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Carolina Viggiano, colaboradora: Cuando fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia en mi querido estado de Hidalgo, conocà decenas de casos de madres que tras reclamar el pago de una pensión alimenticia para sus hijos y obtener una sentencia favorable se enfrentaban a la problemática de obligar al padre a cumplir. Muchos se niegan a cumplir con esta obligación y para ello, venden sus propiedades, se dan de baja en sus empleos, incluso cambian de nombre a sus propiedades, simulan un embargo, entre otras triquiñuelas, como coloquialmente decimos los abogados. Estas conductas constituyen el delito de fraude familiar que, lamentablemente, no todos los estados lo tienen contemplado en su legislación. Este delito sanciona a quienes ocultan sus bienes o simulan no tener ingresos para evadir su responsabilidad. Sin embargo, necesitamos mecanismos que garanticen el pago de las pensiones ante la primera señal de incumplimiento. Por ello, estoy trabajando en una iniciativa para crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos, el cual tendrá el propósito de recabar los nombres de las personas que no cumplan con su obligación de brindar alimentos y generar mecanismos para garantizar que cumplan con sus obligaciones. Este registro, que se de ser aprobado, será responsabilidad de cada estado implementar. Se vinculará al buró de crédito para que éste también cuente con la información de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias y que dicha información sea tomada en cuenta por bancos o empresas al momento de otorgar créditos y que sean socialmente responsables al momento de elegir a sus clientes. Uno de los efectos de este registro será remitir la información al Registro Público de la Propiedad para que en caso de existir bienes a nombre del deudor, estos no puedan ser vendidos en tanto no se cumpla con su responsabilidad de brindar alimentos a sus hijos. Duración: 02’ 27†bmj/m |
