La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general y particular el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal, con el fin de adecuarlas ante los cambios en materia de derechos humanos y textos normativos.

Los cambios tienen como marco la reforma constitucional de junio de 2011 sobre derechos humanos y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013.

El dictamen avalado por el Pleno viene de dos iniciativas propuestas por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del PRI, fue avalado con 395 votos en favor y turnado a la colegisladora para su análisis y eventual ratificación.

Con esta adecuación las instituciones de seguridad pública deberán conducirse con apego al orden jurídico, respetando y garantizando los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

Plantea también que la investigación para la prevención de los delitos deberá ser con base en los principios de legalidad y el respeto a las garantías individuales reconocidas.

La enmienda remplaza la mención del Secretario de Seguridad Pública por la del Secretario de Gobernación en dichas leyes, al considerar que la figura de titular de la SSP actualmente es inexistente.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Sonia Rincón Chanona expuso que el país ha firmado 11 tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Explicó que pese al progreso legislativo en esta materia persisten violaciones de forma sistemática, por lo que “es necesario que la Policía Federal y demás instituciones encargadas de brindar la seguridad pública actúen con estricto apego a la legalidad”.

Al fijar el posicionamiento del PRI, la diputada María Elena Cano Ayala precisó que la reforma no es un ejercicio ocioso ni cosa que se le parezca, sino una labor necesaria para dar certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de tales ordenamientos, en este caso las instituciones de seguridad pública.

Con ello, detalló, se evitarán interpretaciones confusas que sólo podrían entorpecer la aplicación de las normas.

“La actualización será útil en tanto que reflejará la voluntad del Constituyente, en el sentido de ampliar la esfera de prorrogativas, por lo que la votación a favor será una consecuencia del avance de los derechos humanos en nuestro país”, dijo.

Por el PAN habló Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, quien consideró que con esta reforma se busca evitar cualquier confusión en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos por parte de las instituciones de seguridad pública y lograr una plena aplicación de los mismos.

El PAN, afirmó, coincide en el sentido de que se debe actualizar el marco normativo para armonizarlo con los cambios constitucionales de 2011 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2013, para lograr un mejor desempeño de las instituciones de seguridad pública, como corresponde a una nación democrática.

Catalino Duarte Ortuño, del PRD, aseveró que esta reforma es muy sencilla en cuanto a la forma, sin embargo el fondo es verdaderamente importante.

Ello, subrayó, porque obliga a los cuerpos policíacos, incluida la Gendarmería Nacional, a respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México forma parte.

Las violaciones a los derechos humanos son permanentes por parte de los elementos de las corporaciones policiacas en los tres órdenes de gobierno; se requiere, a su juicio, un cambio en la estrategia de seguridad pública.

Felipe Arturo Camarena García, del PVEM, comentó que el sistema de seguridad pública, a raíz de reformas a la Constitución impulsadas en los años 90 y hasta 2008, fue orientado sobre la base del endurecimiento del marco jurídico, la ampliación de las facultades de las policías y de los ministerios públicos.

Sin embargo, agregó, el resultado obtenido fue contrario a lo esperado. “En el México de hoy las instituciones de seguridad siguen con una serie de prácticas que trastocan los derechos fundamentales”.

Entre ellas destacan, indicó, el arraigo y cateos ilegales; la desaparición forzada de personas; las ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por Movimiento Ciudadano habló Francisco Coronato Rodríguez, quien externo que las omisiones y abusos por parte de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno son una constante.

Citó como ejemplos los casos de Tlatlaya, Estado de México, y de Iguala, Guerrero, derivados, según él, de la mala o nula capacitación que reciben los agentes policiales.

Loretta Ortiz Ahlf, del PT, planteó que es buena la intención de consagrar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, pero sería mucho mejor dar cursos de preparación y actualización a los integrantes de las corporaciones policiales a efecto de que conozcan los códigos de conducta y demás protocolos que a nivel internacional existen.

La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dijo, son superiores jerárquicamente a cualquier ley u orden de autoridad. Duración 00’’, nbsg/m.