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La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora perredista Alliet Mariana Bautista Bravo, aprobó el dictamen para que las cooperativas pesqueras tengan un mínimo de 25 socios. Un comunicado señala que esa reforma representará una medida disuasiva contra la explotación de mano de obra, y favorecerá el ordenamiento de la actividad pesquera. Con la modificación a la Ley General de Sociedades Cooperativas se pretende promover la constitución de agrupaciones de ese tipo, con vocación verdadera y mejor seguimiento a sus operaciones. Actualmente la legislación señala que esas sociedades se deben integrar con cinco socios como mínimo, “lo que ha derivado en el aumento de dichas organizaciones y en un inadecuado seguimiento”, subraya el documento. El dictamen explica que la redacción vigente propicia que particulares agrupados en una sociedad cooperativa pesquera contraten trabajadores asalariados, “contraviniendo ampliamente el espíritu que da sustento al cooperativismo y la propia la ley”. También advierte que la esencia del cooperativismo y de la economía social se fragmenta gravemente ante la evidencia de que el esfuerzo de mano de obra contratada beneficia a particulares organizados en dichas sociedades y no al colectivo que produce los bienes y servicios. La modificación aprobada brinda a los pescadores contratados como mano de obra oportunidad de constituirse en organizaciones con verdadera vocación de beneficio colectivo. Durante una reunión de trabajo, la comisión también aprobó la opinión respecto de la iniciativa que expide la Ley para Impulsar el Crecimiento de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que concentra disposiciones vinculadas a las aspiraciones de lograr el desarrollo del país. El punto de vista aprobado considera necesario modificar la iniciativa para incorporar al sector social de la economía de manera explícita y con pleno reconocimiento de su importancia en la promoción de la productividad y competitividad. Señala que el documento enviado por el Ejecutivo contiene deficiencias que impiden alcanzar los objetivos propuestos, pues no se asigna al Estado un papel protagónico, sino únicamente de regulador coadyuvante. En cambio, el sector privado es puesto como actor fundamental del proceso de productividad y competitividad. Además, omite la importancia del sector social de la economía como garante de la estabilidad, la productividad y la competitividad, en la medida en que es un factor de armonización y eficiencia de gran importancia. Duración 0’00’’, nbsg/m. |
