Para dar claridad a los datos y unificar el formato de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, el diputado José Francisco Coronato propuso reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El presidente de la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados subrayó que la transparencia en los registros de beneficiarios no sólo es necesaria para definir la aplicación de los recursos, sino también para la planeación y la evaluación.

Coronato Rodríguez expuso que para avanzar en ese sentido presentó una iniciativa en la que se plantea modificar la fracción XII del Artículo 7 de la ley de transparencia, a fin de que las dependencias que manejan esos programas publiquen en sus páginas de Internet los listados de beneficiarios físicos o morales en cada ejercicio fiscal.

A decir del legislador de Movimiento Ciudadano, eso permitiría contar con información confiable que conduzca a la toma de decisiones en materia presupuestal y de políticas públicas.

Durante una reunión de trabajo de la instancia legislativa que preside consideró que no hay claridad en las dependencias sobre los destinatarios de los programas sociales.

“La información es disímbola y no homogénea, genera confusión y limita la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, como consecuencia, a los programas”, dijo.

De ahí que de concretarse las reformas propuestas la población tendría acceso fácil a ese tipo de referencias y se podrían analizar y conocer los logros de los programas sociales.

El representante popular demandó subsanar la carencia de informes “desde el punto de vista administrativo y que cada dependencia cumpla con lo que establece la Constitución y los ordenamientos legales en la materia”.

Destacó la importancia de uniformar las reglas en un Sistema Nacional de Programas Sociales, para que cada dependencia no tenga un lenguaje diferente.

En su oportunidad el diputado petista Héctor Hugo Roblero Gordillo apoyó la iniciativa para transparentar los listados, evitar la duplicidad de beneficiarios y que éstos no sean utilizados con fines electorales.

La iniciativa precisa la necesidad de detallar la información por municipio o delegación y entidad federativa y establece la obligación de actualizar trimestralmente los datos que se difundan.

De no hacerlo se actuará conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos en la materia.

Las dependencias que manejan programas sociales deberán confrontar los listados con el objeto de identificar la duplicidad de beneficiarios, lo que tendrán que informar para depurar los padrones. /gh/m