Legisladores priistas anunciaron que impulsarán una solicitud para que la PGR establezca un programa para informar a la población de las acciones que pueden constituir un delito contra la libertad y la dignidad de las personas.

Además de consagrar en su ley fundamental la prohibición de la esclavitud y en ejercicio de su soberanía, México ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en los que manifiesta su compromiso por erradicar esta práctica “tan ancestral como atentadora de las libertades fundamentales”.

Los diputados Edith Avilés Cano y Roberto Ruiz Moronatti enfatizaron que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas como la trata de esclavos y de personas están prohibidas en todas sus formas.

Ambos legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mencionaron que de acuerdo con el Índice Global publicado por la Fundación Walk Free, en el mundo hay 29.8 millones de personas víctimas de esclavitud.

De acuerdo con un listado de ese organismo, México ocupa el lugar 107 entre 162 países con prevalencia de esclavitud, matrimonio infantil forzado y trata de personas.

Para combatir esa situación recordaron que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos tiene como principio la “máxima protección”.

Ésta entendida como la obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación de medidas de protección a la dignidad, la libertad, la seguridad y demás derechos humanos de víctimas u ofendidos.

El ordenamiento incluye el principio de la “debida diligencia”, concebida como la obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, así como en la reparación del daño, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas, subrayaron.

Avilés Cano y Ruiz Moronatti expusieron que en la presente legislatura se aprobó la reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en la que se faculta al máximo órgano de representación política a expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

Ello en materia de secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, así como trata de personas, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Con esta modificación, expresaron, se fortalecerá el sistema jurídico en favor de todas las personas y se evitarán casos como los ocurridos en la ciudad de México cuando una joven escapó del cautiverio y los tratos degradantes a los que la sometían, así como en Veracruz, donde tres niños fueron rescatados tras ser víctimas de tratos crueles y mala alimentación. Duración 0’00’’, nbsg/m.