo el país, para ello necesitamos de la voluntad política por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia en los diferentes niveles de gobierno”,

Sin embargo, mencionó, en la práctica no existe ni la una ni la otra, ya que los gobernadores de las entidades con mayor incidencia feminicida se niegan a aceptar una medida tan elemental de protección para las mujeres, como la Alerta por Violencia de Género.

Destacó que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional del Feminicidio, elaborado por la Comisión Especial de seguimiento a esos casos, cada entidad del país tiene en su Código Penal su propia interpretación sobre qué circunstancias deben existir para considerar el homicidio contra mujeres como feminicidio.

“Por ejemplo, en Guerrero y Sinaloa la condicionante es que la víctima se encontrara en estado de indefensión al momento de quitarle la vida. En Oaxaca, que el cadáver de la víctima hayan sido ocultado”.

Mientras en Quintana Roo se establece que el sujeto activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución; en Puebla, que el delito haya sido cometido por celos extremos; en Nayarit, se considera feminicidio sólo si la mujer fue víctima de otros delitos, como la violación, explicó.

La legisladora de Acción Nacional, recordó que incluso el Código Penal de Baja California Sur establece que se reducirá hasta la mitad la pena de prisión prevista para el homicidio.

Ello, dijo, cuando “al que en un estado de emoción violenta, por la sorpresa del encontrar a su cónyuge en el acto adulterino o en uno próximo a su consumación, prive de la vida o lesione a uno o ambos, salvo que el activo haya contribuido o aceptado la corrupción de su cónyuge”.

Es decir, precisó, justifica el asesinato de mujeres, con el argumento de que el feminicida se dejó llevar por su estado de ánimo.

Otro ejemplo, agregó, es Zacatecas, en donde también el enojo del homicida es una atenuante, afortunadamente en esta entidad ese criterio no aplica para los casos de feminicidio. /gh/m