En la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), exigieron la liberación del asesor de la Comisión de Fomento Cooperativo, David Vargas, detenido desde mayo de 2013, en la ciudad de Oaxaca, acusado por el presunto secuestro de dos niños.

Los diputados Roberto López Suárez, Antonio Sansores Sastré, así como las diputadas Elena Tapia Fonllem y Loretta Ortiz Ahlf, subrayaron que de acuerdo al testimonio de Vargas Araujo, éste fue detenido de manera arbitraria y sin la presentación de una orden judicial, aunado a que fue torturado y en esas condiciones, obligado a firmar una declaración en la que se confesó culpable de los sucesos.

A casi dos años de los hechos, las y los congresistas exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) retomen las investigaciones, resuelvan el caso y determinen la liberación del señalado.

Recordaron que el 17 de mayo de 2013, David Vargas fue detenido en Oaxaca, por elementos de la Policía Federal, donde se reunió con un grupo de integrante de la Sección 22 de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) y una candidata.

Posteriormente, relataron, agentes no identificados de la Policía Federal lo detuvieron y durante el traslado rumbo a una casa de seguridad o una instalación oficial que tampoco ha sido identificada, lo golpearon, torturaron y agredieron sexualmente; aunado a que lo amenazaron con asesinar a su familia si no se inculpaba.

Agregaron que el asesor legislativo también fue trasladado al Distrito Federal, en particular a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), donde de nueva cuenta fue golpeado y obligado a autoinculparse.

Las autoridades, dijeron, no le permitieron comunicarse con su familia sino hasta 32 horas después de la detención, y en dos días lo remitieron al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde también ha recibido maltrato físico.

“De lo anterior se infiere que Vargas Araujo fue víctima de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, agresión sexual y otras acciones contrarias al derecho a la integridad, a la seguridad y al debido proceso”, sentenciaron.

Hicieron notar que en la declaración que se le obligó a firmar, se le ordenó inculpar a otras 12 personas, y agregaron que durante los interrogatorios, se hizo hincapié en su filiación política, lo que hace pensar que se trató de un asunto con tintes políticos que sigue “el patrón” de fabricación de culpables por parte de la PGR.

Aseveraron que 14 meses después de su detención, expertos independientes le aplicaron pruebas psicológicas y médicas, así como el Protocolo de Estambul, las cuales comprobaron que fue víctima de tortura.

Por lo anterior, insistieron en que la CNDH debe terminar con las investigaciones del caso presentado desde 2013 y la PGR, revisar las condiciones injustas y violatorias de los derechos humanos en que Vargas fue detenido. ys/m.