Los estados deben impulsar el uso de la bicicleta como una alternativa de traslado y actualizar el marco jurídico de las ciudades para contar con una ley acorde a las circunstancias, la tecnología y necesidades en el país, coincidieron legisladores federales.

El presidente de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable de la Cámára de Diputados, René Ricardo Fujiwara Montelongo, señaló que muchos sectores no ven la urgencia que representan otras opciones de tránsito, por lo que es necesario sensibilizar a los legisladores para tomar decisiones determinantes en favor de los ciudadanos.

El diputado de Nueva Alianza refirió que gran parte del presupuesto para infraestructura vial en las ciudades se destina al incremento del parque vehicular y la construcción de nuevas vías para el tránsito de automotores en detrimento de la movilidad sustentable.

A su vez, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rosa Elba Pérez Hernández dijo que los estados y municipios no incluyen en sus solicitudes de recursos presupuestales, el derecho a la movilidad por otros medios que no sean los automotores.

Tampoco contemplan al peatón o al ciclista y plantean la inversión en puentes, segundos pisos, por los que sólo circulan los automóviles. Ante ello, dijo que se envió una convocatoria a municipios que tuvieran proyectos a favor del uso de bicicletas para analizar en qué programa de la estructura presupuestal se les pueden destinar recursos.

En tanto, el secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Abel Guerra Garza, afirmó que el marco jurídico de las ciudades datan de 1900, por lo que es necesario actualizarlo para contar con una ley acorde a las circunstancias, la tecnología y las necesidades en el país.

Los modelos de las ciudades del país se remonta a la era en que México asumió su vocación industrial, pero el desarrollo ha sido tan irregular, que esta área desapareció de la estructura gubernamental federal y de los estados, “lo que generó más problemas aún”.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso impulsar un proyecto integral, observando alternativas para resolver el problema de la movilidad en las ciudades, así como analizar todos los medios para hacer un plan de desarrollo integral y saber en qué utilizar los recursos presupuestales.

A su vez, el panista Alberto Díaz Trujillo expuso que la Comisión de Desarrollo Urbano y Desarrollo Territorial trabaja para que el Presupuesto 2015 estudie y contemple estos proyectos de movilidad sustentable y se pronunció por impulsar y adoptar una nueva cultura en la materia.

Por su parte, la directora general de la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Mariana Orozco, afirmó que se debe cambiar la tendencia presupuestal e invertir en infraestructura de movilidad urbana e incentivar un diseño de políticas sustentables.

Hizo notar que México tiene un rezago en infraestructura de transporte, ocupa el lugar 69 entre 144 países estudiados por el Foro Económico Mundial, y que sólo siete ciudades del país cuentan con un sistema de transporte masivo, el cual está saturado.

Destacó la importancia de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de movilidad urbana sustentable como complemento del transporte masivo; al Programa Sectorial se le menciona por primera vez y se aterriza como estrategia, detalló.

El secretario de Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, Bernardo Huerta Couttolenc, expresó que se requieren recursos federales para proyectos específicos de transporte público en las entidades.

Por ello, es indispensable asignarlos mediante fondos o etiquetarlos para que no sean destinados a otros fines, y así contar con un sistema eficiente, económicamente viable, tecnológicamente sustentable y que satisfaga las necesidades de viaje de todos los usuarios, puntualizó.

Los diputados del PVEM, del PRI, del PAN y de Nueva Alianza participaron en la reunión Movilidad Urbana Sustentable: Inversiones para la Ciudad Humana, con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de los gobiernos de Puebla y Durango, e integrantes de organizaciones civiles. /gh/m