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Las comisiones de Gobernación en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados buscan acotar las facultades de los municipios en el otorgamiento de permisos para diversos giros, como casinos y centros de apuestas. David Sánchez Isidoro, secretario de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, y el senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión de Gobernación en el Senado, señalaron que hay denuncias de discrecionalidad para la apertura, reapertura y clausura de esos establecimientos. En entrevista se refirieron al caso de Monterrey, donde Margarita Arellanes Cervantes, en las últimas semanas de su mandato como presidenta municipal otorgó permisos para reapertura de casinos que estaban clausurados y cerró otros que operaban en el municipio. Por ello pidieron al nuevo alcalde, Adrián de la Garza Santos, investigar las licencias desautorizadas y luego avaladas por la administración de Arellanes Cervantes. Entrevistados en el Senado, Sánchez y Robles destacaron que se requiere una investigación profunda en este tema, ya que existe el antecedente el Casino Royale, que operaba de forma irregular y donde en 2011 fallecieron 52 personas tras el ataque de integrantes de un grupo del crimen organizado. “Que se investigue y deslinden responsabilidades”, puntualizó Sánchez Isidoro, porque señaló hay denuncias de que muchos de los centros de apuestas fueron cerrados sin causa aparente y otros abiertos cuando había pruebas de irregularidades o tráfico de influencias. “Los cargos públicos tienen el fin de servir a la ciudadanía, no para venganzas personales”, resaltó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este sentido destacaron que en el Senado se analiza una reforma al Artículo 116 constitucional para resolver las problemáticas que se generan cuando los tribunales administrativos rebasan sus límites, que son conocer los conflictos entre particulares y autoridades municipales y estatales en la interpretación de las leyes. Ambos legisladores que actualmente las resoluciones del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), a veces impulsadas o no impugnadas por los municipios, están permitiendo la construcción de casinos cerca de escuelas o sin medidas de seguridad, así como de otros giros negros o gasolineras cerca de zonas habitacionales. /gh/m |
