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José Víctor Rodríguez Nájera: reportero: La decisión sobre la posible extraditación de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a los Estados Unidos debe ser tomada en coordinación con la comisión bicameral de Seguridad Nacional por tratarse de un asunto que ha rebasado la capacidad de las autoridades federales, consideró la diputada federal Arlette Muñoz Cervantes (PAN). Mediante un comunicado de prensa, la diputada aseguró que un procedimiento de esta naturaleza es sin duda necesario para garantizar que Guzmán Loera cumpla una condena en un penal de máxima seguridad, aunque reconoció que con ello se enviaría un mensaje de la incapacidad del Estado mexicano para aplicar justicia a los criminales que han violentado la Ley. En opinión de Muñoz Cervantes la decisión es compleja y por ello debe contar con el respaldo y consenso de todos los integrantes de la Comisión, pues si bien es cierto que el procedimiento judicial implica que el narcotraficante cumpla su condena en el país por los delitos que le son imputados y posteriormente sea extraditado, exponerse a la posibilidad de una tercer fuga es un riesgo que puede evitarse. “La extradición de Guzmán Loera es necesaria para evitar una posible tercer fuga pero el mensaje que se enviaría con esta decisión es el de un Estado Mexicano que no tiene la capacidad para hacer que la justicia impere, para hacer que los criminales paguen por sus delitos en el país”, expresó. La legisladora federal del albiazul recordó que diversos líderes de grupos criminales como Sandra Ávila Beltrán, Juan José Quintero Payán, Osiel Cárdenas Guillen o Benjamín Arellano Félix, cumplieron sus condenas en territorio mexicano y luego fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos para rendir cuentas por sus delitos, por ello resaltó que una extradición en automático violentaría el debido proceso. “Lo que esperamos los Diputados Federales del PAN es una decisión inteligente y consensuada por parte de los encargados de la seguridad nacional, que garantice que el criminal más peligroso de México cumpla una condena por sus delitos, pero que no vulnere la institucionalidad y la capacidad del Estado frente al crimen organizado”, puntualizó. dlp/m |
