Las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción, deberán ser aprobadas antes del 28 de mayo del año entrante, estimó la titular de la Dirección de Estudios de Constitucionalidad del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), de la Cámara de Diputados, Cecilia Licona.

Al señalar que la normatividad podría tardar hasta un año en avanzar, la funcionaria enfatizó que la elaboración de dichas disposiciones estará en manos y deberá ser un compromiso de la LXIII Legislatura, la cual entra en funciones en septiembre próximo.

Licona Vite señaló que al avalar el Sistema Anticorrupción, se facultó al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del sistema, la Ley General en materia de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La investigadora agregó que la realidad del país en el tema de la corrupción, se refleja en las cifras y mediciones a nivel internacional, como el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, el cual señala que entre 1995 y el 2014, México solo mejoró 4 décimas en ese rubro, al registrar calificaciones que van de 3.1 a 3.5, en una escala donde el 0 representa un alto nivel de corrupción y el 10, el nivel más bajo.

Dijo que según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el año 2000 nuestro país era la novena economía mundial, y para el 2009, había caído al sitio 14; mientras que de acuerdo al Índice de Competitividad 2010-2011, del Foro Económico Mundial, que mide a 182 naciones, México cayó del lugar 42 al 60.

Explicó que la percepción en el exterior sobre un alto nivel de corrupción en México, apunta a que el problema es grave y preocupante, y por ello se tomaron medidas legislativas.

Recordó que el Sistema Anticorrupción servirá para coordinar las acciones de gobiernos e instituciones, para prevenir, detectar y sancionar los actos ilícitos en el ejercicio de la administración pública, actuar contra hechos de corrupción y fiscalizar de mejor manera el uso de los recursos públicos.

Destacó que se conformará un comité coordinador, que incluye a los titulares de la Auditoría Superior, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Secretaría de Función Pública (SFP), del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.

Entre las leyes secundarias pendientes, estará la norma general que contemplará pisos mínimos para regular las responsabilidades administrativas, obligaciones, omisiones y sanciones que merecerán los funcionarios que cometan faltas administrativas graves.

Puntualizó que el nuevo Tribunal impondrá las sanciones a servidores públicos que cometan faltas graves, y también a particulares que estén involucrados en actos de corrupción; también exigirá el pago de indemnizaciones y sanciones generadas por daño a las finanzas públicas federales.

Asimismo, expuso, la Auditoría Superior contará con más facultades, como la de fiscalizar el gasto público a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente, así como revisar las cuentas en “tiempo real”, al solicitar información sobre el ejercicio presupuestario en curso, aunque solo podrá hacerlo en casos donde los procesos estén concluidos.

De igual modo, el órgano fiscalizador podrá revisar las participaciones federales entregadas a los estados y actuar en coordinación con los órganos estatales, remarcó.

Asimismo, podrá auditar la deuda estatal, cuando involucre como garantía recursos federales; aunado a que podrá revisar fideicomisos, fondos y mandatos tanto públicos como privados, planteó.

Sus informes individuales de auditoría serán públicos, la igual que el informe general Ejecutivo, mismos que se entregarán al Congreso a más tardar el 20 de febrero del siguiente año, una vez concluido el ejercicio presupuestal, dijo.

De igual modo, enfatizó que la Auditoría podrá promover responsabilidades administrativas graves en los tres órdenes de gobierno y contra particulares que incurran en ese tipo de faltas.

Remarcó que el Sistema Anticorrupción también obligará a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses; en tanto que los particulares involucrados en casos de corrupción podrán ser sancionados, y se ordenará desde la suspensión de sus actividades, hasta la disolución o intervención de la autoridad en sus empresas; aunado a que el periodo de prescripción de responsabilidades administrativas por faltas graves será de 7 años.

Por último, hizo notar que los estados también deberán ajustar las fechas de entrega de sus respectivas cuentas públicas, mientras que la Cámara de Diputados tendrá la facultad de nombrar a los titulares de los órganos internos de control de las entidades constitucionalmente autónomas que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Duración 0’00’’, nbsg/m.