En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política confirmó que el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual pretendía atender la problemática de los defraudados de FICREA, está detenida y no se discutirá en la sesión ordinaria de éste martes.

El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dijo que el acuerdo de los líderes en San Lázaro fue el de solicitar a la Mesa Directiva una explicación de porqué el dictamen se retiró del orden del día del jueves pasado y con qué organizaciones e inversionistas se está dialogando al respecto.

“La Ley de Ahorro y Crédito Popular no va a ser discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados el día de mañana. Lo que hemos acordado hoy en la Junta de Coordinación Política es, esperar a la reunión de Mesa Directiva, para que podamos ser informados de la razón por la cual se retiró del orden del día de la sesión del jueves, a qué organizaciones es a las que se está escuchando y cuáles son las conclusiones que hasta este momento existen”, planteó Anaya Cortés.

Por su parte, la vicecoordinadora de contenidos del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, fue mucho más clara al revelar que la semana pasada, representantes de cajas de ahorro, sociedades financieras y ese tipo de negocios, se presentaron en la Cámara para “mecer la cuna” y bloquear la aprobación de una norma que afectaría intereses particulares.

La congresista dijo que “fuerzas oscuras” y quienes deciden en la práctica el contenido de los dictámenes que avanzan en la Cámara, se presentaron desde la semana pasada para “utilizar” a algunos legisladores, meter ruido sobre las supuestas afectaciones que la nueva regulación generaría entre las sociedades financieras, cajas de ahorro y cooperativas, con el propósito de detener la aprobación.

Ante tal situación, lo conducente es que la Directiva de la Cámara explique por qué se retiró el documento del orden del día y con qué instancias y organizaciones se abrió un compás de diálogo para escuchar sus objeciones.

Recalcó que las razones para frenar el avance la Ley de Ahorro, que establecería sanciones concretas e incluso contempla la desaparición de sociedades financieras y cooperativas, está en el hecho de que se trata de un negocio muy redituable y falto de control, que se presta al enriquecimiento de sus socios, a costa de los ahorros de personas cuyas necesidades de crédito y ahorro no son atendidas por la banca comercial.

“Esta iniciativa que se ha dicho mucho si es un pequeño FOBAPROA o no, en la realidad lo que ha detenido es más que el tema de si es un pequeño favor o no, los intereses de quien se pretende regular, qué son estas sociedades que prestan servicios financieros y que no quieren que se regule de ninguna manera porque tienen un negocio fuera de la Ley (…) y además también están los dueños de las cajas de ahorro que ya están poniendo sus barbas a remojar e imagínese ustedes todos los intereses que hay detrás de esto”, insistió.

Los inversionistas y socios de dichos negocios, apuntó Aguilar Gil, presionaron en particular a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta lograr la suspensión del tema.

En tanto, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso, negó que la ley se trate de un nuevo FOBAPROA y confió en que la norma salga esta misma semana.

En cuanto a si se trata de un nuevo rescate financiero, el coordinador y la diputada de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alfonso Durazo y Loretta Ortiz consideraron que la Ley de Ahorro sí es en términos reales un nuevo FOBAPROA.

Adelantaron que como en el anterior rescate bancario, en esta ocasión se pretende que el Estado se haga responsable por los ahorros de los ciudadanos defraudados, pero también de las deudas que dejaron los socios mayoritarios responsables del desfalco. ys/m.