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La Jornada
16:06  |  29 - 04 - 2015
Avalan en San Lázaro establecer verificación para circular por carreteras

Enrique M√©ndez y Roberto Gardu√Īo, reporteros: La C√°mara de Diputados desempolv√≥ una propuesta de 2009 y la vot√≥ esta tarde para obligar a todos los propietarios de autom√≥viles particulares a una segunda verificaci√≥n para el control de la emisi√≥n de gases contaminantes y a la revisi√≥n de las condiciones mec√°nicas, si quieren seguir circulando por las carreteras federales.

 

En el pen√ļltimo d√≠a de sesiones, el Pleno de la C√°mara rescat√≥ una minuta que hab√≠a aprobado el Senado en 2009 y que declar√≥ vigente a pesar de que ya hab√≠a precluido, para ‚Äúestablecer un programa de verificaci√≥n de alcance nacional, aplicable a todos los veh√≠culos, incluidos los que se importen, verificar la emisiones y que cumplan con las normas de seguridad que operan en el pa√≠s‚ÄĚ.

 

De esta manera, el Pleno autoriz√≥ avalar la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales, para someter a revisi√≥n al parque vehicular nacional, que se calcula en m√°s de 25 millones de automotores, pero que se centra espec√≠ficamente en ‚Äútodos los veh√≠culos de transporte privado‚ÄĚ, para que si quieren transitar en carreteras federales, se sometan a una verificaci√≥n adicional a la que ya pagan en sus ciudades de origen.

 

La reforma prev√© que s√≥lo los autos nuevos estar√°n exentos de esta verificaci√≥n durante los primeros tres a√Īos a partir de la fecha de su venta de primera mano.

 

Para cumplir con el pago de este nuevo derecho, se acordó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), concesione la apertura de nuevos verificentros de carácter federal, donde se haga una revisión de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, que serán operadas por particulares mediante un permiso expedido por la dependencia.

 

Aquellos veh√≠culos cuyos propietarios no realicen estas dos nuevas verificaciones, podr√°n ser retirados de la circulaci√≥n por la polic√≠a federal, y se prev√©n multas de entre 40 y hasta 500 d√≠as de salario m√≠nimo, y los ingresos derivados de estas sanciones se destinar√°n a la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n, para programas de seguridad p√ļblica y prevenci√≥n del delito.

 

La iniciativa, que originalmente present√≥ desde 2008, el senador Eloy Cant√ļ Segovia (PRI) fue rechazada por un grupo de diputados del PRD, al se√Īalar que se trata de la imposici√≥n de un nuevo derecho a los contribuyentes, cuando el gobierno del presidente Enrique Pe√Īa Nieto, se comprometi√≥ a no crear una nueva obligaci√≥n para los ciudadanos. dlp/m

 
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