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La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud de un grupo de aproximadamente 200 diputados que solicitaron formalmente crear una comisión investigadora de los contratos suscritos entre organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú. La Dirección Jurídica señaló que la Junta de Coordinación Política de San Lázaro tendría la facultad de decidir si se autoriza o no la comisión referida, a través de un acuerdo político. Según el jurídico en San Lázaro, los legisladores interesados, están centrando su atención en investigar la legalidad de los contratos de la empresa Higa, más no el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, objetivo que por ley, debe perseguir la creación de instancias investigadoras en el Congreso de la Unión. Al respecto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Manuel Huerta, advirtió que la respuesta de la Dirección Jurídica, tiene detrás la intención de dejar en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus consideraciones políticas, la creación de una comisión que las minorías tienen derecho a conformar, por mandato del artículo 93 constitucional. “Bueno hay una imprecisión mayor que es la que más preocupa, donde el jurídico con mucho desconocimiento de causa, dice que de la Jucopo depende si se instala esta comisión, cuando el espíritu del 93 constitucional es muy claro, que depende de la Cámara de Diputados”, dijo. “¿Cuál es la preocupación que yo tengo? Que existan maniobras por parte del Revolucionario Institucional y querer preparar un escenario, para que esta comisión de investigación que es nuestro derecho de minoría, quieran madrugar”, abundó Huerta Ladrón de Guevara. Ante la posibilidad de que la mayoría del PRI y las fracciones aliadas aliados en la Junta de Coordinación impidan crear la comisión referida, este martes se instalará un “grupo de trabajo”, añadió. El objetivo es que una parte de los diputados firmantes de la solicitud para que la Cámara investigue los contratos de instancias públicas con el grupo Higa, comiencen el análisis e investigación señalados, a fin de determinar si hubo transgresiones a la ley. ys/m. |
