La presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián, señaló la necesidad de fortalecer a las instituciones de seguridad social, ya que no ofrecen la cobertura necesaria a la población.

En el panel “Los Retos de la Salud y la Seguridad Social en México”, la diputada de Morena explicó que en caso de tenerla, se enfrentan diversos problemas para recibir una adecuada atención, “mucha gente se queda rezagada”, debido a que no ha podido disfrutar de una vida sana y sin preocupaciones de salud que los agobien.

A su vez, la diputada Beatriz Vélez Núñez, secretaria de la comisión y moderadora del panel, aseguró que México mantiene uno de los presupuestos más bajos destinados a salud, con sólo 6.2 por ciento del PIB; además, el mexicano promedio invierte 846 pesos mensuales en este rubro.

“El cuidado de la salud y el bienestar social ha mantenido altibajos que ahora comienzan a ser rebasados por los nuevos índices demográficos y epidemiológicos en el país”, explicó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Planteó que prevalecen enfermedades y servicios médicos que no son cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, como la hemodiálisis.

Consideró que la atención médica universal se ve retrasada por problemas de organización que dificultan su operación real y efectiva, a pesar de que la Constitución la señala, y reconoció que corresponde al Legislativo implementar nuevas medidas que respondan de manera efectiva al cuidado de la salud del hombre y la mujer a largo plazo.

Amelia Cohn, investigadora en salud colectiva del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, explicó que en su nación se maneja un Sistema Único de Salud (SUS), compuesto de dos ramas: el sector público estatal y el privado.

Detalló que el sector estatal se divide en los tres niveles de gobierno, mientras que al privado, se le compran los servicios de salud cuando no se cuenta con infraestructura suficiente para la población.

Resaltó que el SUS tiene como principios la universalidad, equidad e integralidad para garantizar el acceso a los niveles más complejos de salud.

Saúl Franco Agudelo, investigador de la Universidad Santo Tomás de Colombia, consideró positivo que el sector privado participe en los temas de seguridad social y atención a la salud, pero “sin que se le otorgue el control, ni que la ganancia sea el criterio central para la prestación de servicios”.

"¿Debe someterse el derecho a la salud a la sostenibilidad fiscal de los Estados? Todos sabemos que deben garantizarlo”, subrayó.

Carolina Tetelboib Henrio, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, relató la historia de la seguridad social en Chile, que en los últimos años se ha enfocado en la atención de los menores de edad.

“No ha habido cambios estructurales en salud y, por el contrario, se han profundizado las condiciones de inferioridad en el sistema de salud, y aunque ha mejorado la regulación entre el sector privado y el público no se incentiva a este último”, planteó.

La investigadora médica, Asa Cristina Laurell, de la UAM, afirmó que el año pasado, 17 por ciento de los mexicanos carecía de un seguro médico, lo que corresponde a 21 millones de mexicano, mientras que en 2014 era 18 por ciento, además de que no había acceso oportuno.

“El Seguro Popular tiene un paquete restringido y sólo cubre las llamadas enfermedades de gasto catastrófico”, finalizó la experta en medicina social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) edo/m