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El diputado federal Julio C茅sar Moreno Rivera destac贸 la participaci贸n de los j贸venes a trav茅s de las redes sociales en temas sobre democracia, pues ha impedido la aprobaci贸n de reformas que no benefician a la sociedad. El presidente de la Comisi贸n de Puntos Constitucionales de la C谩mara de Diputados record贸 que cuando se aprob贸 la reforma pol铆tico-electoral se agreg贸 un dictamen a la Ley Org谩nica del Poder Judicial para que los magistrados recibieran un bono vitalicio. Sin embargo, a diferencia de anta帽o, "llovieron cuestionamientos en las redes sociales de por qu茅 recibir铆an una pensi贸n vitalicia cuando muchos mexicanos tienen una pensi贸n menor a dos mil pesos". En el foro "Ensayos y propuestas de reformas constitucionales", Moreno Rivera record贸 a estudiantes de Derecho la aprobaci贸n de reformas estructurales en telecomunicaciones y educaci贸n, el seguro universal de adultos mayores y de desempleo, as铆 como la de competitividad y gratuidad de la primera acta de nacimiento. Sobre la democracia participativa, el legislador perredista explic贸 que ahora se reconocen diversas figuras de participaci贸n ciudadana como el plebiscito, el refer茅ndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Otro tema de inter茅s de los participantes, dijo, es la educaci贸n superior, que a煤n no es reconocida como obligatoria, as铆 como la competitividad entre ellos, por la actual situaci贸n econ贸mica del pa铆s. Respecto a los derechos humanos, el diputado federal hizo notar los tratados internacionales suscritos por M茅xico en el tema y la reforma a la figura del amparo, que se robusteci贸 al ampliarse la procedencia de ese juicio, respecto de cualquier norma general. En su oportunidad Mireille Roccatti, abogada general de la Secretar铆a de Agricultura, explic贸 que "a partir de la reforma que elev贸 a nivel constitucional los tratados internacionales en derechos humanos se cambi贸 el paradigma para interpretar todas nuestras normas". Dijo que eso es favorable, pues los tratados son m谩s incluyentes que muchos de los derechos contenidos en la Carta Magna. "M茅xico ha suscrito todos, usualmente es de los primeros pa铆ses en firmarlos". Rocatti Vel谩zquez destac贸 que gracias a ese cambio las pol铆ticas p煤blicas, los programas, la administraci贸n p煤blica y las autoridades est谩n obligados a difundir, proteger y reparar las violaciones a esas garant铆as. En tanto la investigadora X贸chitl Garmendia Cedillo coment贸 que antes de la reforma constitucional hab铆a un gran rezago en la atenci贸n a las recomendaciones de la Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), lo que genera repercusiones econ贸micas y que se dejen de celebrar tratados comerciales con los pa铆ses que los incumplen. La especialista del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias coment贸 que el Ministerio P煤blico es el lugar donde voluntaria e involuntariamente se violan los derechos humanos. "No dan la atenci贸n correcta al acusado y se presentan irregularidades en el proceso. Por ello con el cambio constitucional se garantiza un trato adecuado de la autoridad", subray贸 en su ponencia "Derechos Humanos y Garant铆as Constitucionales". Empero, se帽al贸, pese a ese avance en la legislaci贸n se requiere de la participaci贸n de la sociedad civil para que los organismos funcionen correctamente y con pleno respeto de las garant铆as constitucionales. Mientras tanto Ana Valeria Portillo Delgado, de la Universidad de Colima, afirm贸 que el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado mexicano arrojar铆a grandes beneficios a nivel nacional e internacional. Expuso que, en primera instancia, "si nosotros como pa铆s empezamos a cambiar la forma de actuar y procuramos que se cumpla cabalmente lo que dice la Constituci贸n, social, pol铆tica y culturalmente M茅xico va a dejar de ser el pa铆s de la impunidad". En segundo t茅rmino, a帽adi贸, "dar seriedad a los derechos humanos har谩 que la comunidad internacional voltee a ver a M茅xico como naci贸n 鈥榤odelo a seguir', donde se respetan y procuran las garant铆as individuales y se reparan los da帽os cuando las autoridades las violan". Portillo Delgado tambi茅n detall贸 la conveniencia de hacer comparecer ante la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado a los funcionarios que incumplan las recomendaciones de la CNDH, para fundamentar sus motivos y determinar si son justificables./arm/m |
