El grupo plural de trabajo para dar seguimiento al caso Tlatlaya, adscrito a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dio por clausurados sus trabajos, al aprobar su informe final de labores.

El documento del cual serán notificados la Mesa Directiva de la Cámara, el Ejecutivo Federal y el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos Humanos, entre otras instancias, indicaron las diputadas y diputados integrantes, refiere que los hechos ocurridos en Tlatlaya corresponden a una ejecución extrajudicial perpetrada por elementos militares, aunado a que las versiones de las autoridades involucradas son contradictorias e inconsistentes.

Entre las conclusiones del grupo que inició trabajos el 14 de octubre de 2014, señalaron hubo uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes incurrieron en ejecuciones extrajudiciales.

Lamentaron que las dependencias, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pero también de la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México no hayan querido contribuir al trabajo parlamentario, pues no entregaron la información que se les solicitó.

Las diputadas Elena Tapia, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Loretta Ortiz, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), indicaron que se solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP), investigue a los funcionarios federales y estatales que pudieron incurrir en irregularidades, a fin de establecer las sanciones que correspondan.

Calificaron como “una joya” y un ejemplo de falta de transparencia, la respuesta de la Defensa en cuanto a que no estaba obligada a entregar información sobre las indagatorias del caso; mientras que el gobierno mexiquense tampoco entregó documentos, lo que impidió al grupo de trabajo ponderar por completo los sucesos en cuestión.

Consideraron necesario solicitar a las autoridades involucradas en las indagatorias, que desechen la versión de que la muerte de las 22 personas localizadas en una bodega en Tlatlaya, fue producto de un enfrentamiento entre delincuentes y militares.

Puntualizaron que en el marco de la reforma en seguridad y justicia que se analiza en el Senado, se debe ampliar el diálogo entre poderes para llegar a un acuerdo sobre el necesario retiro “racional y paulatino” de las Fuerzas Armadas comisionadas a tareas de seguridad pública.

Expusieron que la Defensa debe corregir las fallas en la actuación de sus elementos, establecer un control estricto sobre los actos de mandos superiores, aclarar e implementar debidamente los protocolos de actuación en casos donde haya civiles involucrados y definir una ruta para evitar que los sucesos de Tlatlaya se repitan.

Demandaron esclarecer las responsabilidades penales y administrativas de los siete militares detenidos, y que ésta se extienda a los mandos jerárquicos que tenían bajo sus órdenes a los elementos señalados.

Pidieron que la PGR de a conocer el avance de la investigación a los militares detenidos, y aclare públicamente si inició indagatorias penales o administrativas por la tardanza en el inicio de las averiguaciones respectivas.

Exhortaron a las autoridades a dar atención integral a las víctimas indirectas de Tlatlaya y reiteraron el llamado al gobierno del Estado de México a fin de que aclare por qué no se sometió a investigación el elemento de la manipulación de la escena y los cuerpos localizados en el lugar. ys/m.