La decisión judicial que suspendió la orden de inhabilitación emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la empresa Oceanografía, por lo que podría volver a firmar contratos con Petróleos Mexicanos (PEMEX), es una maniobra para “limpiarle el camino” a la polémica naviera, lamentó la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.

Con ello, se facilitará que inversionistas allegados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se beneficien con la reforma y las leyes secundarias energéticas, consideró el vicecoordinador del MC, Ricardo Mejía.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, dijo que hasta donde tiene noticias, el Gobierno Federal intervino la naviera, pero no ha destinado recursos fiscales para “rescatarla”.

Sin embargo, el diputado Mejía Berdeja, que también es secretario de la Comisión de Energía en San Lázaro, reiteró que lamentablemente, la maniobra de abrirle el paso a Oceanografía y librar de todo cargo a sus directivos, pese al fraude cometido contra el banco Banamex y pese a las anomalías en sus contratos con PEMEX, permitirá a los responsables quedar en la impunidad.

“Vemos con gran reprobación el que prácticamente se está limpiando el camino de Oceanografía, con esta resolución que quita la inhabilitación para que siga contratista de Petróleos Mexicanos. Nos parece que es una burla, porque no solamente no se ha castigado penalmente a Amado Yáñez, a Martín Díaz y a todos quienes les permitieron estas riquezas indebidas, al propio Mario Ávila que fue candidato a gobernador en Campeche”, de la mano del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizó.

El legislador recalcó que no solo ha habido impunidad de los accionistas, empresarios y quienes desde PEMEX, facilitaron la operación irregular de Oceanografía, sino que ahora se libra al consorcio de las restricciones para firmar más contratos, con el único propósito de abrirle la puerta a que siga haciendo negocios indebidos a costa del erario.

Al calificar como “gravísima” esa situación, el congresista agregó que desde San Lázaro también se actúa de manera indebida, pues los órganos de gobierno de la Cámara, es decir, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, están bloqueando el llamado a comparecer del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo.

No quieren, denunció Ricardo Mejía, que el procurador hable del caso Oceanografía y de los otros fraudes cometidos por empresas como Hewlett Packard y Siemens, en perjuicio de PEMEX, sino hasta que se aprueben las leyes secundarias en la materia, y se establezcan condiciones de impunidad para los inversionistas extranjeros que explotarán y aprovecharán los hidrocarburos. ys/m.