Al comparecer ante comisiones en la Cámara de Diputados, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, se comprometió a dar a conocer la verdad, cualquiera que esta sea, en el caso Tlatlaya.

Sin embargo, pidió entender que se requiere tiempo para realizar las pruebas y peritajes necesarios, que permitan determinar qué ocurrió.

Ante las reiteradas preguntas de los legisladores de oposición, aclaró que por el momento, nadie puede pronunciarse sobre lo sucedido, porque en estos momentos no hay elementos suficientes para dar respuestas.

Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Catalino Duarte, planteó una versión de los hechos: los sucesos en Tlatlaya fueron “una venganza”.

La PGR sabe, le dijo a Murillo Karam, que días antes de la muerte de las 21 personas, un grupo delincuencial asesinó a un oficial de la Marina. Luego el Ejército privó de la vida sin justificación a otras 5 o 6 personas, en el municipio de Arcelia.

En respuesta a eso, los pobladores se organizaron, detuvieron a los militares y los pusieron a disposición del Ministerio Público.

Como reacción, agregó Duarte Ortuño, el Ejército “contestó en los términos que contestó”. Acto seguido, retó al procurador a ir al lugar de los hechos. Todos le van a decir que el Ejército formó y disparó a los 21 detenidos.

El aludido sentenció que si el diputado fuera juez, sería terrible, porque está juzgando sin contar con todos los elementos. También le aclaró que nunca dijo que en Michoacán ya se respirara en paz.

De igual modo, aclaró que la PGR no tiene el caso Tlatlaya desde hace dos meses, sino tiempo después, porque la procuraduría local era la encargada de intervenir. Incluso, aseveró que PGR debe rehacer algunos peritajes que ya están listos, para tener certeza de lo ocurrido.

En cuanto al asesinato del diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriel Gómez Michel, señaló que el caso es evidentemente federal y señaló que su obligación es resolverlo, pero “ojalá pueda” lograrlo.

Sobre la transición de la PGR a la Fiscalía General, manifestó que la dependencia está preparándose para implementar el nuevo sistema de justicia.

También pidió a los legisladores que la iniciativa del Primer Mandatario, pueda ser aprobada en un plazo de dos meses, para seguir avanzando en el proceso de cambio en la PGR.

Cuestionado insistentemente sobre el caso Michoacán y la detención del líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el procurador Murillo Karam, señaló tajante que quien gobernaba en esa entidad, era “un señor que ahora manda videos”.

Sin embargo, dijo que ya hay un gobernador en funciones, hay presidentes municipales encarcelados y otros trabajando, de modo que el gobierno en esa entidad está funcionando, aunque, nadie debe aseverar que el caso está ganado.

Sobre la existencia de una estrategia de seguridad a nivel nacional, aclaró que no la hay, porque la situación en Michoacán no es la misma que entidades como Chihuahua y por eso, los planes son distintos y corresponden a la realidad de cada región en el país.

A preguntas sobre el caso de la Guardería ABC, en Sonora, recalcó que el caso sigue en investigación y la PGR tiene 6 peritajes de los cuales, 1 apunta a que el incendio fue provocado, y los otros 5 dicen que no.

Expuso que los testimonios se están procesando, pero no son claros y por ello, es imposible crear culpables. Dijo que como titular de la PGR “le encantaría encontrarlos” pero “no los puede inventar”.

“No es un asunto de agarrar una varita mágica”, agregó, tras aclarar que entiende la molestia de la sociedad y los padres de familia de los niños lesionados y fallecidos.

De hecho, aseguró que si él fuera familiar de los infantes, estaría en peores condiciones que sus padres, pero no es posible hacer más que lo que los elementos a la mano le permiten.

Sobre el caso Oceanografía, en tono molesto respondió a las preguntas del vicecoordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía.

Enfatizó que ha hablado del tema en distintas ocasiones y ya había dicho ante diputados pero “parece que no lo oyeron”, que es un asunto entre particulares y Amado Yáñez no cometió delitos graves.

Enfatizó que por eso, la empresa fue intervenida desde el principio, y si hubiese actuado en un “arrebato de justicia” como el que se le demanda, miles de trabajadores se habrían quedado sin trabajo, no se aplicaría justicia y PEMEX se hubiera detenido.

En cuanto al proceso de cambio en la PGR, admitió que él mismo está “en el limbo”, al igual que el área de investigación de delitos de la dependencia, pues la ley establece que él es Fiscal y la PGR es Fiscalía, pero actualmente, sigue fungiendo como procurador.

Agregó que entre los retos de la implementación del nuevo sistema de justicia, está la digitalización de los expedientes judiciales, que son un “cerro” de papeles repetitivos.

En la ronda de preguntas de los legisladores, los temas recurrentes fueron la postura sobre lo ocurrido en Tlatlaya, la investigación sobre el asesinato del diputado Gabriel Gómez; el caso Oceanografía, Michoacán y la operación de Servando Gómez, alias “La Tuta”; la detención del líder de las autodefensas, José Manuel Mireles; así como el grado de impunidad en el país, los índices de violencia, las desapariciones forzadas y los casos de tortura.

Al fijar postura, los presidentes de la Comisión de Seguridad, Guillermo Anaya y de la Comisión Investigadora de los contratos de PEMEX con empresas como Oceanografía, Luis Espinosa, reclamaron al compareciente la falta de resultados en materia de procuración de justicia y en la resolución de los asuntos Oceanografía, Tlatlaya, el derrame de tóxicos en Sonora y los casos de desparecidos.

En su turno, el presidente de la Comisión de Justicia y diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fidel Pacheco, señaló que con el nuevo sistema de justicia y una vez que la PGR sea Fiscalía, “se juzgará a todos los mexicanos de la misma manera”, habrá certeza jurídica y celeridad en los procedimientos judiciales, que con la nueva modalidad, durarán máximo un año.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elena Tapia, expresó su preocupación por la fabricación de delitos, las inconsistencias en las cifras sobre desaparecidos.

El diputado Mejía Berdeja le dijo al procurador que la crisis de la “guerra contra el crimen organizado” emprendida desde el sexenio pasado no ha terminado y tampoco hay datos claros sobre el nivel de la violencia, el número de muertos, desaparecidos, la tortura y las agresiones contra periodistas.

No es que haya menos violencia, dijo, sino que ahora se oculta mejor y las víctimas no tienen justicia, apuntó.

En respuesta, el titular de la PGR expuso que en materia de desapariciones, se creó un grupo de trabajo para atender los casos y depurar las cifras, que han bajado “considerablemente”; sin embargo rechazó dar la cifra actualizada y remitió a los legisladores a la página de internet de la dependencia.

Sobre el mal funcionamiento de la institución, reconoció que opera muy mal, porque la PGR está mal desde su esencia; no obstante, con la reforma al sistema de justicia penal, los errores se corregirán.

Asimismo, admitió que la Federación va más lenta que los estados en la implementación del sistema judicial acusatorio y que debe culminar a mediados de 2016.

Respecto a la disminución de la delincuencia, señaló que se ha avanzado y en sitios como Michoacán, los habitantes ya tienen otra visión de lo que ocurría hasta hace unos cuantos meses.

Recalcó que el sistema judicial cambia porque está mal, porque no funciona o no funciona bien. Es por ello que los elementos requieren la preparación debida, apuntó.

Reiteró que la eficiencia de la PGR no es buena sino mala, su capacidad de resolución es lenta, es complicada y burocrática, pero se está trabajando en el nuevo sistema para eliminar ineficiencias.

Sobre el tema de la tortura, prefirió no dar datos y a los congresistas que abordaron el asunto, ofreció responder por escrito. ys/m.