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El secretario de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Felipe Reyes Álvarez, se pronunció por la urgente necesidad de reformar la ley en la materia y poner fin a la violación de los derechos humanos de los migrantes, por parte de la policía y personal del Instituto Nacional de Migración, en Veracruz, Tabasco y Chiapas. El legislador perredista señaló también que los migrantes no solo son víctimas del crimen organizado, sino también de funcionarios del propio Instituto, hecho que, afirmó el diputado, ha sido reconocido por el mismo director del INM, Antonio Musi Leyva, en el sentido de que empleados de la dependencia se han involucrado con redes del tráfico de personas y el crimen organizado. El diputado Reyes Álvarez manifestó, de igual forma, que Migración reconoció que ha despedido ya a 500 trabajadores de la institución que no pasaron los controles de confianza. Apuntó que si se toma en cuenta que anualmente ingresan al país 150 mil personas en forma ilegal por la frontera sur, “esta situación, prácticamente, ha convertido al Instituto Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad”, pues agregó que son sus mismas autoridades quienes violan los derechos humanos. Explicó que uno de los propósitos para reformar diversas disposiciones de la ley en materia agraria, es la creación de la Procuraduría de la Defensa de los Migrantes, la implementación de una visa de tránsito por 90 días para migrantes centroamericanos y que la violación a los derechos humanos por parte del personal de INM se equipare al delito de abuso de autoridad. edo/m |
