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La bancada del PRD en la Cámara de Diputados acusó nuevamente a las fracciones del PRI y el PVEM, de obstaculizar la aprobación de las leyes secundarias anticorrupción. El vocero de la fracción, Xavier Nava, aseguró que los legisladores de esas fuerzas políticas pretenden dar “atole con el dedo” a los ciudadanos, pues entre otros retrocesos, apuntó, insisten en “descafeinar” la llamada Ley #3de3. “El PRI y su aliado, el Partido Verde, están retrasando una discusión que es fundamental y muy trascendente para todos los mexicanos: la de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Que no nos den atole con el dedo; es el PRI y sus legisladores en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados”, insistió. Nava Palacios señaló que todas las fuerzas políticas en el Congreso deberían mostrar compromiso con el combate a la corrupción, permitir que la discusión en el Senado de la República avance y no engañar a los ciudadanos, al adjudicarse como un logro propio el llamado al periodo extraordinario de sesiones, cuando en realidad trataron de impedir que éste se llevara a cabo y lograron que el mismo se haya pospuesto hasta el 13 de junio. Agregó que en torno a la correlación de fuerzas en la sede senatorial, calificó como “un falso debate y un juego perverso” destacar que la oposición en esa Cámara tiene los votos necesarios para sacar adelante las leyes anticorrupción, pues es bien sabido que al llegar a San Lázaro, la mayoría que conforman el PRI, el Verde y otras fracciones como la de Nueva Alianza (Panal) y del Partido Encuentro Social (PES), pueden rechazar los ordenamientos referidos. “Ellos, con sus números y su fuerza en ambas Cámaras del Congreso, han entorpecido esta discusión porque no quieren que estén firmes estas disposiciones legales para combatir directa y frontalmente la corrupción. Hay que evidenciarlos”, planteó. El también integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Palacio Legislativo, insistió en que se corre el riesgo de que la Ley 3de3 se apruebe, pero sin obligar a los funcionarios y representantes populares a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. ys/m. |
