La Cámara de Diputados aprobó en votación económica un punto de acuerdo, como urgente y de obvia resolución, para exhortar a las 32 entidades a que tipifiquen como delito el turismo sexual infantil e incluyan en sus códigos penales las sanciones respectivas.

A nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julieta Fernández, alertó que esa práctica no está sancionada en la mayor parte de los códigos penales locales, por lo que solicita se castigue con hasta 20 años de prisión y multas de mil 500 unidades.

Expuso que el turismo sexual se da cuando extranjeros o mexicanos se trasladan a algún punto del territorio nacional con un doble propósito: ya sea por negocios u ocio, pero además con el fin de contratar encuentros sexuales con menores de edad.

Las víctimas no tienen relaciones sexuales con los turistas por “su voluntad”, sino que son contactados por personas relacionadas con el ramo turístico, como guías, taxistas o trabajadores de hoteles, restaurantes o los llamados antros, cuya complicidad se encuentra a la vista.

Durante su intervención, explicó que en México el turismo sexual infantil es un cáncer silencioso que creció exponencialmente durante los últimos 15 años.

Hizo notar que el “país está considerado dentro de los cinco primeros vergonzosos lugares a nivel mundial, lacerando gravemente nuestro tejido social y lo más valioso que tenemos: nuestros niños y niñas”.

La priista refirió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado la falta de estadísticas y datos confiables sobre el alcance de la explotación comercial infantil en México.

“No se ha llevado a cabo estudio alguno de manera oficial por las instituciones o dependencias de la prevención del delito o de procuración de justicia”, lamentó.

La legisladora también dio a conocer un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según el cual el turismo sexual aumenta en especial en áreas como Acapulco y Cancún, así como en ciudades fronterizas, entre ellas Tijuana y Ciudad Juárez.

Insistió que esa dependencia estadunidense calcula que cada año al menos 20 mil infantes son víctimas de las redes de prostitución, que los engañan con falsas ofertas de empleo para trasladarlos de regiones rurales pobres a ciudades, zonas fronterizas y/o turísticas.

México “es una gran fuente, tránsito y destino para las personas víctimas con fines de explotación sexual, en los que los grupos más vulnerables son las mujeres, niños, indígenas y los migrantes indocumentados”.

Fernández Márquez reconoció que ha habido un avance con la inclusión de este delito en los códigos penales federal y del fuero común en Colima, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa y el Distrito Federal.

Sin embargo existen muchas entidades que son considerados “paraísos” para el turismo sexual infantil, ya que los abusadores atraviesan el territorio nacional sin ninguna consecuencia.

“La complicidad de los delincuentes está identificada por la sociedad y por las autoridades, pero no hay denuncias ¿Y si las hay? No hay un sólo caso enjuiciado en nuestro país por este delito”, aseveró.

La priista mencionó que el punto de acuerdo avalado por el pleno “exhorta a aquellos estados de la Federación de la República mexicana donde no se tipifique el delito de turismo sexual, se legisle en los congresos locales para la inclusión dentro del sus códigos penales”.

El texto detalla que se sancionará con entre seis y 12 años de prisión, así como multas de 200 a mil unidades a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o al exterior del estado para realizar actos sexuales reales o simulados con personas menores de edad.

Asimismo se impondrá una pena de 10 a 20 años de cárcel y multa de 500 a mil 500 unidades, a quienes ingresen al territorio del estado con la finalidad de realizar actos sexuales reales o simulados con menores de edad. edo/m