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El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, señaló que los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las consultas populares presentadas por distintas fuerzas políticas, obliga a revisar y perfeccionar ese mecanismo de participación ciudadana. El también coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recalcó que todos los actores políticos están obligados a acatar la decisión de la Corte y el Legislativo, a aclarar los elementos que no pueden ser sometidos a consulta, ello, para evitar interpretaciones subjetivas. Beltrones Rivera señaló que el Congreso debe reflexionar sobre lo necesario para perfeccionar la normatividad sobre las consultas populares, a fin de hacer de ese instrumento, un elemento eficaz de democracia participativa. Añadió que el debate en la Corte fue “esclarecedor” e invita a los legisladores a estudiar a detalle todos los argumentos presentados y evaluar la ley en cuestión, en comparación con otras leyes en la materia. Aseveró que en más de la mitad de los países del orbe, existen leyes que reglamentan la consulta a la población sobre cambios legislativos y proyectos de gobierno. “Tienen una lógica prospectiva, no revocatoria ni retrospectiva, y así se concibió en la reforma constitucional que aprobó el Congreso con el voto de la mayoría parlamentaria requerida”, apuntó, tras recordar que de aplicar modificaciones a le ley referida, se necesita una reforma constitucional. Enfatizó que la Constitución establece como asuntos no sujetos a consulta, los ingresos, el gasto del Estado, el rubro electoral, lo relativo a los derechos humanos, la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. No obstante, será necesario definir con mayor claridad los temas que no pueden consultarse, “para eliminar cualquier interpretación subjetiva de la evaluación que le corresponde al máximo tribunal para determinar la constitucionalidad de una consulta”, dijo. Recalcó que el objetivo deberá ser dar certeza al derecho constitucional de promover consultas y fortalecer el mecanismo de democracia directa que pueda consolidar la confianza de los partidos y los ciudadanos en la democracia. ys/m. |
