La secretaria de la Comisi贸n de Seguridad P煤blica de la C谩mara de Diputados, Melissa Torres Sandoval, anunci贸 que impulsa reformas a siete leyes administrativas que regulan a organismos financieros, a fin de abatir y prevenir el robo o usurpaci贸n de identidad, delito que ha aumentado en 518 por ciento en los 煤ltimos cinco a帽os.

Argument贸, en una iniciativa presentada ante la Comisi贸n Permanente, que el n煤mero de reclamaciones por esta falta se increment贸 de cuatro mil 564 en 2011 a 28 mil 458 en 2015, de acuerdo con la Comisi贸n Nacional para la Protecci贸n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Apunt贸 que el quebranto econ贸mico provocado por robo de identidad registr贸 un alza del 686 por ciento de 2011 a 2015.

Indic贸 que el monto de los reclamos el a帽o pasado lleg贸 a los 118 millones de pesos, mientras que hace cinco a帽os fue 煤nicamente de 15 millones de pesos.

Por ello, propuso reformas y adiciones a diversas disposiciones que regulan a las entidades financieras para "establecer la obligaci贸n de adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar la usurpaci贸n de identidad de sus clientes y usuarios".

Adem谩s de "facultar a la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico, a la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores y a la Confusef para que en el 谩mbito de sus respectivas competencias, emitan las disposiciones de car谩cter general que establezcan las medidas m铆nimas que deben cumplir para evitar el robo de identidad, previo a la contrataci贸n de productos y servicios financieros con sus clientes", detall贸.

La legisladora de Encuentro Social, propuso modificaciones a las leyes de Instituciones de Cr茅dito; del Mercado de Valores; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr茅dito; de Uniones de Cr茅dito; de Fondos de Inversi贸n; de Ahorro y Cr茅dito Popular, y para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Pr茅stamo.

De esta forma, asegur贸, se lograr谩 prevenir esta actividad, tipificada como delito s贸lo en la Ciudad de M茅xico; sin embargo, a nivel federal no existe esta figura, ya que se sanciona como fraude gen茅rico.

Tampoco a nivel administrativo existen espec铆ficamente normas que prevengan estas conductas aplicables a las entidades financieras, destac贸.

Sostuvo que las actuales obligaciones en materia de conocimiento del cliente, a cargo de las entidades financieras, previstas en las diversas leyes que las regulan y las disposiciones emitidas por la SHCP, resultan insuficientes para prevenir la usurpaci贸n de identidad.

Consider贸 que dichas medidas fueron establecidas para combatir una problem谩tica diferente, como prevenir el lavado de dinero que atienden operaciones y montos determinados.

Sin embargo, explic贸, la usurpaci贸n de identidad se comete frecuentemente en la contrataci贸n de l铆neas de cr茅dito por cantidades menores.

Por lo cual, dijo, la documentaci贸n que se solicita, la integraci贸n de dichas cuentas y los usuarios que las tramitan, no son objeto ni sujeto de una verificaci贸n exhaustiva, o por lo menos razonable, por parte de las instituciones financieras.

El aumento de los casos de robo de identidad exige darle continuidad y formalidad legislativa para proteger a los usuarios de servicios financieros, ajustando el marco jur铆dico aplicable a las instituciones que los ofrecen.

Con el prop贸sito de que establezcan mayores medidas de seguridad en el otorgamiento de cr茅ditos y apertura de cuentas, que est茅n espec铆ficamente dirigidas a prevenir este problema, recomend贸.

Las medidas, extern贸, incluir铆an visitas al domicilio del cliente, corroboraci贸n de informaci贸n financiera con otro organismo y verificaci贸n de identificaciones (a trav茅s del portal del Instituto Nacional Electoral).

Adem谩s, agreg贸, que las autoridades supervisoras pongan mayor 茅nfasis en la revisi贸n del cumplimiento de las obligaciones en materia de identificaci贸n de clientes, por parte de las instituciones financieras.

Torres Sandoval explic贸 que en muchos casos el organismo bancario no resuelve a favor de la v铆ctima del robo de identidad, la cual debe acudir a otras v铆as, como un juicio en contra del organismo bancario o, bien, pagar de su patrimonio el monto defraudado.

Refiri贸 que, de acuerdo con la Condusef, en 2015 las instituciones financieras abonaron a los usuarios afectados s贸lo 69 millones de pesos, equivalente al 58 por ciento del monto total reclamado -118 millones de pesos-, por lo que las personas afectadas por este delito tuvieron que pagar 49 millones de pesos. psg/m.